La Organización de los Estados Americanos (OEA) inauguró una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la grave situación política y de derechos humanos en Nicaragua el pasado 19 del presentes mes, bajo la petición de la Misión Permanente de Estados Unidos y el patrocinio inicial de las misiones permanentes de Panamá, Argentina, Paraguay y Uruguay. El encuentro se convocó conforme al artículo 14 del Estatuto de este organismo a fin de considerar un proyecto de resolución titulado «Convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua»
La sesión dio espacio para reconocer la participación activa de diversos delegados del sistema interamericano y de organizaciones civiles nicaragüenses presentes tanto en la sala de juntas como mediante transmisiones en vivo.
La comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, describió la realidad del país centroamericano mediante el concepto de muerte civil y detalló cómo el régimen ha borrado registros civiles de disidentes, dejándolos desprovistos de cédulas, pasaportes, títulos profesionales, pensiones y propiedades., aunque reiteró que no es la única forma de muerte que existe, «es uno de los riesgos extremos que pueden enfrentar las personas nicaragüenses por decir lo que piensan, pero no es el único», precisó.
La relatora expuso además que «más de 40 personas permanecen detenidas por motivos políticos y al menos 10 de ellas continúan en situación de desaparición forzada». Entre los casos más preocupantes denunciados por la CIDH se encuentran el fallecimiento bajo custodia del líder indígena misquito Brooklyn Rivera, la posterior detención de sus familiares que reclamaban sus restos, y la desaparición del obispo emérito de Estelí, monseñor Abelardo Mata Guevara.
El debate se intensificó tras el anuncio del codictador Daniel Ortega el pasado 19 de julio, quien afirmó públicamente que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones». Adicionalmente, el régimen presentó el 28 de julio una propuesta de reforma constitucional destinada a extender el mandato de la copresidencia de 6 a 7 años, restringiendo legalmente la participación de cualquier opositor político.
En materia de desplazamiento forzado, Payá informó que al menos 838,363 personas -equivalentes a uno de cada nueve nicaragüenses- han abandonado la nación desde abril de 2018, configurando el mayor éxodo de su historia reciente. Esta situación ha escalado a nivel regional debido a reportes de persecución transnacional y atentados contra opositores exiliados en países vecinos como Honduras y Costa Rica.
Ante este panorama, la comisionada dirigió un mensaje a los representantes diplomáticos reunidos en Washington: «El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización, los nicaragüenses no» e instó a los Estados miembros a activar los mecanismos de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana para asegurar la restitución de la institucionalidad democrática bajo el principio de garantía colectiva.
Por parte de la delegación de Estados Unidos, el diplomático Michael Kozak catalogó al régimen nicaragüense como una dinastía autoritaria comprometida con gobernar de por vida. Kozak urgió al Consejo a no dilatar la toma de decisiones institucionales conjuntas y denunció que las autoridades de Managua han deconstruido las bases de la Constitución para consolidar una dictadura cruel que ataca a la prensa independiente, las comunidades religiosas y la sociedad civil.
La propuesta estadounidense plantea que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores se celebre antes del primero de septiembre para coordinar respuestas diplomáticas, económicas y de seguridad. El representante norteamericano argumentó que «ya se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal institucional y colectiva para frenar el nepotismo».
Países como Paraguay y Ecuador expresaron su respaldo absoluto a la activación del foro de cancilleres, fundamentando su decisión en las resoluciones previas de la Asamblea General de la OEA. La representación de Ecuador advirtió que la actual ingeniería jurídica del régimen de Ortega y Murillo busca estructurar una sucesión controlada mediante reformas que también prolongan los cargos de las cúpulas policiales y militares. La representante permanente de Ecuador, Mónica Palencia, señaló que «la situación de Nicaragua cruzó el umbral crítico».
Por su parte, las delegaciones de Perú, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Canadá y Uruguay manifestaron de forma unánime su preocupación por la supresión de las garantías democráticas fundamentales contempladas en la Carta Democrática Interamericana. Coincidieron en que la celebración de elecciones periódicas, libres y justas no constituye una opción interna del Estado, sino una obligación jurídica ineludible bajo los tratados vigentes.
En el plano de las acciones diplomáticas directas, Panamá comunicó que su Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consulta a su embajador en Nicaragua como muestra de su rechazo al quiebre democrático. Entretanto, la delegación de Costa Rica llamó la atención de las implicaciones de seguridad en las zonas fronterizas debido a la presencia de fuerzas militares extranjeras y la expansión de la minería ilegal vinculada al crimen organizado transnacional.
