Salomón Manzanares
Laura Fernández Delgado, representante del Partido Soberano del Pueblo, se convertirá el próximo 8 de mayo de 2026 en la presidenta número 50 de Costa Rica. Tras obtener una victoria contundente en primera vuelta con el 48,5% de los votos, Fernández asumirá el mandato para el periodo 2026-2030, heredando un país marcado por una crisis de criminalidad sin precedentes. Su ascenso al poder ocurre tras suceder a Rodrigo Chaves Robles, cuya administración fue duramente cuestionada por el incremento de la inseguridad y un criticado silencio ante la violencia transnacional que afecta a miles de exiliados nicaragüenses que huyen de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El desafío de la seguridad y el legado de la administración saliente
La nueva mandataria, quien fungió como ministra de Planificación y de la Presidencia bajo el gobierno de Chaves antes de lanzar su candidatura, ha prometido la construcción de una «tercera república» fundamentada en el combate frontal al crimen organizado. Esta promesa surge en un contexto crítico: en 2025, Costa Rica registró la tercera tasa de homicidios más alta de su historia, con 16,7 muertes por cada 100,000 habitantes, de las cuales casi el 70% estuvieron vinculadas al narcotráfico.
Durante su campaña, Fernández aseguró estar dispuesta a solicitar la suspensión de garantías individuales ante la Asamblea Legislativa en casos de escalada de sicariato, una postura de «mano dura» que busca diferenciar su gestión de los esfuerzos previos que, pese a acuerdos para fortalecer la presencia de agencias como la DEA y el FBI, no lograron frenar crímenes de alto impacto como el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en San José en junio de 2025.
Expectativas de la comunidad nicaragüense y el modelo social
Para la numerosa comunidad nicaragüense refugiada en suelo costarricense, la llegada de Fernández genera nuevas expectativas de protección y apoyo humanitario. Organizaciones como la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) han solicitado formalmente a Fernández mantener la presión diplomática contra el régimen de Ortega y agilizar los procesos migratorios y de asilo.
Al respecto, Edipcia Dubón nicaragüense en el exilio, señala que la nueva administración tiene el reto de reforzar la institucionalidad democrática y evidenciar las debilidades de seguridad expuestas por la persecución política transnacional. Además, el desafío no es solo gubernamental sino social, pues Costa Rica debe repensar su modelo económico para integrar a las nuevas generaciones de migrantes que, aunque ejercen presión sobre la infraestructura pública, también representan una oportunidad para refrescar la seguridad social, el modelo productivo y la estructura poblacional del país.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco