Con las confiscaciones arbitrarias e indiscriminadas que ha realizado la dictadura Ortega-Murillo también busca protegerse ante el temor de perder el poder que injustamente le envuelve. Ya no solo se apropian de bienes inmuebles de organizaciones civiles para otorgarlas a instituciones del Estado y a afines a la misma, sino que les permutan sus casas a personas vecinas al búnker de El Carmen y las reubican en barrios cercanos. Esto comenzó hace algunos meses, es el caso de algunas familias que solicitan se omitan sus apellidos. Éstas callaron porque eran afines a la dictadura o porque la nueva vivienda es mejor que la que tenían.
Este nueva ola de confiscaciones silenciosas está ocurriendo en las cercanías de la vivienda del dictador Ortega y su esposa la dictadora Murillo, pero quedan en su alrededor ocho familias sin intervenir, pero que el pasado viernes recibieron la visita de representantes de la Procuraduría General de Justicia, de la cual depende la Intendencia de la Propiedad que ve estas situaciones. A las familias les anunciaron que les daban 48 horas para desocupar la vivienda y que se presentaran a sus oficinas el lunes 29 con sus abogados, sin especificarles el motivo.
Este medio de comunicación conoció que una familia afectada fue orientada de no moverse de la casa, ya que probablemente sería reubicada.
Hay mucho temor, nerviosismo y zozobra entre las familias, muchas de las cuales tienen más de 40 años de vivir en la zona, no solo porque no tienen adónde ir sino también porque se dice que a varias personas allegadas a la dictadura les solventarán económicamente. Las familias no vinculadas al orteguismo que adquirieron sus propiedades legalmente, desconocen si van a ser indemnizadas.
El confinamiento de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su residencia y complejo gubernamental de El Carmen, se ha convertido en uno de los símbolos más claros de la naturaleza actual de su régimen. Más que un centro de mando, su entorno se asemeja cada vez más a un búnker blindado, planteando una interrogante inevitable entre analistas políticos y psicólogos sociales: ¿es este aislamiento el resultado de una paranoia galopante o una fría estrategia de control?
Para entender este fenómeno, expertos suelen señalar que en las dictaduras de corte dinástico, como la que campea en Nicaragua, la línea entre la precaución política y la paranoia es sumamente delgada.
El encierro de la pareja Ortega-Murillo responde a dinámicas muy específicas como el síndrome del enemigo interno. La paranoia del régimen ya no se alimenta únicamente del temor a la oposición civil o a las sanciones de la comunidad internacional; su mayor miedo actual es la «traición» dentro de sus propias filas. Las purgas masivas y silenciosas ejecutadas en los últimos años dentro del Poder Judicial, la Policía Nacional y las estructuras del propio Frente Sandinista (FSLN) demuestran que Ortega y Murillo desconfían de su propio entorno. Cuando el círculo de confianza se reduce tanto que solo quedan los hijos -no todos- y un par de operadores, el búnker deja de ser una opción y se convierte en una necesidad de supervivencia.
Por otro lado, el aislamiento físico contrasta con una intensa presencia mediática controlada por Rosario Murillo quien opera como la voz diaria del régimen a través de sus llamadas telefónicas meridianas en los medios oficialistas. Esto le permite gobernar el país de forma remota, proyectando un control absoluto sin necesidad de exponerse al contacto ciudadano. El búnker les permite construir una realidad paralela a la real donde no existen los cuestionamientos.
La pérdida de la calle
Tras la insurrección ciudadana de 2018 y la posterior ola represiva, las apariciones públicas del dictador Ortega se redujeron a eventos rígidamente controlados, celebrados a puertas cerradas o en plazas fuertemente militarizadas con audiencias compuestas exclusivamente por simpatizantes previamente filtrados. Evitar las calles es una admisión tácita de que el respaldo popular espontáneo se ha extinguido, siendo sustituido por el control policial.
El búnker de El Carmen funciona como una metáfora de su propia gobernanza: un espacio fortificado que les protege de las amenazas -tanto reales como imaginarias-, pero que al mismo tiempo les encarcela en su propia desconfianza. La paranoia, en este punto de la dictadura nicaragüense, ya no es solo un estado mental sino el motor que define la política de Estado.
El mercado del despojo: el régimen lucra con el patrimonio de los desterrados
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una fase en su política de confiscaciones contra opositores, periodistas y profesionales desterrados de Nicaragua. Tras modificar el marco legal para justificar el despojo de propiedades bajo acusaciones de «traición a la patria», la dictadura ya no solo transfiere estos bienes inmuebles a instituciones públicas, sino que ha comenzado a venderlos, alquilarlos y repartirlos a particulares leales al poder.
Casos documentados muestran cómo residencias confiscadas han sido transformadas en restaurantes, listadas en plataformas digitales de venta usando las fotos de sus dueños originales, cedidas a figuras públicas afines como el boxeador Román «Chocolatito» González, o utilizadas como escenarios para programas de telerrealidad (reality shows).
Ante esta intensificación del despojo -que revive la apropiación masiva de bienes de los años ochenta conocida como «la Piñata»- un grupo de afectados se ha organizado bajo la Asociación de Confiscados Nicaragüenses «19 de Abril». Esta organización se encuentra elaborando un inventario de las viviendas, empresas y terrenos arrebatados, y ha emitido una advertencia pública a ciudadanos y extranjeros para que se abstengan de adquirir las propiedades, señalando que perseguirán legalmente su recuperación y que los compradores perderán su inversión ante un eventual cambio de gobierno.
El alcance de este mecanismo represivo, calificado por expertos de la ONU como patrón de represión transnacional, continúa en aumento ante la falta de trazabilidad en los registros públicos y el temor de muchas víctimas a denunciar. ¿Seguirá la fiesta dictatorial?
Foto: Nicaragua Investiga
Tamara Morales Orozco