A tres años de la medida arbitraria impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra 26 juristas y personas notarias nicaragüenses, el panorama legal en el país centroamericano refleja un deterioro sin precedentes. Lo que en mayo de 2023 comenzó como una represalia directa contra voces críticas y personas que hacen defensoría de derechos humanos, se ha transformado en un símbolo de la aniquilación del Estado de derecho. Esta estrategia de silenciamiento no solo buscó castigar a individuos específicos, sino enviar un mensaje de intimidación a todo el gremio jurídico nicaragüense.
El impacto de esta inhabilitación es multidimensional, afectando la esfera personal de las personas abogadas y el acceso a la justicia de la ciudadanía en general. Entre los afectados se encuentra el abogado Uriel Pineda Quinteros, quien describe la medida como una violación directa al libre ejercicio de la profesión. Según las fuentes, esta acción forma parte de una estrategia más amplia de control institucional donde la criminalización de la abogacía es la norma.
Para las personas letradas en el exilio, el despojo de sus títulos ha supuesto una barrera práctica para su reinvención profesional. Pineda destaca que el impacto busca “obstaculizar que la puedas ejercer ya en el destierro, ya en el exilio como abogado o abogada”. Esta situación se ve agravada por el cierre de universidades clave, como la Universidad Centroamericana (UCA), lo cual imposibilita el rescate de antecedentes académicos necesarios para obtener licencias profesionales en otros países.
La represión ha permeado incluso en los círculos sociales y familiares de las personas afectadas, generando aislamiento indirecto. El letrado explica que, ante la magnitud de la represión, muchas amistades y familiares optan por reducir la comunicación al mínimo por temor a represalias. Este entorno genera una constante frustración y obliga a los profesionales, independientemente de su edad o experiencia, a una adaptación laboral forzada fuera de su área de especialización,.
A nivel interno en Nicaragua, el gremio de abogados y abogadas vive bajo una sombra de autocensura. Los clientes evitan contratar a profesionales con posturas críticas por temor a que sus causas judiciales sean bloqueadas por el sistema. En palabras del entrevistado, “las víctimas no se reducen… a las 26 personas que fueron suspendidas de por vida… sino a un número indeterminado y muy grande de abogados que han visto una merma en su contratación”.
Este fenómeno ha provocado lo que Pineda denomina una micro administración de los conflictos jurisdiccionales. La desconfianza en el Poder Judicial es tal que la ciudadanía prefiere no acudir a las instancias legales, incluso siendo víctimas de delitos, por miedo a que el proceso se vuelva en su contra,. Los datos reflejan una caída significativa en la cantidad de casos presentados ante tribunales, lo que evidencia un sistema que ya no garantiza el acceso legítimo a la justicia, explica Uriel.
La intervención del poder público en las facultades de derecho ha herido de muerte el prestigio de la academia en Nicaragua. La carrera de derecho, junto con el periodismo, se encuentra en una fase de decadencia debido a la falta de contrapesos y la vocación autócrata del régimen, señala. La formación de nuevos profesionales ha perdido interés, lo que plantea un desafío crítico para una futura transición democrática ante la pérdida de vocaciones en áreas esenciales para el sistema de pesos y contrapesos.
La indefensión de la ciudadanía es total, especialmente para quienes enfrentan procesos por motivaciones políticas. Ningún abogado o abogada en Nicaragua se atreve a asumir estos casos por el riesgo que representa para su integridad y vida,. “En la sobrevivencia cotidiana que hay en Nicaragua se limita significativamente el derecho de estas personas a acceder a alguien que las represente”, señala Pineda, subrayando el control absoluto que el Ejecutivo ejerce sobre jueces, fiscales y defensores.
Desde una perspectiva constitucional, la decisión de la dictadura rompe con principios elementales como la división de poderes, un concepto que data de la Revolución Francesa. Uriel Pineda sostiene que se ha perdido el derecho a la independencia e imparcialidad judicial, así como el derecho a una defensa adecuada. La situación actual no tiene paralelo en la historia del país, superando incluso las prácticas de la dictadura somocista o de otros regímenes del siglo XX en la región,.
A pesar de la gravedad de la situación, estas personas juristas mantienen su postura de resistencia ética. Aunque el régimen pueda confiscar diplomas físicos, expertos coinciden en que no puede arrebatar el conocimiento ni la dignidad de los profesionales. Pineda argumenta que estas medidas, aunque generan contratiempos prácticos y emocionales, no han logrado callar las denuncias internacionales ni el ejercicio de documentación de los abusos,.
En el ámbito internacional, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU continúan documentando estos hechos para un futuro proceso de rendición de cuentas. Esta documentación es vista como una herramienta fundamental para que, más temprano que tarde, las medidas arbitrarias sean revertidas. La presión externa se percibe como la principal amenaza para la permanencia del régimen Ortega-Murillo en el poder.
Finalmente, frente a la aparente lentitud con la que avanza la justicia internacional, existe un sentimiento de esperanza basado en la realidad política y biológica del país. Uriel Pineda concluye con una reflexión sobre la sostenibilidad del sistema actual, afirmando que “si bien la justicia camina lenta, nos debe de alentar el tema de que Daniel Ortega camina más lento”. Esta frase resume la expectativa de un gremio que, pese al despojo de sus títulos, sigue apostando por el rescate de la institucionalidad en Nicaragua.
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Patricia Orozco