Marta Patricia Molina constató que su nombre había sido borrado de los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense. La abogada e investigadora explica que esta acción administrativa se ejecutó sin notificación previa, dejando a cientos de profesionales como ella en un estado de indefensión total dentro de lo que denomina un «estado criminal». Molina señala que el sistema impide el acceso a las plataformas digitales desde el exilio, lo que obliga a quienes ejercen el derecho a depender de gestiones internas para confirmar su estatus legal. Para ella, esta medida garantiza que la arbitrariedad quede nuevamente en la impunidad, reflejando una característica sistémica de la actual gestión del poder estatal.
El temor entre quienes ejercen la abogacía y aún residen en el país ha paralizado cualquier intento de respuesta legal colectiva o individual ante este despojo. Molina relata que muchos colegas han perdido su única fuente de ingresos y se niegan a presentar recursos de amparo por miedo a represalias directas contra su integridad física o la de sus familias. Al encontrarse fuera de Nicaragua, profesionales inhabilitados no pueden actuar personalmente, lo que consolida una barrera jurídica infranqueable. Esta parálisis operativa asegura que el régimen mantenga el control sobre el ejercicio del derecho sin encontrar resistencia técnica en los tribunales nacionales.
Por su parte, Marco Aurelio Peña define que esta arremetida institucional busca la cancelación profesional definitiva de las voces críticas. El abogado y economista sostiene que el órgano judicial está sometido a una estructura de copresidencia subordinada al poder central, anulando su independencia. Según Peña, la ciudadanía está actualmente con las «manos arriba frente a un aparato estatal que no respeta el debido proceso ni las garantías constitucionales mínimas». El objetivo político es depurar los registros de forma unilateral para eliminar cualquier vestigio de pensamiento independiente en el gremio jurídico, detalla.
La saña contra las personas profesionales del derecho responde a un desprecio patológico hacia la justicia y las formas legales básicas por parte de la pareja presidencial. Peña argumenta que el régimen arremete contra el pensamiento crítico y la razón individual debido a la falta de formación universitaria y académica en la dirigencia del país. Esta conducta genera un daño reputacional severo que afecta los derechos personalísimos de los individuos, vinculándose directamente con la violación de libertades fundamentales. La imposibilidad de utilizar la firma y el sello profesional obliga a las personas afectadas a buscar alternativas de supervivencia económica en la informalidad.
Un golpe extraterritorial y disciplinario
El abogado Uriel Pineda, entrevistado en la edición de Agenda Propia Nicaragua este lunes, cuantifica este impacto señalando que la purga alcanza a unos 2,000 profesionales, lo que representa cerca del 5% del universo jurídico total de Nicaragua. Pineda destaca que, aunque existe un antecedente de inhabilitaciones hace tres años, la magnitud de la medida actual es significativamente superior y más agresiva. «Es una acción de persecución extraterritorial que viene en represalia por el trabajo de activismo que estén haciendo o que hayan hecho en algún momento en el país», enfatiza. De esta manera, el régimen busca ratificar el desplazamiento forzado de quienes ya se encuentran fuera de las fronteras nacionales.
Para quienes trabajan dentro del aparato público, la eliminación de las licencias funciona como una advertencia disciplinaria sobre los límites de la lealtad política. Pineda analiza que el mensaje enviado por el régimen a sus propios colaboradores y allegados es: «con nosotros todo, sin nosotros nada». Se trata de un mecanismo para advertir y amenazar a los funcionarios de las consecuencias de intentar abandonar las esferas de influencia del poder. El despojo de credenciales se utiliza como castigo por actuaciones previas o por la simple generación de desconfianza política ante la estructura de mando.
La supervivencia económica de las personas abogadas afectadas se ve comprometida, forzándoles a una conversión laboral o a una migración en condiciones de vulnerabilidad. Pineda subraya que muchos juristas ya sufrían bloqueos en sus procesos administrativos antes de la cancelación oficial de sus títulos. «Me parece que es una medida bastante cruel por parte del régimen y que termina afectando de manera indiscriminada a un sin número de profesionales del derecho», afirma el experto. Esta situación confirma que el ejercicio de la abogacía se ha vuelto inviable para quienes no gozan de la protección oficial.
El nivel de afectación social no es uniforme y golpea con mayor dureza a profesionales que superan los 60 años de edad. Uriel explica que para una persona en la tercera edad es sumamente complejo iniciar una vida desde cero en el extranjero o aprender un nuevo oficio. A diferencia de las personas juristas más jóvenes, este segmento de la población pierde su única herramienta de subsistencia sin posibilidad real de reinserción social fuera de Nicaragua. Dicha crueldad administrativa ignora la inversión que el Estado y las familias realizaron durante décadas en la formación de estos cuadros técnicos.
