La Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un pronunciamiento institucional frente a las recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado.
El foro académico cuestionó la postura del Ejecutivo de San José encaminada a cultivar buenas relaciones de vecindad con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo argumentos que obvian la grave crisis democrática nicaragüense.
El análisis Cátedra Centroamericana refuta la afirmación de la mandataria costarricense, quien justificó su aproximación política alegando que «cada país tiene el gobierno que elige». Para los especialistas de la UCR, esta premisa carece de fundamento real en el contexto de Nicaragua, donde el tejido democrático y el sistema electoral fueron desmantelados por el partido de gobierno.
La comunicación detalla que en la nación vecina «no hay elección donde se ha eliminado la posibilidad de elegir». La academia costarricense recuerda que el panorama político actual no deriva de un ejercicio democrático libre, sino del encarcelamiento de las principales figuras de la oposición antes de los comicios de 2021, sumado a la persecución sistemática contra toda forma de disidencia.
La radiografía de la represión presentada por Cátedra visibiliza la cancelación de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de universidades. Asimismo, denuncia la desnacionalización y el destierro de centenares de personas, entre ellas escritores, periodistas, religiosos, académicos y estudiantes, un panorama que convierte la afirmación de la presidenta Fernández en un grave error y una falta de respeto.
El pronunciamiento hace hincapié que la presencia de miles de migrantes forzados en territorio costarricense constituye una realidad ineludible para cualquier estrategia diplomática.
Las personas nicaragüenses que abandonaron su país a partir de abril de 2018 no buscaron prosperidad económica, sino resguardar su integridad física ante la violencia estatal que cobró la vida de centenares de manifestantes.
El conglomerado de académicos y académicas recuerdan que este sector poblacional ahora forma parte de la dinámica laboral y cultural en el campo, la construcción, el cuidado y las aulas costarricenses. Por esta razón, el texto advierte que obviar la situación de las personas refugiadas y exiliadas al buscar un acercamiento con el régimen dictatorial despoja de consideración a las víctimas directas de la expulsión arbitraria.
La UCR determina que la diplomacia costarricense vulnera sus principios históricos al intentar justificar la tiranía bajo un falso velo de neutralidad. El documento señala textualmente que referirse a una «libre elección» para describir a una estructura gubernamental que abolió las libertades civiles representa una forma directa de legitimación política.
La postura de la Cátedra defiende que las relaciones entre Estados poseen límites éticos que no deben sacrificarse en nombre del pragmatismo.
La tradición de Costa Rica en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos en el ámbito internacional demanda mantener una postura firme ante los abusos cometidos en la región centroamericana.
El foro universitario reivindica el papel histórico de Costa Rica como tierra de asilo, definiendo esta condición como una responsabilidad activa del presente que interpela de forma directa a la Presidencia de la República.
El texto expresa un respaldo explícito a las personas exiliadas que intentan reconstruir sus vidas en distintas latitudes, así como a quienes resisten de forma silenciosa dentro de las fronteras de Nicaragua.
La manifestación institucional sitúa la dignidad y el trato a las poblaciones desterradas por el poder despótico como la verdadera medida de la buena vecindad. El cuestionamiento académico deja en evidencia la necesidad de preservar los valores institucionales frente a discursos gubernamentales que intentan normalizar la falta de libertades democráticas en el istmo.
Tamara Morales Orozco