El periodismo nicaragüense enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la presentación del informe sobre los 20 años de desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua, un documento elaborado por la articulación de periodistas y comunicadoras feministas nicaragüenses, Las Exiliadas, en colaboración de Reporteros Sin Fronteras en Madrid el pasado 13 de abril.
Maryórit Guevara, directora de La Lupa e integrante de este colectivo, explicó en una entrevista con Agenda Propia Nicaragua que la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha buscado «silenciar completamente a Nicaragua» mediante un proceso que se ha desarrollado en cuatro fases fundamentales desde el retorno del sandinismo al poder en el año 2006.
La primera etapa del desmantelamiento, situada entre 2006 y 2010, se caracterizó por un control del discurso y la estigmatización de la prensa crítica, sembrando la idea oficialista de que informar con rigor era traicionar al país. Según Guevara, en este periodo «ya estaban sentando las bases de lo que sería después toda la represión contra el periodismo independiente», haciendo uso de narrativas como la política de «información descontaminada» anunciada por Rosario Murillo para justificar la opacidad institucional. Posteriormente, entre 2011 y 2017, la dictadura avanzó con la compra de medios de comunicación por parte de la familia presidencial y el uso del poder político para controlar las frecuencias y la publicidad estatal, lo que provocó que el Estado decidiera «qué podía ser dicho y qué debía ser silenciado». ha explicado.
El punto de quiebre definitivo ocurrió en 2018, cuando la violencia gubernamental dejó de ser sutil para volverse frontal y directa contra quienes ejercían el periodismo. Durante este periodo se registró el asesinato del periodista Ángel Gaona y al menos 128 ataques directos contra la prensa independiente en el contexto de las protestas sociales. Guevara enfatiza que llamar dictadura a lo que ocurre en Nicaragua no es un acto de activismo político, sino una descripción de hechos basada en la realidad, subrayando con firmeza que «nosotros no somos medios de oposición, nosotros somos prensa independiente» que continúa informando a pesar de la instauración de un régimen represivo.
Las consecuencias de esta persecución sostenida son devastadoras para el ecosistema mediático, con un registro de al menos 309 periodistas que se han visto forzados al exilio para preservar su vida y la de sus familias. Esta situación ha generado desiertos informativos y zonas de silencio en el país donde ya no existe un reporte de la realidad local, aunque Guevara destaca la resiliencia de más de 20 medios independientes que han surgido en el exilio para vencer la censura. Asimismo, el informe denuncia la medida extrema de la desnacionalización que ha afectado a 22 colegas, una acción que la periodista califica como un retroceso lamentable que busca aniquilar las voces críticas.
Una de las particularidades más relevantes de este análisis es la visibilización de la precariedad extrema que enfrentan las periodistas en el exilio, quienes a menudo deben abandonar el oficio para garantizar la supervivencia económica de sus hogares. Guevara denunció que «los medios dirigidos por mujeres están en unas condiciones de mayor precariedad» debido a la desigualdad y el sexismo en la distribución de recursos de cooperación, lo que obliga a muchas comunicadoras a priorizar trabajos de cuidados o servicios básicos para llevar comida a la mesa, alejándolas de las salas de redacción.
Muchas de ellas deben asumir el cuidado de sus hijos en los países de acogida, mientras mantienen la presión de enviar dinero para sustentar a sus madres y familiares que permanecen en Nicaragua. Esta necesidad de generar ingresos inmediatos para «llevar comida a la mesa» las empuja a buscar empleos informales o de servicios. Además, en naciones como España, Costa Rica o Estados Unidos, las periodistas enfrentan barreras adicionales como el racismo, la xenofobia y los discursos de odio antiderechos que complican su integración social y profesional.
La represión contra las mujeres en el periodismo también ha tomado formas extremas de violencia política y judicial. El informe destaca casos emblemáticos como el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda y la medida de desnacionalización que ha afectado a comunicadoras como Patricia Orozco, directora de este medio de comunicación, una acción que busca aniquilar las voces críticas y despojarlas de su identidad. Guevara resalta que la violencia contra la prensa nunca fue un daño colateral de la crisis política, sino un objetivo estratégico de la dictadura para eliminar cualquier fiscalización social. Ante este panorama, el colectivo hace un llamado urgente a los organismos internacionales para que apliquen un análisis de género en la entrega de recursos que permita sostener las voces de las mujeres periodistas.
A pesar de que Nicaragua se encuentra en el puesto 172 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, la periodista sostiene que el periodismo independiente sigue siendo la última trinchera frente al autoritarismo.
De cara a una futura transición democrática en el país, Maryórit sostiene que el mayor reto del periodismo será no perder su sentido crítico ni su enfoque de derechos humanos ante los nuevos poderes. Para la directora de La Lupa, la labor informativa debe mantenerse fiel únicamente a los intereses de la ciudadanía, asegurando que «el periodismo independiente en una transición democrática no debe perder su sentido crítico» y debe seguir defendiendo la información como un poder público necesario para la libertad.
Puedes ver la entrevista completa:
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Patricia Orozco