El Colectivo 46/2, una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, ha emitido una denuncia urgente ante la comunidad internacional para que actúe y proteja a las personas opositoras nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Esta denuncia surge a raíz del asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio en su casa de San José, Costa Rica.
Samcam fue una figura crítica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, había denunciado al ejército de Nicaragua como partícipe de en la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018, dice el comunicado de las organizaciones. También alertó sobre la existencia de una red de espionaje contra opositores refugiados en Costa Rica con el fin de vigilar y hostigar a la disidencia nicaragüense exiliada.
Las organizaciones señalan que desde su exilio en julio de 2018, el mayor en retiro se convirtió en una de las voces más visibles contra la dictadura. Su desnacionalización en 2023, junto con otras 93 personas, reafirmó el carácter punitivo y represivo del régimen contra quienes lo critican. Pese a haber adquirido nacionalidad española, Samcam continuó su activismo desde Costa Rica, aun consciente de los riesgos que ello implicaba. Sus declaraciones públicas poco antes de su muerte revelaban que sabía que su vida estaba en peligro.
Este asesinato no es un incidente aislado; es el último de una serie de atentados contra opositores nicaragüenses en suelo costarricense:
En 2023, el opositor Joao Maldonado y su esposa fueron atacados a balazos en San José, después de que Maldonado ya hubiera sufrido otro atentado en 20214.
En 2022, el opositor nicaragüense Rodolfo Rojas fue encontrado muerto en Honduras, presuntamente engañado y llevado desde Costa Rica donde se había exiliado4.
En 2024, Jaime Luis Ortega, también refugiado, fue asesinado en Upala, una zona fronteriza con Nicaragua.
El Colectivo 46/2 señala que las circunstancias del asesinato de Samcam y su perfil han generado fundadas sospechas de que se trata de un crimen de carácter político, con posibles vínculos transnacionales. Además considera que este crimen debe analizarse e investigarse como parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen nicaragüense para perseguir y silenciar a la disidencia fuera de sus fronteras6. Esta represión transnacional, que ha sido documentada por el Grupo de Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN), incluye el ataque a familiares de opositores dentro de Nicaragua como forma de castigo o disuasión.
Ante la gravedad de este crimen y el patrón sostenido de represión transnacional, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que se:
Exija al Estado de Nicaragua el cese inmediato de toda forma de persecución, vigilancia y violencia contra la disidencia en el exilio7.
Refuerce el apoyo político, técnico y financiero a los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos en el exilio7.
Establezca canales de comunicación bilaterales o multilaterales con los países de acogida de personas nicaragüenses para evaluar la seguridad y articular respuestas preventivas7.
Insta a los organismos internacionales de derechos humanos a dar seguimiento urgente a estos casos como parte de un patrón sistemático de represión transfronteriza, garantizando justicia y verdad para las víctimas.
Aquí el comunicado:
Foto de portada: Tomada de internet
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Patricia Orozco 