Agenda Propia Nicaragua
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| Miles de familias perdieron sus casas y sus pertenencias. La falta de comunicaciones fue a consecuencia de las inundaciones en la Costa Caribe. Foto: UNICEF Nicaragua/2020/Roiz |
Redacción AP
Son conocidas las afectaciones que produjeron los huracanes ETA e IOTA en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, particularmente en Bilwi y las comunidades aledañas, en noviembre de 2020. También es sabido que la solidaridad nacional e internacional no se hizo esperar.
Se estima que el gobierno de Nicaragua pudo haber recibido entre “500 y 600 millones de dólares dirigidos a la asistencia de los territorios arrasados por los fenómenos naturales, según cálculos independientes de economistas”, afirma el Informe A un año de los huracanes que arrasaron la Costa Caribe Norte de Nicaragua. ¿Qué pasó con las donaciones?, presentado el 06 de diciembre por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
Dichos recursos llegaron en un momento de aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo por su autoritarismo y represión contra toda persona que exprese una opinión crítica acerca de su actuación.
Las comunidades afectadas de la Costa Caribe Norte, misquitas en su mayoría, han experimentado en carne propia que la ayuda no llegó; y perciben el clientelismo político que ha hecho con algunas cosas el partido de gobierno.
“Testimonios de autoridades locales, líderes comunales y pobladores de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) confirmaron que hasta el día de hoy, cuando ya pasó más de un año del impacto de los huracanes, las calles siguen igual de dañadas, los puentes caídos, los árboles tirados sin aprovechar su madera y muchas casas desvencijadas y ladeadas por los vientos que soportaron en noviembre de 2020, todo como si los huracanes ETA e IOTA hubiesen pasado hace unos días” explica el Informe del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.
Limbord Bucardo, del Movimiento Pri Laka en Bilwi, relató a dicho Observatorio “que lo más importante para la población es la reparación de calles, caminos y puentes, sin embargo, ni siquiera la calle principal de Bilwi tiene una avenida en la que se pueda transitar sin hoyos y zanjas”.
Las calles están destruidas en Bilwi, agrega Bucardo, “hicieron como que iban a pavimentar, que era parte del proyecto, pero tienen más de seis meses que vinieron con maquinaria, aplanaron las calles, echaron unos materiales, pero de ahí se retiraron” explica. La población no sabe la razón de este abandono.
La reconstrucción casi no se ha visto, la gente sus viviendas las pudieron medio levantar algunos por esfuerzos propios, el apoyo que se recibió por parte del Gobierno en Bilwi, en el casco urbano, fueron 15 láminas a cada vivienda, pero no todo mundo recibió, solo algunos”, agregó Bucardo para el Observatorio y aseguró que la poca ayuda que llegó en 2020 “fue casi todo para los cuadros sandinistas, los CLS y la gente de sus bases”.
A esto se agrega la afirmación del diputado misquito Brooklin Rivera, de que “el Gobierno suele ejecutar los fondos de una forma muy secreta, no se sabe en qué se ha invertido los fondos donados” y que no ha habido apoyo gubernamental a las comunidades para aprovechar la madera caída y que construyeran sus casas, pese a que se les ofreció instrumentos y equipos para ello.
El Informe del Observatorio concluye que los proyectos y obras que se hicieron casi un año después del paso de los huracanes, fueron promovidos con el sello del partido gobernante y los beneficios fueron entregados a ciudadanos identificados como sandinistas; y no hay una explicación pública de los países y organismos donantes, del por qué no se hizo un control efectivo del destino de las donaciones, para que se cumpliera con los objetivos de ayudar verdaderamente a la reconstrucción de casas e infraestructura vial.
¿Qué se hizo con los recursos recibidos en 2020? Solo el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un financiamiento de 185 millones de dólares, con la condición que se entregara la mitad a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA), para administrar gastos en atención médica y apoyo agrícola de emergencia, respectivamente.
“La información brindada por el Gobierno no es detallada, es opaca” señala categóricamente una de las conclusiones del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