La delegación de México externó su preocupación por el rumbo electoral nicaragüense, aunque instó al Consejo a ponderar con extrema cautela la convocatoria ministerial de conformidad con el artículo 61 de la Carta de la OEA. Asimismo, dicha representación reiteró la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum a favor de la democracia y la autodeterminación de los pueblos, exhortando a mantener abiertas las vías de diálogo directo y evitar vulnerar el principio de no intervención.
La representación de Brasil consideró prematura la convocatoria en los términos originalmente redactados, argumentando que el proyecto estadounidense califica erróneamente la crisis de derechos humanos como un asunto de seguridad nacional. El delegado brasileño puntualizó que la migración forzada debe ser abordada bajo enfoques humanitarios y de desarrollo sostenible, y alertó que un aumento de las tensiones institucionales podría bloquear el retorno de Nicaragua al Sistema Interamericano.
Por su parte la representación Argentina compartió su preocupación por la crisis democrática que vive Nicaragua, y acuerpó la democracia y las libertades fundamentales. A su juicio, la intención de la dictadura Ortega-Murillo de eliminar las elecciones es un tema delicado y agregó que hay claridad entre las representaciones de que están «en una emergencia enorme, en un país que su gobierno eligió que no va a haber más elecciones y no va a haber más democracia; y ninguno de nuestros países que firmó la Carta Democrática y tiene un compromiso con este sistema democrático interamericano, puede permanecer absolutamente inerme frente a esta situación» señaló.
Para dicho representante los exiliados nicaragüenses que acompañaron la sesión, quienes han perdido su nacionalidad por el autoritarismo del gobierno de Nicaragua y quienes miran por diferentes mecanismos virtuales la situación, miran qué va a hacer la OEA y cada uno de los países, en términos de solidaridad con los nicaragüenses que sufren represión y que les están diciendo que nunca más van a tener democracia; el representante argentino Carlos Cherniak reiteró que el tema es muy delicado y señaló la urgencia de tomar una decisión al respecto.
Para el representante interino de Costa Rica los últimos acontecimientos ocurridos en Nicaragua “no pueden ser considerados como un asunto interno”, afectan a toda la región.
A la vez, el representante permanente de Argentina, destacó que el respaldo mayoritario para la reunión de cancilleres es una demostración de que “la OEA no quiere renunciar a su compromiso de la defensa de la democracia”.
«Que una autoridad nicaragüense decida cancelar las elecciones y la democracia para siempre en su país, ¿puede ser considerado solo una crisis política interna?”, preguntó el embajador argentino. “¿Un régimen de esas características no es una potencial amenaza a la democracia en toda la región? ¿El silencio, la neutralidad o el burocratismo pueden ser el camino frente a tamaño peligro o podrán ser funcionales a mantener el status quo?», cuestionó.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, del miércoles 19 de agosto de 2026, finalizó con la aprobación de 29 participantes de convocar a una reunión de cancilleres de la región para debatir la situación de Nicaragua; Brasil votó en contra, México se abstuvo y dos estaban ausentes.
La cita a los cancilleres es parte de la propuesta de resolución presentada por la delegación de Estados Unidos, con apoyo de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. El Consejo Permanente de la OEA resolvió «convocar, con carácter urgente” a dicha reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores “tan pronto como sea posible».
Es la segunda vez en dos semanas que la crisis de democracia de Nicaragua es puesta en la agenda de la OEA, pese a que no es un Estado miembro. Ello evidencia la preocupación tras las declaraciones del codictador Daniel Ortega. caragua, y convocar a una reunión de consulta a los cancilleres.
Decisión OEA enoja a Rosario Murillo
Rosario Murillo, autonombrada copresidenta de Nicaragua, la «agarró» este miércoles 19 de agosto contra la oposición en el exilio después de que la OEA convocara a una reunión de cancilleres de la región para analizar la situación de Nicaragua, luego de que Daniel Ortega, dijera que cancelará las elecciones.
Murillo proliferó terribles epítetos y anunció que a finales de esta semana va a sesionar el Parlamento adscrito al Ejecutivo, para presentar los avances la propuesta de reforma constitucional anunciada con anterioridad para ampliar el período presidencial y de quienes dirigen todas las instituciones públicas. Asimismo, para revisar la prohibición de participar en las próximas elecciones de quienes consideran opositores.
Claudia Sheinbaum defiende abstención de México en la OEA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió en su conferencia matutina que brinda a diario ante la prensa, que la abstención de su país en el seno del Consejo Permanente de la OEA, responde a principios de la Constitución de México y no a decisiones personales.
Tamara Morales Orozco