El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicado este 10 de marzo, revela que la persecución política ha ejecutado una «estrategia represiva deliberada que tiene por finalidad castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo de larga data como actores políticos autónomos». Según los hallazgos, el Estado ha realizado «un esfuerzo calculado por neutralizar a actores cuya legitimidad histórica y capacidad organizativa se percibían como una amenaza para el objetivo del Gobierno de ejercer un control total del Estado y la población». Esta política discriminatoria busca silenciar las voces que históricamente han exigido justicia social e igualdad en el país.
Dentro de Nicaragua, el ensañamiento contra las mujeres se manifiesta en la desaparición forzada y la tortura. Se menciona el caso de la periodista Fabiola Tercero Castro, cuyo paradero se mantuvo en secreto tras su detención en julio de 2024. En un intento por refutar las acusaciones de desaparición forzada, las autoridades publicaron fotografías de ella en noviembre de 2025, pero poco después «el destino y el paradero de la Sra. Tercero vuelven a mantenerse en secreto».
En los centros carcelarios, el informe documenta cómo «la policía, el personal penitenciario y los miembros de grupos armados paramilitares recurrieron a la violencia sexual, incluidas violaciones, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos por motivos de género». Estas agresiones no son aleatorias, sino que se ejecutan específicamente «para castigarlas por protestar y disuadirlas de seguir participando en actividades políticas». El GRHEN encontró motivos razonables para creer que estas violaciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
Un patrón de ensañamiento particular se dirige contra las madres y cuidadoras, a quienes las autoridades «restringieron el contacto que podían tener con sus familias e hijos, lo que intensificó el daño, habida cuenta del papel de cuidadoras asignado por la sociedad a las mujeres». El informe también detalla que agentes de seguridad han sometido a familiares de la oposición a «registros invasivos, especialmente durante las visitas a las prisiones», como una forma de castigo por asociación y presión psicológica.
La persecución también ha tenido como blanco a las personas LGBTIQ+, quienes sufren «humillaciones de carácter sexual y abusos verbales contra su identidad de género u orientación sexual… para estigmatizarlas y deshumanizarlas». En el documento se destaca que estas agresiones buscaban no solo castigar la identidad política, sino también «disciplinarlas por sus cuerpos e identidades cuando se percibían como transgresores» de las normas sociales impuestas por el Estado. Esto ha agravado la exclusión y el temor dentro de este colectivo.
Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, el riesgo es aún mayor debido a su rol en la defensa de los derechos colectivos de sus territorios. Los expertos alertan que estas defensoras se enfrentan a «detenciones arbitrarias, a un mayor riesgo de violencia sexual y de género y al desplazamiento forzoso por parte de funcionarios del Estado, colonos armados y bandas criminales». Las violaciones se producen en un contexto de racismo estructural y barreras lingüísticas que dificultan su protección.
La líder indígena Nancy Elizabeth Henríquez James, de 63 años, permanece detenida arbitrariamente y padece enfermedades crónicas graves. En la misma condición se encuentra Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68 años, ambas enfrentan la «denegación casi total de atención médica adecuada y oportuna», lo que representa una grave amenaza para su integridad física y mental y puede constituir trato cruel e inhumano.
En el ámbito del exilio, las nicaragüenses experimentan consecuencias diferenciadas, ya que «han sufrido consecuencias distintas y, a menudo, más graves debido a las normas de género, las responsabilidades de cuidado y las desigualdades estructurales». Se subraya que las mujeres de la tercera edad, despojadas de su nacionalidad y pensiones, «carecen de ingresos y no tienen acceso a la protección social… por lo que a menudo han recurrido a trabajar en condiciones precarias». Además, las exiliadas informan de una mayor exposición a la violencia de género en los países de acogida.
El GHREN concluye que «el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos fue cometido con una dimensión de género», donde las autoridades «instrumentalizaban las normas de género para estigmatizar, castigar y disuadir la participación de mujeres en la vida pública». Ante esta realidad, los expertos recomiendan que los «mecanismos internacionales de rendición de cuentas incluyan las dimensiones de género de la victimización y la violencia de género como parte de la persecución política», garantizando apoyo técnico y financiero para la asistencia médica y psicosocial de las víctimas.
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Patricia Orozco