El informe 20 años del desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua, presentado por el colectivo de periodistas nicaragüenses Las Exiliadas, en coordinación con Reporteros Sin Fronteras España, documenta una destrucción sistemática del periodismo independiente que ha dejado al 65 % del territorio nacional convertido en un desierto informativo. Hasta marzo de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado el cierre o confiscación de 61 medios de comunicación y ha forzado al exilio a más de 309 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, según revela el documento.
Esta aniquilación de las libertades fundamentales no es un daño colateral, sino un objetivo estratégico diseñado para eliminar el escrutinio público y la memoria histórica del país. A través de un análisis comparado, el documento identifica cuatro fases críticas que transformaron a Nicaragua de una censura selectiva a una institucionalización del totalitarismo mediante reformas legales y constitucionales que blindan el poder absoluto de la familia gobernante.
La primera fase (2007-2010) inició con el retorno de Ortega al poder, centrada en el control del discurso y la estigmatización inicial de la prensa. Bajo la coordinación de Rosario Murillo, se estableció una política de exclusión de medios no oficialistas para evitar la “contaminación” del mensaje gubernamental, sentando las bases de una narrativa que criminaliza la labor informativa independiente.
Durante la segunda fase (2011 – 2017), el régimen profundizó la cooptación institucional y la concentración de medios. Utilizando recursos de la cooperación venezolana, la dictadura Ortega – Murillo tomó el control de canales de televisión abierta y emisoras radiales a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, autoridad reguladora de los servicios de telecomunicaciones y postales del país. La institución ha cancelado licencias y ha asfixiado económicamente a radios locales y comunitarias.
La tercera fase (2018-2020) marcó la ruptura definitiva con violencia abierta tras las protestas de abril de 2018. En este periodo se registró el asesinato en Bluefields, en la Costa Caribe Sur, del periodista Ángel Gahona, el incendio de Radio Darío y el asalto policial a las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, inaugurando una práctica sistemática de allanamientos, encarcelamientos y confiscaciones ilegales.
La fase actual (2021-2026) se define por la criminalización absoluta y la apatridia. Mediante una «tríada represiva» de leyes (Ciberdelitos, Agentes Extranjeros y Soberanía), el Estado ha despojado de su nacionalidad a al menos 22 periodistas, calificándoles de «traidores a la patria» y convirtiendo sus instalaciones confiscadas en centros de formación oficialista.
El impacto diferenciado: El uso del cuerpo y la maternidad como armas de control estatal
Un componente central y doloroso de este informe es la violencia diferenciada contra las mujeres periodistas, cuyas agresiones incorporan patrones de género para disciplinar su presencia en el espacio público. Entre 2018 y marzo de 2025, se documentaron 730 violaciones a los derechos de las comunicadoras, atribuyéndose el 59.3 % de estos ataques directamente a la responsabilidad del Estado.
El dato más alarmante revela que 8 de cada 10 periodistas atendidas en programas de acompañamiento psicosocial reportaron haber sufrido violencia de connotación sexual en el contexto de la represión. Este indicador evidencia el uso perverso del cuerpo de las mujeres como un campo de castigo y control político por parte del aparato represivo de la dictadura.
La persecución contra ellas incluye ataques sexualizados, campañas de difamación basadas en la vida personal y el uso de la maternidad como mecanismo de tortura psicológica. El régimen recurre al doxxing (acto de revelar información personal de alguien en línea sin su consentimiento, generalmente con fines de acoso, intimidación o daño) y a amenazas de violencia sexual contra las periodistas y sus hijos para forzar el silencio, el miedo y la autocensura preventiva.
En el exilio forzado, la situación de las mujeres presenta retos estructurales de supervivencia. De las 106 periodistas exiliadas identificadas, el 76 % no logra cubrir sus gastos básicos mediante el ejercicio de la profesión, lo que ha obligado a muchas colegas a desplazarse hacia oficios de cuidados, telemercadeo o ventas informales para sobrevivir.
El régimen ha perfeccionado la «muerte civil» de las voces críticas mediante el despojo de documentos de identidad, la anulación de títulos académicos y el congelamiento de cuentas bancarias. Esta persecución se ha vuelto transnacional, con vigilancia, hostigamiento y amenazas documentadas contra periodistas que intentan reconstruir sus vidas en países de acogida como Costa Rica o España.
A pesar de este escenario desolador, la dignidad y resistencia del periodismo nicaragüense persiste a través de al menos 26 medios independientes que operan desde el exilio. Plataformas como La Lupa Feminista, Agenda Propia Nicaragua, Radio Vos, Confidencial, Divergentes, Onda Local y 100% Noticias han reconfigurado el oficio hacia una lógica transnacional y resiliente para sostener el flujo de información veraz.
Estas redacciones transnacionales funcionan mediante la colaboración valiente de periodistas que permanecen dentro de Nicaragua bajo anonimato absoluto. Utilizando canales cifrados y estrategias creativas de verificación cruzada, logran romper el cerco informativo impuesto por la propaganda estatal y las reformas constitucionales autoritarias de 2025.
El informe concluye con un llamado urgente a la solidaridad internacional para garantizar la protección integral con enfoque de género y la sostenibilidad económica de quienes informan en condiciones extremas. Proteger a quienes arriesgamos todo por nombrar la realidad desde el destierro es fundamental para defender la verdad y la esperanza de una Nicaragua libre de dictadura y patriarcado.
Patricia Orozco