De crímenes de lesa humanidad calificó el recrudecimiento de la violencia sistemática por colonos armados contra los pueblos indígenas mayagna y miskitu, la jurista María Luisa Acosta, directora del Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas, CALPI, en entrevista con Agenda Propia el pasado lunes 20 del presente mes.
En la región caribeña norte de Nicaragua, reconocida como La Moskitia por los pueblos indígenas, se han dado una serie de violaciones a los derechos humanos” que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, por la gravedad y porque no son hechos aislados. En la comunidad de Sauni As, los mayagnas hablan del primer ataque en 2013, a Charlie Taylor, un guardabosque voluntario que dejó seis hijos, el último nacido una semana antes de su muerte, de una familia totalmente desprotegida pero también la comunidad. Eso fue en 2013 y estamos en 2023” afirmó la directora de CALPI.
Los pueblos indígenas están en una situación de indefensión del Estado, quien tiene el deber, como Estado de un país civilizado, de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente. “Los Estados están obligados a prevenir este tipo de situaciones, pero si ocurren, deben investigar y eventualmente a encontrar a los responsables y judicializarlos, y de resultar culpables aplicarles la ley” agregó Acosta.
Asimismo, los Estados están obligados a prevenir que no repitan estas situaciones y cuando no lo hacen incurren en una falta internacional. En esos casos la vía es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que si no se llega a un acuerdo entre las partes, se pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a menos que sea una solicitud de medida provisional, pero incluso, para pedir medidas previsionales, primero hay que pedir medidas cautelares.
Colonos obligan a indígenas a desocupar sus tierras
Pero cada vez más los colonos violentan y obligan a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras ancestrales, que históricamente han cultivado, lo cual genera una lucha contra el hambre y la desnutrición. Desde hace unos diez años, los indígenas están siendo desplazados por quienes ingresan por la fuerza a la zona para extraer oro, pastar ganado y talar 2,2 millones de hectáreas de bosque protegido por la UNESCO, según Mongabay, una publicación digital de periodismo ambiental en Latinoamérica.
Las comunidades y defensores internacionales de derechos humanos, aseguran que la tierra indígena está siendo robada por colonos, quienes llegan de otras partes del país con el fin de beneficiarse de la actividad minera y agrícola no regulada, provocando además deforestación e impidiendo el acceso a alimentos tradicionales de las y los comunitarios.
La biodiversidad local ha sido históricamente manejada de forma perdurable por las comunidades indígenas antes de la llegada de los colonos. Pero con el aumento de la deforestación, la situación es de riesgo. Incluso se han dañado cuencas hidrográficas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y otras organizaciones de derechos humanos, acusan al Estado de complicidad en la desaparición de los pueblos indígenas. La violencia y la intimidación es usada para expulsar a las familias de sus tierras, e incluye la violación y el asesinato de quienes intentan acceder a zonas de pesca, caza y recolección de frutas, según un informe del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas.
Esto ocurre pese a que el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece que tienen derecho, como pueblos o individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
Las razones inmediatas de la violencia política contra los pueblos indígenas para Juan Carlos Ocampo, líder indígena, quien también participó en Agenda Propia, tienen que ver con la aprobación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas, Ley 445, en 2003.
La Ley 445 fue una respuesta al caso emblemático de Awastigni, comunidad que demandó y ganó al Estado por una concesión que no contaba con el consentimiento previo, libre e informado dentro de su territorio; la CIDH sugirió al Estado de Nicaragua, en su sentencia, que demarcara los territorios indígenas para que no volvieran a ocurrir ese tipo de conflictos.
Aprobada la ley, inició la demarcación, la cual establece cinco pasos, siendo el cuarto la titulación de las tierras y el último el saneamiento de las mismas. “Se entregaron los títulos, pero no se sanearon los territorios. La mayoría de títulos se entregó entre 2010 y 2014; aún no había tantos colonos en las comunidades como ahora, quiere decir que nunca ha habido garantías de control en los territorios ni por las comunidades ni por el Estado, y al no hacer el saneamiento, se dejó abierta la posibilidad de que a través de prácticas ilegales, violentas, ingresaran colonos a los territorios”, precisa Juan Carlos.
Es decir, el proceso que la Ley 445 establece no se ha cumplido, y es una de las principales demandas que existen en las comunidades.
Impunidad campea
Otro factor importante, según el líder indígena, es la falta de acceso a la justicia o la impunidad que existe en los delitos contra la madre tierra, la propiedad colectiva, pero también contra la seguridad física, individual o comunitaria, de los pueblos indígenas. “Llevamos más de diez años haciendo denuncias de invasiones ilegales, de ventas ilegales, de supuestos contratos de arrendamientos, para que se judicialicen tanto a los colonos como a las autoridades corruptas, y no se ha cumplido” agregó. Esta última afirmación fue ratificada por María Luisa Acosta.
Juan Carlos Ocampo señala que no hay gente presa, a lo máximo que se llegó fue a suspender temporalmente a algunos abogados que se habían prestado a hacer documentación fraudulenta, muchos de quienes actualmente ya están ejerciendo.
