Redacción AP Lo vemos bajándose de su camioneta Toyota Hilux, color negro, asignada por su cargo de alcalde. Leónidas Centeno Rivera, es un hombre robusto con botas militares, jean azul y camisa negra. “Es todo un pequeño dictador”, dice un empleado de la municipalidad que labora en el área de servicios municipales en Jinotega, municipio gobernado desde 2008 por el Frente Sandinista.
Centeno Rivera fue diputado en el período 2002-2006, su nombre estuvo vinculado a la falta de transparencia en la gestión del fondo para obras sociales que administran las y los legisladores.
Según una investigación del diario La Prensa en 2007, Centeno Rivera repartió a familiares 1.1 millones de 1.7 millones de córdobas del Fondo Social que la Asamblea destina a sus legisladores. En ese entonces dijo que los cuestionamientos eran “envidia” y que el dinero se lo dio a su esposa, porque “a veces uno necesita gente de confianza con quien ejecutar los fondos”.
De la represión al control total
Alcalde y secretario político departamental del FSLN, Centeno es “el hombre de confianza” y quien operativiza la represión del régimen Ortega-Murillo en Jinotega, un departamento que históricamente ha sido bastión de la disidencia al sandinismo desde el conflicto armado de los años ochenta.
Para que pueda cumplir con las responsabilidades asignadas desde El Carmen, se hace rodear de un grupo de personas, operadores políticos, que se encargan de ejecutar las orientaciones, mientras sus dos secretarias y la vicealcaldesa Rosalpina Pineda, dirigen la municipalidad y otras orientaciones a delegados departamentales de las instituciones bajo el régimen.
“Yo te puedo confirmar que ese hombre duerme solo seis horas al día, llega muy noche a su casa y sale temprano, además de que constantemente recibe llamadas de Rosario, incluso hasta para regañarlo, que luego se convierten en dolores de cabeza para quienes dirigen las instituciones”, dice Marcos, un trabajador de la Alcaldía de Jinotega, que habla bajo la condición de anonimato.
El otro control político de Jinotega lo tiene Marvin Castro, jefe de la delegación policial. Nuestra fuente confirmó a Agenda Propia que “Castro es el segundo al mando, ya que hace uso de inteligencia y contrainteligencia de la policía para controlar todo”.
Además, “monitorean las publicaciones de familiares de funcionarios de rango departamental y cuando ven que hay comentarios contrarios o que los ven como amenaza, pues llaman al funcionario y le dicen que tiene que hablar con su familiar para que apoye al comandante”, dice la fuente, un patrón de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.
Jinotega está enclavada en un valle, rodeado de montañas entre las que destacan las Cordilleras Isabelia y Dariense, que se abren hacia el norte, en dirección al Lago de Apanás, puntos estratégicos desde que paramilitares y oficiales de la policía atacaran a personas que protestaron en 2018 contra el modelo de gobierno del orteguismo.
“A las 5:00 de la mañana del 18 de mayo amanecimos atacados por antimotines de la policía y turbas de la juventud sandinista, ese día hubo mucha sangre que solo en la guerra había visto”, recuerda Julia, habitante del barrio Sandino de ese municipio.
El recuerdo de Julia es uno de los hechos violentos dirigidos por el alcalde Centeno. Los ataques se produjeron en diferentes puntos del municipio, entre ellos el sector de la calle ocho, el perímetro de la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles, los Pipitos; y barrios aledaños al mercado municipal. Mientras entrevistamos a Julia, se le quiebra la voz y dice que “no se puede repetir la violencia, pero se tienen que ir del poder”.
Junto a Centeno y a Castro aparece Lidiángeles Guatemala, caracterizada por ser seria y de carácter confrontativo y autoritario, da órdenes y controla políticamente a todo mundo. Es la secretaria política de la alcaldía de Jinotega, de perfil bajo, aunque es posible que escale por su fanatismo extremista, apuntan varias personas que le conocen.
Detenciones y acosos obligan a migrar
En las últimas semanas el régimen Ortega-Murillo ha desatado una ola de detenciones en todo el país. Según reporte del Mecanismo de Reconocimiento a personas Presas Políticas, contabilizó 36 personas detenidas.
“A mi tío el domingo (hace dos semanas) la policía le decomisó el teléfono, ese mismo día se lo llevaron a la policía a interrogarlo, ese mismo día lo liberaron, pero sin sus pertenencias”, dijo a Agenda Propia una defensora de derechos humanos en anonimato por el control y el acoso constante al que diferentes integrantes de su familia son sometidas.
Otras personas confirman la extrema vigilancia que hay en el barrio Sandino, el mercado municipal y la zona de Los Pipitos en Jinotega, donde oficiales de civil rondan en motos a personas identificadas por el régimen como “azul y blanco”.
El alto control hacia la ciudadanía ejercida por el aparato represor en este municipio, así como el desempleo y la carestía de la vida, obliga a las personas a tomar la decisión de migrar hacia Costa Rica, Estados Unidos y Europa.
“Los barrios están vacíos y no digamos las comarcas en la zona rural, en la mayoría de los casos son las abuelas y abuelos los que están asumiendo el cuidado de la niñez, eso es producto de todo lo que vivimos de que acá ya no se puede vivir, lo que hacemos es sobrevivir” dijo la defensora de derechos humanos.
