Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas ilegalmente a 14 mujeres consideradas presas políticas, quienes han sido acusadas y condenadas por delitos que no cometieron pero que estos delitos están contemplados en leyes aprobadas para ese fin. Tras el estallido de la crisis sociopolítica en el 2018, la cifra en el país ha variado continuamente, y hasta marzo de este año hay más de 170 personas detenidas arbitrariamente en las celdas del régimen.
En el listado de las presas políticas hay activistas políticas, defensoras de derechos humanos, estudiantes universitarias, amas de casa, trabajadoras, madres y profesionales. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha lanzado constantemente alertas internacionales pidiendo su liberación, y ha pedido al Estado que permita la visita de los organismos internacionales para que den seguimiento a las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en el país y se restituya el funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.
A pesar de que el régimen en sus medios de propaganda trata de aparentar una normalidad, las calles de Managua, siguen siendo vigiladas por paramilitares, oficiales vestidos de civil y patrullas que van recorriendo de punta a punta los rincones de la capital. La ciudadanía sabe que hay presas políticas, sus nombres son comentados en paradas de buses, cafeterías, charlas familiares y pasillos de universidades.
Un ano más este 8 de marzo las feministas nicaragüenses no pueden salir a las calles porque la policía al servicio del régimen Ortega-Murillo prohíbe cualquier intento de movilización y protesta. Los rostros de las presas políticas que encarnan la saña del régimen son:
Tamara Dávila Rivas, una de las caras más visibles y frontales en las protestas contra la dictadura. Dávila enfrenta una condena de hasta 8 años por «conspiración». Su familia y ella han exigido que pueda ver a su hija de cinco años, con quien no se reúne desde que fue detenida el 12 de junio de 2021.
Samantha Jirón, de 21 años, es la presa política más joven. Es originaria de la ciudad de Masaya y durante la insurrección cívica se sumó como voluntaria para prestar auxilio a heridos. Se incorporó en el activismo social, en la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Jirón fue secuestrada el 9 de noviembre de 2021, dos días después de los cuestionados comicios electorales en Nicaragua. Según sus familiares, la detención la ejecutaron personas vestidas de civil luego que un oficial le hiciera señal de alto al conductor del vehículo en que viajaba.
María Esperanza Sánchez García es una matagalpina que trabajaba como ejecutiva de ventas y crédito. Fue capturada de forma violenta el 26 de enero del 2020 en Managua a donde se había trasladado huyendo del asedio de paramilitares y fanáticos orteguistas.
El día de su captura fue golpeada e intimidada con un arma que le colocaron en la espalda. La acusaron y condenaron a diez años de prisión por el supuesto delito de tráfico de drogas. Está recluida en las celdas del Sistema Penitenciario La Esperanza en Managua.
Cristiana Chamorro Barrios, periodista y vicepresidenta de la Junta Directiva del Diario La Prensa, Chamorro Barrios fue directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización por la defensa de la libertad de expresión. Fue perseguida por la dictadura por supuesto lavado de activos, delito por el cual la están procesando.
Es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sus familiares han denunciado que el régimen la mantiene en “cuarto por cárcel”, pues solo le permiten salir a un balcón.
Karla Vanessa Escobar Maldonado, es acusada por la dictadura por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia de armas, pero en realidad, su detención es por ser una activa opositora al régimen de los Ortega-Murillo.
Estudió hasta segundo año de la carrera de Derecho, pero terminó convirtiéndose en fisioterapeuta. Es de trayectoria antisandinista. Escobar Maldonado fue detenida por primera vez el 3 de enero de 2019, en el barrio Fox de Masaya. Fue acusada por tenencia ilegal de armas, secuestro y terrorismo, pero jamás fue llevada a los juzgados, ni presentada ninguna acusación formal en su contra.
Fue liberada el 15 de marzo de 2019, junto a un grupo de 50 reos políticos de la dictadura. En esa ocasión le aplicaron medidas cautelares alternativas fuera de prisión. El 30 de abril de 2020 nuevamente fue detenida en su casa de habitación mientras realizaba trabajos de jardinería. En esta segunda detención se le acusó de tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas, por lo que fue condenada a10 años de prisión.
Suyén Barahona ejercía hasta el momento de su detención la presidencia de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), organización política disidente al régimen Ortega-Murillo.
Suyén tiene trayectoria como defensora de derechos humanos y ambientalista. Desde muy joven se involucró en proyectos sociales. Ha trabajado de manera incansable por el empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos, la justicia social y en la promoción de la no violencia, en todos los ámbitos.
María Oviedo ejerció como defensora de presos políticos como parte del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Fue apresada el 29 de julio en la ciudad de León cuando realizaba una visita a su madre. Fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) el mismo día de su captura.