La imposición de autoridades, según el líder indígena, es el tercer factor que provoca violencia. “No sé si es política del Estado controlar todos los espacios del país; pero también han empezado a someter a los gobiernos comunales y territoriales, previo control del gobierno regional y de las alcaldías”.
Desde 2013 ninguna autoridad tiene reconocimiento del Estado si no es funcional a los intereses políticos y económicos externos a las comunidades, como el extractivismo, en nueva versión y más agresivo, y el control de los procesos de toma de decisiones de las comunidades. Ocampo, en 2016, cuando hubo elecciones en su territorio, fue propuesto para presidente territorial, pero una manipulación lo impidió.
“En la década del 90 cuando había elecciones de autoridades territoriales, las hacían las comunidades enteras reunidas, esa es la asamblea. En el 2003, con la aprobación de la Ley 445, empezaron dos procesos que pervirtieron el espíritu de la asamblea en la elección de autoridades: Introdujeron la certificación, es decir, el gobierno regional comprobará y avalará la elección que ha hecho una comunidad” explica Juan Carlos.
En el pasado, bastaba con el acta de la asamblea comunitaria para que fuesen reconocidas como autoridad. La certificación es un primer instrumento de control de quien no puede ser autoridad. En la actualidad, además de lo anterior, eligen a cinco, seis personas, les transforman en junta directiva de los gobiernos comunales y son reunidas para decidir a quién van a elegir. Obviamente, van previamente condicionados. “Desde ahí viene la manipulación” señala Juan Carlos Ocampo, quien agrega que esto ha sido denunciado por el liderazgo indígena.
Otro factor que incide es el modelo agroexportador del país, según el líder indígena “injusto porque concentra los principales medios de producción, la tierra y el capital en pocas manos, genera desigualdad y violencia, señala Ocampo.
Además, el avance de la frontera agrícola es histórico, a veces planificada desde el Estado con fondos públicos. A juicio de Juan Carlos Ocampo “en la actualidad avanza por distintos factores; hay una conexión directa entre la dinámica extractivista en los territorios y las cadenas mundiales de saqueo de los países. Los recursos principales son el oro, las langostas -Nicaragua es uno de los mayores exportadores de mariscos en Latinoamérica-, el mar aunque poco se hable, hablamos más de lo que pasa en los bosques”.
La violencia responde a los factores mencionados; a los cuales hay que agregar que el gobierno tiene un discurso antimperialista vacío porque sus políticas económicas son funcionales al modelo capitalista. Es el trasfondo, aseguró el líder indígena.
Hay también factores históricos de violencia. Ocampo asegura que hasta 1894 los territorios de La Moskitia, mal llamado Caribe, no eran parte del Estado de Nicaragua. “El Estado cuando aprueba la Constitución Política de 1987 y la Ley 28 no está dándonos derechos, está reconociendo los derechos que históricamente hemos tenido”, realidad que no es reconocida por los actores políticos, económicos ni por los colonos.
Responsabilidad en escala
María Luisa Acosta considera cuando se dan los crímenes de lesa humanidad se puede responsabilizar individualmente y hay varios tipos de compromiso: las autoridades más altas del Estado obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley como el Poder Ejecutivo; los Concejos y Gobiernos Regionales, que también son responsables de proteger a sus ciudadanos; y las municipalidades también.
¿Y el Estado?
Frente a la violencia a la que se ven obligados, han aparecido grupos armados, colonos o terceros -conforme la Ley 445- colaboradores todos de la invasión, que llegan a explorar el lugar, a saber incluso si las comunidades cuentan con armas, a preparar la tierra (carrileo) y dividir el territorio en parcelas de 50 manzanas, asentarse con familias en el lugar y cobran a los comunitarios indígenas por entrar a sus comunidades hasta veinte mil córdobas.
Los colonos alegan que las tierras las han comprado, que tienen un acuerdo con los “grandotes” de Puerto Cabezas, es decir la autoridad territorial o el concejal regional narra Juan Carlos Ocampo. “El colono saca un papelito y dice, esto es lo que me han dado y esto me da derecho, pero la comunidad no sabe, no es válido. Pues aquí estamos, tenés que reembolsarme la plata que he gastado para que me vaya…
El líder indígena cerró con la siguiente reflexión: “Es muy bueno que se preocupen cuando hay tragedias como asesinatos, pero es que todos los días hay hectáreas invadidas, nuevas familias de colonos que están llegando a nuestros territorios, nuevas familias de miskitus y de mayagnas que están saliendo de sus tierras, familias que están sufriendo hambre. El impacto de la invasión en las mujeres y los niños es brutal porque son las que sufren más… Sé que la situación es difícil, pero hay que intentarlo, no hay que dejar que la represión y el temor generalizado que se ha creado, nos inmovilice… Es una situación dramática e inhumano lo que está pasando en los territorios indígenas”-
María Luisa manifestó: Por todo lo que ha dicho Juan Carlos es que yo digo que es crimen de lesa humanidad. No es un hecho aislado, es una situación temática reiterada en el tiempo y generalizada. Las autoridades no han reaccionado lo que ha generado que estos invasores, estos colonos se envalentonen y se fortalezcan. Por eso es que las autoridades son responsables.
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Tamara Morales Orozco 