El Gobierno de España ha oficializado este martes, 14 de abril de 2026, la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de personas extranjeras. Según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el mecanismo comenzará a funcionar este jueves 16 de abril de forma telemática -en línea- a través de la plataforma Mercurio, mientras que la atención presencial en las oficinas de extranjería se habilitará hasta el lunes 20. Se busca sacar de la invisibilidad a quienes forman parte del tejido social español pero carecen de una situación administrativa regular.
La medida es recibida como tabla de salvación para la comunidad nicaragüense, que se ha consolidado como una de las poblaciones con mayor crecimiento en España desde 2018. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE y proyecciones de organizaciones sociales a inicios de 2025, habían más de 90 mil personas nicaragüenses empadronadas en España. Muchas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, sea porque sus solicitudes de asilo ha sido denegadas o nunca han logrado una cita para iniciar su proceso administrativo. Por tanto, este decreto representa la posibilidad real de obtener una tarjeta de residencia y trabajo que les permita abandonar la precariedad y clandestinidad laboral.
Para ser elegibles, las personas solicitantes deberán acreditar que se encontraban en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y mostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses. Esta flexibilización de los plazos habituales del arraigo busca amparar a la mayor cantidad de personas antes de que expire el plazo el próximo 30 de junio. Quienes aspiren al proceso no deben poseer antecedentes penales ni en España ni en sus países de origen, lo que supone un reto administrativo para quienes enfrentan dificultades de comunicación con las instituciones en el caso de Nicaragua, ya que el Estado decide si otorgar o no documentos por la criminalización imperante del régimen Ortega-Murillo.
El contexto de las personas nicaragüenses en España es particularmente complejo, ya que la mayoría de quienes migran lo hacen bajo la presión de la persecución política o la asfixia económica. Muchas han pasado encadenando renovaciones de la «tarjeta roja» de asilo, viviendo en la incertidumbre de si su protección internacional será finalmente aprobada o revocada. Esta regularización extraordinaria ofrece una vía alternativa y más expedita para estabilizar su estancia sin depender exclusivamente de la saturada Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Desde un enfoque de género, el impacto será transformador para las nicaragüenses, quienes constituyen el grueso de la migración en la península y se desempeñan en su mayoría en el sector de los cuidados y el empleo del hogar. Al formalizar su estatus, las trabajadoras podrán exigir contratos legales, cotizar a la Seguridad Social y acceder a prestaciones que antes les eran negadas por la irregularidad. La legalidad no solo mejora su calidad de vida en España, sino que garantiza mayor seguridad en el envío de remesas, soporte vital para sus familias en Nicaragua.
Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos logísticos, especialmente en lo que respecta a la obtención de pasaportes vigentes y certificados de antecedentes penales. La Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) tendrá la tarea de resolver una avalancha de expedientes en tiempo récord, con el compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de tres meses. Las asociaciones de nicaragüenses en el exterior y las redes de apoyo feminista han comenzado a organizarse para asesorar a las personas más vulnerables en el manejo de las herramientas digitales.
Este paso del Ejecutivo español se interpreta como un reconocimiento a la contribución económica y cultural de la población migrante en un país con una demografía envejecida. Al incorporar a miles de nicaragüenses y personas de otras nacionalidades a la formalidad, España apuesta por la cohesión social y el crecimiento sostenible desde el respeto a los derechos humanos. Para la diáspora, el éxito de este proceso significará el fin de la exclusión y el inicio de una ciudadanía plena en su país de acogida.
Con información de Europa Press, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Boletín Oficial del Estado (BOE), Confidencial Nicaragua, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Instituto Nacional de Estadística (INE)
