Salomón Manzanares Calero
La Suprema Corte de Justicia, CSJ, de Panamá recientemente declaró inconstitucional la concesión minera que había otorgado el Estado a la minera First Quantum Minerals, de Canadá. Decisión que provocó semanas anteriores movilizaciones de la población, organismos ambientales y políticos para que se anulara el contrato.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, comunicó que los magistrados y magistradas que integran el pleno, «hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país»
A su vez, manifestó que instruyeron al Secretario General para que de conformidad con el Código Judicial proceda a realizar las respectivas notificaciones. «Una vez quede ejecutariada la sentencia, inmediatamente se procederá a remitirla para su publicación en la Gaceta Oficial», informó la presidenta de la Corte Suprema, López en conferencia de prensa. En la misma le acompañaron 9 magistrados que conforman el pleno.
Con esta ley aprobada se renovaba un contrato con nuevos términos y condiciones para la minería de cobre entre el Estado de Panamá y la empresa minera Panamá, que es de la canadiense First Quantum Minerals, que permitía la explotación por 20 años de la mayor mina de cobre a cielo abierto en la región centroamericana, con opción a prórroga por 20 años más.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo en X, que “tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en Gaceta Oficial e iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina….por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, trinó el mandatario.
Por su parte, el periodista panameño Álvaro Alvarado, habría dicho a Agenda Propia Nicaragua, que “una vez hubiese una decisión de la Corte Suprema de Justicia se espera la respuesta de la parte afectada, en este caso la minera. Pues podría incurrir en una demanda millonaria para el Estado de Panamá”.
En un comunicado interno dirigido a su personal, la compañía First Quantum Minerals informa sobre la suspensión temporal de los contratos de alrededor de 7,000 empleados de Minera Panamá y MICSA, dijo el medio Claramente Panamá.
Mientras tanto, la población en general ha celebrado la decisión de declarar inconstitucional el contrato. Y hay quienes “solicitan quitar la inmunidad a los diputados que aprobaron la ley en octubre pasado”.
El presidente y representante legal de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional de Marcos Austin, dijo al programa en Contexto de Eco TV, “que para los diputados hay responsabilidades legales por la violación directa a la Constitución, que se hizo tanto el ejecutivo como el legislativo». Añadió que se debe sancionar «a toda la Asamblea, tanto para los que aprobaron el contrato como manera directa como por omisión. Es decir, hay diputados que simple y claramente no se aparecieron a votar. Algunos que votaron en contra podría considerarse algún grado de atenuante de responsabilidad. Pero los que votaron a favor, ahí si se violó la Constitución”.
Foto: BBC NEWS
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 