El fin de la seguridad jurídica y la fe pública
La seguridad jurídica del país queda bajo una amenaza latente al pasar todos los protocolos y archivos notariales al control de la Corte Suprema. Uriel Pineda advierte que esta centralización de documentos permite al régimen intervenir en la privacidad de los actos jurídicos asentados por los notarios inhabilitados. La cartulación y la escrituración de propiedades de la ciudadanía quedan en una situación de vulnerabilidad extrema ante la falta de fe pública independiente. Este movimiento administrativo otorga al poder central una ventana sin precedentes para escudriñar y controlar el patrimonio privado de las y los nicaragüenses.
El efecto social más grave de la medida es la profundización de la indefensión para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pineda sostiene que la inhabilitación masiva busca inhibir al gremio del derecho de asumir defensas legales que incomoden a la administración de Ortega y Murillo. «Se profundiza la indefensión en que se encuentra la sociedad nicaragüense respecto del derecho al acceso a la justicia», asegura el jurista. Al eliminar la representación independiente, el régimen anula las vías formales para que la ciudadanía reclame sus derechos ante las instituciones.
La consolidación del monopolio de la interpretación de la ley es el resultado directo del desmantelamiento de la independencia judicial impulsada por el Ejecutivo. Pineda explica que el control absoluto sobre el Poder Judicial permite al régimen utilizarlo como arma de vigilancia y castigo partidario. La conflictividad natural de la sociedad ya no encuentra canales independientes de resolución, reforzando el centralismo del control político. Esta estructura anula cualquier posibilidad de equilibrio técnico en las audiencias, dejando a la ciudadanía a merced de la voluntad estatal.
Organismos como la Fiscalía y la Procuraduría actúan como filtros ilegítimos que administran la conflictividad según intereses políticos. Estas instituciones han renunciado a su rol de operadores de justicia para convertirse en apéndices de la represión, asegura Pineda. Al asignárseles funciones que corresponden por naturaleza al Poder Judicial, el régimen refleja su profunda desconfianza hacia cualquier estructura técnica que no controle directamente. Este enredo institucional es una prueba clara del desmantelamiento del Estado y de la búsqueda de una eficacia represiva absoluta.
La condena internacional de Naciones Unidas
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU denunció a través de un comunicado este lunes, que estas inhabilitaciones comprometen de forma irreversible el derecho a un juicio justo. Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, señaló que existe evidencia suficiente para creer que el Gobierno despoja sistemáticamente de licencias a los abogados. Simon califica el hecho como una nueva escalada que supera las interferencias previas en el sistema de administración de justicia. La medida borra de la noche a la mañana una parte fundamental del ejercicio del derecho a nivel nacional.
Reed Brody, integrante del GHREN, describió la situación como un colapso institucional donde los defensores independientes son el nuevo blanco. «Esta purga silenciosa de la profesión legal es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua», asevera el experto internacional. Para el GHREN, la secuencia de control inició con el desplazamiento de los jueces y ahora continúa con la eliminación de los abogados. Este patrón busca asegurar que no existan obstáculos legales frente a las directrices emitidas desde el poder central.
Ariela Peralta también del GHREN, destacó que las personas abogadas han sido víctimas constantes de la persecución política en Nicaragua desde el estallido de la crisis en 2018. El análisis del GHREN subraya que la medida actual no discrimina ideologías, alcanzando incluso a antiguos magistrados y asesores del oficialismo. La intención es suprimir cualquier capacidad técnica que escape al mando vertical establecido por el Ejecutivo sobre la sociedad civil. Al inhabilitar las facultades de las personas juristas, las estructuras oficiales consolidan un monopolio total sobre la aplicación de las leyes.
Uriel Pineda finaliza afirmando que el aumento sistemático de los sectores agraviados debilita progresivamente las bases de lealtad forzada sobre las que se sostiene el régimen. El abogado observa que el universo de afectados crece cada día, incluyendo a personas que antes formaban parte del círculo de apoyo gubernamental. «Toda esta gente que se siente prisionera en Nicaragua actuará sin pensarlo dos veces» ante cualquier oportunidad real de cambio social o político. Este esquema de intimidación masiva vuelve el contexto nacional explosivo, pues la población agota su capacidad de resistencia silenciosa ante el despojo constante.
Mira aquí la entrevista completa a Uriel Pineda:
