Este Primero de Mayo, mientras el mundo conmemora las reivindicaciones históricas de las personas de la clase obrera, en Nicaragua la efeméride se vive bajo una doble asfixia, la de la brecha económica que condena a la desnutrición y un estado policial que prohíbe el más mínimo derecho al grito de protesta. Lo que en cualquier democracia es una jornada de movilización por salarios dignos, en Nicaragua es un recordatorio de la “economía del malestar”, como bien se ha definido en el tercer informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) elaborado en este 2026 por el economista Marco Aurelio Peña, donde la estabilidad macroeconómica que pregona el régimen es una “pertinaz ilusión” para quienes deben elegir qué tiempo de comida omitir hoy.
La realidad salarial en Nicaragua para 2026 es, por definición técnica, insuficientemente ridícula. A partir de marzo, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprobó un ajuste general del 4%. Este incremento elevaba el salario promedio a unos 9,314 córdobas, una cifra que resulta como mínimo ofensiva frente al costo de la canasta básica de 53 productos, la cual alcanzó los 21,249.74 córdobas en enero de 2026.
La brecha es un abismo insalvable en el que el salario mínimo promedio apenas logra cubrir el 43.8% de las necesidades básicas de un hogar. La situación es aún más desgarradora en el sector agropecuario, donde el salario de 6,188.02 córdobas no permite adquirir ni siquiera un tercio de la canasta esencial. Incluso en los sectores con las remuneraciones legales más altas, como la construcción y finanzas (13,848.23 córdobas), las personas trabajadoras quedan a un 35% de distancia de poder costear la vida básica.
Al comparar estos datos con la región, el rezago nicaragüense es estructural. Con un salario promedio de aproximadamente 241 dólares, siguiendo los datos que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, Nicaragua se consolida como el país con el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Mientras otros países de la zona logran sostener o aumentar el valor real del salario, el modelo de la dictadura parece apostar por la competitividad basada en la precariedad extrema. Costa Rica, por ejemplo, lidera la región con un salario mínimo de 751 dólares, más del triple que el nicaragüense.
Esta brecha gigante no es algo casual, sino el resultado de la pertinaz destrucción del tejido social. El régimen desmanteló, junto al resto de espacios mínimamente democráticos, cualquier tejido para la negociación real. Tras la cancelación del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el retiro de Nicaragua de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Tripartita se terminó por convertir en una mesa de “comparsas del Gobierno”.
Por supuesto en este escenario, los sindicatos independientes han sido perseguidos o, lo que es peor aún, cooptados, dejando a las y los trabajadores sin una representación auténtica que defienda sus intereses frente a un Estado que prioriza el control político sobre la justicia social. Como señala el ya mencionado Marco Aurelio Peña, “quienes negocian tienen el visto bueno del poder central”, lo que anula cualquier posibilidad de un ajuste salarial que responda a la inflación real de los alimentos, la cual ha subido entre un 26% y un 146% en los últimos años.
Lo más grave de este Primero de Mayo es la imposibilidad absoluta de protesta. Mientras en países libres las personas trabajadoras llenan las calles para exigir condiciones dignas, en Nicaragua cualquier intento de manifestación es interpretado como un acto de “terrorismo” o amenaza a la seguridad soberana.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un estado de sitio de facto. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la CIDH han denunciado reiteradamente la violación sistemática a la libertad de reunión pacífica y la desaparición forzada de personas defensoras de derechos laborales y territoriales. En este contexto, el trabajador o la trabajadora nicaragüense no solo es pobre de solemnidad, sino que están amordazados; no pueden salir a denunciar que su salario no les alcanza para prácticamente nada sin riesgo de cárcel, destierro o confiscación.
Este Primero de Mayo no hay nada que celebrar en las casas nicaragüenses. Existe una brecha abismal entre la narrativa oficial de crecimiento económico y la realidad de una población que sobrevive en la informalidad (más del 70% de la fuerza laboral) y el hambre. Nicaragua conmemora, es un decir, el día del trabajador sumergida en un sistema que prohíbe la reivindicación de la dignidad humana y que utiliza el salario mínimo como una cifra simbólica de un bienestar que solo existe en la propaganda oficial.
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