España da un paso histórico hacia la justicia social con la regularización extraordinaria de 2026. Tras años de movilización ciudadana y el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700,000 firmas, el Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto para regularizar a aproximadamente 500,000 personas en situación administrativa irregular.

Esta medida, detallada por la ministra Elma Saiz, está dirigida a extranjeros que residían en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y permitirá acceder a una residencia legal inicial de un año. Más allá de un trámite burocrático, este proceso representa un acto de dignificación para miles de trabajadores, especialmente mujeres en el sector de cuidados, permitiéndoles transitar de la clandestinidad laboral al pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

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