Dora María Téllez, comandante guerrillera, Cuando tenía solo 22 años siendo la “comandante 2” del Comando guerrillero Juan José Quezada, tomó por asalto el Palacio Nacional de Nicaragua, una de las acciones guerrilleras más audaces de esa lucha por derrocar a la dictadura dinástica, lo que finalmente ocurrió en 1979.
Ahora está encarcelada por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su captura ejecutada por la policía el 13 de junio del 2021 fue calificada como una venganza política por haberse convertido una fuerte crítica del orteguismo.
“Antidictaduras desde siempre. Fue una joven involucrada en el derrocamiento de la dictadura somocista y ahora una activa luchadora contra los desmanes del dictador Daniel Ortega”, así definen a Dora María Téllez los integrantes del Grupo de Reflexión de Excarcelados integrados por víctimas de la represión del régimen actual.
En los años 80 fue ministra de salud, pero en los años 90 rompió vínculos con el FSLN señalando que Daniel Ortega estaba apoderándose despóticamente de ese partido y fundó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), ahora Unamos.
Los carceleros del régimen la mantienen sola en una celda. En los primeros meses de encierro, las torturas contra ella incluían mantener unas luces permanentemente encendidas para no dejarla dormir.
Nidia Barbosa Castillo durante su juicio se declaró inocente del delito de propagación de noticias falsas. En los últimos meses antes de su captura, esta integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, había compartido en su perfil en Facebook ruegos por la paz y las personas en condición de cárcel.
No es un delito orar replicó a la juez Ruth Chamorro el 20 de noviembre cuando le fue leída la acusación en su contra, en el Juzgado Distrito Penal de Audiencias de Masaya.
Nidia es acusada de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. En el acta policial que rola en el expediente indica que fue detenida el 19 de noviembre a las 6:40 de la mañana y no el día 6 de ese mes como realmente ocurrió.
Ana Margarita Vijil está recluida sola en un calabozo del nuevo Chipote donde permanece con las luces encendidas. Según ha contado a sus familiares que han podido visitarla en la cárcel, “se las ha ingeniado para taparse la vista, usando prendas de vestir y lograr dormir”.
Es dirigente de Unamos y opositora contra el régimen Ortega-Murillo desde antes del 2018. Fue destacada en las protestas sociales de abril.
Su familia ha presentado un cuadro de anemia profunda que se ha agravado por la pérdida de peso y por la mala alimentación. Ha padecido debilidad física extrema al punto que la tuvieron que llevar a un médico que recetó medidas alimenticias que le aplicaron durante tres semanas.
Los custodios de la DAJ le han colocado de manera permanente, “postas” en el portón de su celda para evitar cualquier tipo de comunicación con los que pasan por el pasillo.
Violeta Granera Padilla, está recluida en una celda de la Dirección de Auxilio Judicial desde el 11 de junio de 2021. Estuvo en el exilio durante los años 80 por oponerse al régimen sandinista en aquella época. A su regreso a Nicaragua en 1990, tras el restablecimiento de la democracia con el nuevo gobierno encabezado por Violeta Barrios, fue una de las fundadoras del Movimiento Por Nicaragua (MPN).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en resolución con fecha 24 de julio de 2021, otorgó medidas provisionales y ordenó la liberación inmediata, pero continúa encarcelada.
A Granera, de 70 años, se le violan sus derechos, según las leyes penales de Nicaragua, es valetudinaria, por lo tanto, no debería estar en la cárcel. Sin embargo, está recluida en una celda y recientemente condenada.
Julia Christina Hernández Arévalo fue acusada de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y explosivos. Organizaciones de derechos humanos afirman que la mujer originaria de Masaya fue apresada por su rol como activista contra la tiranía Ortega-Murillo y su destacada participación en las protestas sociales de 2018.
Antes del encierro que sufre, fue “secuestrada” por la Policía por segunda ocasión el 1 de diciembre de 2019, desde su segunda captura, está en la cárcel para mujeres La Esperanza, condenada a 18 años de prisión.
María Fernanda Flores siete meses antes de quedar bajo arresto domiciliar, fue despojada de la diputación nacional que alcanzó en las elecciones de 2016 por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Fue apresada el 21 de junio de 2021, desde entonces se desconoce su situación ya que nadie de la familia brinda declaraciones. Fue acusada de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Evelyn Pinto Centeno, fue secuestrada de su casa ubicada en Managua el 6 de noviembre a las 10 de la noche, un día antes de las votaciones del 7 de noviembre. Tiene 62 años y es sobreviviente de cáncer. Padece de hipertensión e insuficiencia renal crónica.
Evelyn ha trabajado por los derechos humanos, en especial por los de la niñez y la adolescencia, por los de las mujeres y los pueblos indígenas.
