Nicaragua registra el nivel de riesgo de tortura más grave de Las Américas. Esta afirmación forma parte de los resultados del Índice Global de la Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
El informe oficial se presentó este 30 de julio en San José, Costa Rica. En la actividad participaron el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) y organizaciones aliadas.
Patrón de represión sistemática
La ficha de la OMCT para el país clasifica la situación actual en la categoría de “muy alto riesgo”. El documento establece que la tortura y los malos tratos forman parte de un patrón sistemático de represión estatal.
Salvador Marenco, coordinador del Colectivo, explicó los alcances de la metodología utilizada en este índice global. Detalló la puntuación de Nicaragua y los pilares evaluados por los expertos internacionales para llegar a este resultado.
La evaluación examinó siete pilares fundamentales para determinar el nivel de vulnerabilidad de la población civil. Nicaragua presenta riesgos críticos en el compromiso político contra la tortura y en la protección del espacio cívico.
Centros de tortura y métodos documentados
El Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó testimonios vinculados con al menos 40 métodos de tortura. Estas prácticas ocurren principalmente en centros como la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo.
Claudia Pineda, directora de AMJ, expuso los datos sobre desaparición forzada y hallazgos por cada área de estudio. Pineda enfatizó las razones por las que sigue siendo indispensable hablar de tortura en Nicaragua ante la comunidad internacional.
Los patrones incluyen el aislamiento prolongado, la incomunicación y la privación del sueño de las personas detenidas. También se registran denuncias de violencia sexual y exposición a temperaturas extremas dentro de las celdas estatales.
Situación de las personas presas políticas
La defensora Evelyn Pinto expuso las condiciones de detención que imperan en el actual sistema carcelario. Analizó la aplicación de la tortura en contextos de prisión política contra ciudadanos nicaragüenses.
Al menos 46 personas presas políticas permanecían detenidas hasta el mes de mayo de 2026. Desde el año 2019 se contabilizan ocho muertes bajo custodia del Estado en diferentes centros de reclusión.
El sistema penitenciario nacional registra un nivel de hacinamiento del 177 % de su capacidad instalada. La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua recibió 143 denuncias de tortura durante el transcurso del año 2025.
Institucionalización de la violencia estatal
Ana Quirós, feminista y defensora de derechos humanos, analizó la violencia estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Quirós abordó las agresiones dirigidas hacia las personas que defiende los derechos humanos en el territorio nacional.
En 2025 se registraron 208 detenciones arbitrarias, muchas de ellas ejecutadas sin una orden judicial previa. Las familias a menudo no reciben información sobre el lugar de reclusión, lo que configura desapariciones forzadas de corta o larga duración.
La reforma constitucional de 2025 incorporó formalmente la figura de la denominada policía voluntaria. Esta medida legaliza estructuras que participaron en la represión de 2018, donde murieron al menos 355 personas.
Impunidad absoluta y falta de mecanismos
El Índice Global advierte que la impunidad por delitos de tortura en Nicaragua es absoluta y estructural. No existe ninguna condena, investigación de oficio o suspensión de agentes estatales vinculados a estas graves denuncias.
El Grupo de Expertos de la ONU identificó a 54 funcionarios dentro de una cadena de mando vinculada con crímenes de lesa humanidad. Las organizaciones aliadas piden a la comunidad internacional fortalecer la documentación y exigir rendición de cuentas al Estado de Nicaragua.
Foto: Creada con IA
Daniel Rodríguez Moya 
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