Redacción AP Jamás creí que a sus 65 años tendría que salir de Nicaragua en las condiciones que lo hizo. Huyendo por punto ciego, cruzando la frontera norte, calladita, con una mochila donde cabía una muda de ropa, su portátil y un bolsito térmico para las medicinas de la diabetes e hipertensión.
Aunque esa experiencia ella la tiene aún pendiente de escribir, muy por encima me contó que su blue jeans se quedó enganchado en un alambre de púa al tratar de cruzar uno de los caminos por los que el coyote les llevó a ella, Patricia Orozco (mi mamá) y a un colega periodista que también huía de la persecución que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendieron desde abril 2018, si no antes, contra el periodismo independiente.
En los últimos años, Nicaragua ha sido testigo de una creciente persecución y acoso hacia los medios de comunicación independientes y periodistas críticos del gobierno. Si con el estallido de la crisis sociopolítica, en abril de 2018, los medios estuvieron en el punto de mira del régimen desde el inicio, que llegó incluso a asesinar al periodista Ángel Gahona mientras realizaba una transmisión en directo, en Bluefields, en los primeros días de las protestas, el nivel de acoso y derribo ha llegado a sus máximos extremos con el cierre y confiscación de las instalaciones de La Prensa, o de canales como 100% Noticias y Confidencial, además de otros numerosos ataques que, finalmente, han provocado la desaparición, en la práctica, del ejercicio del periodismo libre dentro del país.
Hoy por hoy, se puede decir sin temor a equivocarse que casi toda la información independiente sobre la situación de Nicaragua se elabora desde fuera, aunque aún quedan colegas dentro del país, bajo anonimato, que arriesgan sus vidas para generar y verificar contenidos periodísticos. Para los periodistas que se han visto obligados al exilio, la alternativa al mismo era el silencio o la cárcel, trabajan en muy precarias condiciones no solo laborales y técnicas, sino que también se enfrentan a la mayor dificultad para obtener información de fuentes que, por el miedo y la amenaza, son cada vez más escasas.
En esta espiral de represión a los profesionales de la información hay que mencionar un parteaguas fundamental que se sitúa en la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), más conocida como ley “mordaza”, mediante la que se castiga con penas de prisión a las personas y entidades que, según la dictadura considere, difunden “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación. Obviamente para el régimen noticias falsas son todas aquellas que denuncian las actuaciones arbitrarias de los Ortega Murillo, así como sus violaciones de los derechos humanos.
Esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 octubre de 2020, con entrada en vigor el 30 de diciembre del mismo año, establece un férreo control estatal sobre los medios de comunicación y restringe la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, la ley permite la confiscación de equipos y la cancelación de licencias de transmisión a los medios que incumplan sus disposiciones. El régimen, en cualquier caso, no necesitó de ese “amparo legal” para la confiscación o, mejor dicho, robo de equipo e instalaciones como ha venido realizando impunemente desde abril de 2018, cuando la sustracción de cámaras de foto y vídeo a los periodistas, por ejemplo, fue una constante.
La ley establece sanciones para aquellos medios que, para el régimen, publiquen información que se considere falsa o que socave la «integridad del Estado». Mención especial al amparo de esta legislación ad hoc merece la acusación que la Fiscalía realizó a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que tiene como principal objetivo promover la libertad de expresión y apoyar a los periodistas nicaragüenses en el ejercicio de su labor. La acusación como tal se basó en un supuesto caso de lavado de dinero y bienes activos, pero la Ley Especial de Ciberdelitos se esgrimió contra algunos de los más de 30 periodistas que fueron a declarar llamados por el ministerio público. Ese fue el paso previo, en el caso de Patricia Orozco, por ejemplo, para tratar de encarcelarla si no hubiera conseguido salir del país, como más de 150 periodistas. Inmediatamente después, el gobierno le quitó su casa de habitación, un robo que precedió, en un año y medio, a otros generalizados que se están cometiendo en los últimos días contra las personas a las que, además, se ha despojado de su nacionalidad, muchas de ellas también periodistas.
Esta perversa «Ley mordaza» ha sido condenada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado posterior a la aprobación de esta legislación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana”.
En este contexto de represión, que no busca más que silenciar al testigo incómodo que siempre es el periodista independiente, la más reciente vuelta de tuerca al momento de ser escrito este artículo ha sido el ya mencionado despojo de la nacionalidad nicaragüense y de todas sus propiedades a más de 300 personas, entre las que se encuentran 22 informadores, condenados a una especie de muerte civil. Una represalia que, además, envía un mensaje a quienes se atrevan a ejercer el periodismo: denunciar los atropellos del régimen puede conllevar, independientemente de que se esté fuera del país, serias consecuencias.
Una no escoge ser periodista como la que escoge dedicarse a cualquier otra cosa. No funciona así. Más allá de una profesión con la que ganarse la vida, cosa bien difícil por cierto en esta ocupación, el ejercicio del periodismo implica una toma de postura ética sobre la realidad, el asumir la defensa de unos valores que están a otro nivel. Y eso es lo que lleva a que los profesionales de la información nicaragüenses, a pesar del altísimo precio que están pagando por ser fieles a su conciencia y al compromiso que un día asumieron, sigan tecleando en sus computadoras, cada día, frente a un régimen asesino que les ha despojado de todo. O de casi todo porque, como dijo la propia Patricia Orozco: «¿Qué más me pueden quitar ya? Todo menos la dignidad».
*Tamara Morales Orozco es periodista, de familia de periodistas e integrante de PCIN (Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua) Fundadora de Agenda Propia Nicaragua
Texto publicado originalmente en Otras Miradas
