Patricia Orozco Los gobiernos de América Latina y del Caribe en el marco del “Compromiso de Santiago” –XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, enero 2020– acordaron “promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos con relación a los servicios de aborto seguro y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional”.
Algunas organizaciones civiles han señalado de las dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en diversos países, pero no hay información oficial suficiente al respecto.
Lamentablemente, cada año mueren 47 mil mujeres alrededor del mundo por complicaciones relacionadas con abortos inseguros; otras son criminalizadas o encarceladas. No negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, es darles el poder de controlar su fecundidad y de tomar decisiones sobre su cuerpo.
América Latina y el Caribe históricamente han presentado las mayores desigualdades sociales. Las mujeres en edad reproductiva y las personas con capacidad de gestar son vulneradas por la inestabilidad laboral, los efectos de la división sexual del trabajo, y la exposición a la violencia de género. A esto se suma un aumento desproporcionado en las tareas de cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y enfermas, lo cual aumenta su empobrecimiento y exclusión social.
El ejercicio de derechos sexuales y reproductivos enfrenta las dificultades de acceso a servicios públicos, especialmente los de salud. Los servicios de salud sexual y reproductiva en general han disminuido sus atenciones.
La campaña 28 de septiembre por la despenalizaciòn del aborto ha sido desde hace veinte años una iniciativa de América Latina y el Caribe, y ha sido lanzada en los últimos años como movimiento global, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, gracias a los esfuerzos de las activistas de derechos sexuales y reproductivos.
En Colombia, algunas organizaciones de mujeres han denunciado barreras para el acceso a los servicios de aborto según causales, las cuales incluyen la determinación de las entidades prestadoras de salud de considerar la interrupción voluntaria del embarazo un servicio de salud no prioritario.
Esto es más alarmante teniendo en cuenta que varios países de la región tienen leyes de aborto totalmente restrictivas.
El aporte histórico del movimiento feminista a la lucha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, se puede palpar abiertamente en seis países. El aborto es legal ante la solicitud de las personas en Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay, Argentina -donde se generó la “marea verde” en alusión a los pañuelos colo verde que portaban las feministas en sus cabezas, cuellos, brazos, entre otras partes del cuerpo- y recientemente México, con la despenalización del aborto a nivel federal en todo el paìs, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero aún, las mujeres conviven con legislaciones totalmente restrictivas, donde está totalmente prohibido abortar como en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
También hay países que han despenalizado el aborto según causales, es el caso de Venezuela, Guatemala, Perú, Colombia y Costa Rica.
Las redes de mujeres y las personas jóvenes que brindan acompañamiento en el proceso de abortar cumplen un rol fundamental no solo donde hay leyes restrictivas, sino también en países con legislación permisiva, pero donde es estigmatizado socialmente.
En los últimos años la tasa de mortalidad por aborto ha disminuido, pero casi el 10% de las muertes por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio se producen por complicaciones del aborto. Existe una asociación entre la proporción de abortos inseguros y las leyes restrictivas, por eso la Organización Mundial de la Salud insiste en la necesidad de evitar las barreras normativas y programáticas que obstaculizan el acceso oportuno al aborto seguro.
En la región latinoamericana y caribeña los sistemas de salud aún se encuentran bajo presión y pueden verse en la necesidad de posponer procedimientos considerados no esenciales. No obstante, los servicios de aborto deben ofrecerse como servicio de salud esencial. Son sensibles al tiempo y no pueden posponerse.
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, RSMLAC, ha visibilizado la necesidad de garantizar el acceso al aborto, no solo como un asunto de salud pública, sino como una cuestión de autonomía de las mujeres.
Por ello, que Argentina y México entren en la onda democrática y reconozcan en la pràctica el derecho de las mujeres al aborto libre, legal, seguro y gratuito es un buen paso de derechos humanos. Hace falta que sigan los demás y cumplan con el compromiso de Santiago.
Foto: France 24
