Diversas organizaciones de la sociedad civil y plataformas de oposición nicaragüense han emitido un pronunciamiento denunciando graves violaciones a los derechos fundamentales en el país. El documento pone de relieve la crítica situación que atraviesan las personas bajo el régimen actual, centrando su reclamo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la represión estatal.
El caso central de esta denuncia es el de Taupla Brooklyn Rivera Bryan. Las organizaciones firmantes manifiestan su repudio ante lo que califican como un trato cruel durante un periodo de más de 971 días. Según el texto, Rivera fue mantenido por el gobierno en «condición de desaparición forzada y sin acceso a sus familiares, atención médica ni defensa jurídica».
La detención de Rivera ocurrió tras haber realizado denuncias ante las Naciones Unidas, lo que refuerza la preocupación sobre las represalias contra defensores de derechos humanos. Ante su fallecimiento bajo custodia, los firmantes exigen el «esclarecimiento pleno de los hechos, incluyendo exámenes forenses independientes», subrayando que es obligación ineludible del Estado proteger la vida de quienes se encuentran bajo su custodia.
El documento no solo se limita al caso de Rivera, sino que expone una problemática sistémica en el país. Se denuncia con «máxima preocupación la situación de las personas presas por motivos políticos y de las personas desaparecidas en Nicaragua», alertando que las detenciones arbitrarias e incomunicaciones comprometen la integridad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Entre las demandas presentadas se encuentra la «información inmediata del paradero, estado de salud y situación jurídica de las personas detenidas». Las organizaciones insisten en la necesidad de transparencia informativa sobre aquellos que se encuentran en condición de desaparición forzada para aliviar la incertidumbre de sus familias.
Parte de las demandas es el cese de las detenciones arbitrarias. El pronunciamiento exige formalmente «la liberación de todas las personas prisioneras políticas sometidas a cárcel, arresto domiciliario u otras restricciones arbitrarias», buscando que se eliminen las causas judiciales que han originado estas situaciones de privación de libertad en todo el territorio.
La protección de los grupos más vulnerables es otro punto del comunicado. Se demanda protección efectiva para «personas defensoras indígenas, ambientales y de otros derechos humanos», así como el fin del acoso contra la población de la Muskitia y la liberación incondicional de los familiares de Rivera, quienes fueron detenidos cuando intentaban recoger sus restos.
A nivel internacional, las organizaciones hacen un llamado directo a entidades como la OEA, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Gobierno y Congreso de los Estados Unidos. Solicitan a estos actores internacionales impulsar «respuestas urgentes, coordinadas y eficaces de protección, verificación internacional y rendición de cuentas» frente a la crisis que vive la nación.
El compromiso de los grupos opositores y de la sociedad civil se mantiene firme en la búsqueda de una nación fundada en la dignidad humana. Reafirman que la defensa de estos derechos es una «causa irrenunciable que interpela la conciencia democrática de la región» y prometen continuar acompañando a las víctimas bajo la consigna de no permitir ni el silencio ni el olvido.
Las organizaciones que suscriben este clamor por la justicia y la libertad son: Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), AUN, AVANZA, Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), Ruta del Cambio, Unidad Nacional y Unión Democrática Renovadora (Unamos).
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Daniel Rodríguez Moya