Este 12 de diciembre el Consejo Supremo Electoral convocó oficialmente la edición número nueve de las elecciones regionales de la Costa Caribe, a celebrarse el próximo tres de marzo de 2024, en el que no participará el partido indígena Yátama.
Las organizaciones participantes tendrán alrededor de 20 días para realizar campaña electoral, entre el 9 de febrero y 28 de febrero de 2024. El 3 de marzo será el día de las elecciones y por consiguiente la publicación de los resultados.
Los magistrados orteguistas publicaron en La Gaceta el calendario electoral que regirá la designación de los 90 miembros de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, -45 en el norte y 45 en el sur-.
El proceso electoral se realizará en medio de altos niveles de violencia política, agravamiento de la invasión territorial y la cancelación del partido Yátama, organización que para la población costeña significaba «el único instrumento político que representaba sus demandas e intereses» señala el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas (UA).
Según los funcionarios, el 7 de diciembre pasado el tribunal electoral notificó debidamente a las organizaciones políticas con la finalidad de manifestar «sus observaciones al proyecto de calendario electoral», las que fueron recibidas, analizadas e integradas.
En la contienda participaran nueve partidos considerados aliados del orteguismo, el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (Moskitia Pawanka); Partido Unidad Cristiana (PUC); Partido Indígena Multiétnico (PIM); Partido Alternativa por el Cambio (AC); Partido Liberal Nacionalista (PLN); Partido Liberal Independiente (PLI); Partido Alianza por la República (APRE) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Para UA lo que busca el FSLN en marzo próximo, es replicar en la Costa Caribe su modelo de control absoluto que ya aplican en el pacífico del país, con la lógica de apropiarse de los recursos naturales de las regiones autónomas para garantizar el sostenimiento económico de su “maquinaria autoritaria”.
El período para la presentación de constitución de alianzas políticas y autorización será desde el 12 al 18 de diciembre de 2023, las cuales serán autorizadas y registradas por el CSE el 19 de diciembre. La presentación de candidatos a concejales regionales está prevista en el período del 15 al 22 de enero de 2024, cuya lista definitiva será publicada el cinco de febrero 2024.
Por otro lado, la formación de los Consejos Regionales Electorales y miembros y fiscales de las Juntas Receptoras de Votos será del 19 de diciembre de 2023 al uno de febrero de 2024.
Antecedentes de las elecciones regionales
Las elecciones regionales históricamente han sido un campo de disputa política. Por poner un ejemplo, en seis de las 30 circunscripciones en la Costa Caribe, el FSLN ha ganado de manera consecutiva desde hace 20 años aproximadamente; Yátama en 2 y el PLC en 1, indica UA. En el resto de circunscripciones (21) ha habido alternancia porque no ha habido dominio de una sola preferencia electoral. Pero desde el regreso del FSLN y el control absoluto del CSE, los votos adjudicados al partido de Gobierno han incrementado significativamente, especialmente en 2014 y 2019, años donde se denunciaron graves afectaciones a la integridad del proceso electoral.
Previo a la convocatoria oficial de los comicios regionales, UA ha registrado hechos de violencia política, detenciones arbitrarias de dos diputados del partido indígena Yátama y la cancelación de su personería jurídica. El 29 de septiembre de 2023, el diputado y líder del partido indígena antes mencionado, Brooklyn Rivera, fue detenido. Previo a su detención, unos meses antes, se le prohibió el ingreso a Nicaragua, por lo que tuvo que entrar a través de puntos de ingreso no controlados, declara UA.
El 1 de octubre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo arbitrariamente a la diputada suplente Nancy Henríquez James, quien es la representante legal del partido Yátama y había asumido el escaño de Rivera desde abril cuando a éste se le prohibió el ingreso al país. Urnas Abiertas manifiesta que la negativa de ingreso a Rivera, «representó en ese momento un claro hecho de violencia política que culminaría hasta el día de su detención, la cual se dio durante un allanamiento policial a su casa de habitación sin una orden judicial».
Por otro lado, la detención de la diputada suplente Henríquez fue a través de engaños, se recurrió a citaciones de la Policía Nacional para declarar ante la detención de Rivera, por lo que fue detenida en el momento.
Inmunidad parlamentaria sin validez
Rivera y Henríquez gozaban de inmunidad parlamentaria al momento de sus detenciones, según el Observatorio Ciudadano, «no consta en ningún documento o votación previa de la Asamblea Nacional la desaforación de ambos. En un comunicado con fecha del 30 de septiembre, el partido Yátama denunció que funcionarios del Parlamento nicaragüense bloquearon las funciones parlamentarias de Rivera sin ninguna causa y procedimiento administrativo o judicial alguno, violentando el artículo 130 de la Constitución Política que establece que “se podrá declarar la privación de inmunidad para diputados con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, mientras gocen de inmunidad ningún funcionario podrá ser detenido ni procesado”.
Hasta el 30 de noviembre de 2023, UA logró verificar que Nancy Henríquez se encuentra retenida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza, ubicada en Tipitapa, Nancy presenta un estado delicado de salud y no ha recibido una atención médica adecuada.
Brooklyn Rivera por su parte, se encuentra en condición de desaparición forzada, ya que ni sus familiares, ni abogados defensores, ni ninguna organización de derechos humanos ha logrado verlo desde la fecha que fue detenido. El Ministerio Público y la Policía Nacional tampoco han confirmado su detención.
El partido Yátama fue parte de la alianza Unida Nicaragua Triunfa con la que en 2006 el FSLN ganó las elecciones generales, pero la abandonó en 2014, ante la falta de cumplimiento del orteguismo por los procesos de titulación y saneamiento de territorios ancestrales. Desde entonces, Yátama ha continuado disputando las elecciones regionales. En las últimas elecciones de la costa Caribe en 2019, Yátama alcanzó más del 25% de votos en la RACCN y se hizo con 14 concejales en ambas regiones.
Cabe destacar que no es la primera vez que Yátama es víctima de violaciones a sus derechos políticos. En 2005, la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en donde señala que el Estado de Nicaragua había violado los derechos de la agrupación al no permitirles postularse a las elecciones municipales del año 2000 por no estar constituidos como partido político. La sentencia indicó al Estado garantizar instrumentos efectivos para la justicia electoral, y para la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres; sin embargo, esta sentencia todavía no ha sido cumplida plenamente por el Estado.
Ciudadanía denuncia incremento en el asedio policial
A partir de las detenciones arbitrarias e ilegales de los diputados de Yátama, UA ha recibido reportes de un incremento en el asedio policial y la militarización de territorios en la Costa Caribe. Asimismo, se denunció detenciones de religiosos y ex trabajadores del Estado, prohibiciones de actividades religiosas, asedio a los domicilios de algunas personas con intenciones de postularse a los consejos regionales, uso de medidas cautelares de presentación diaria para intimidar a personas opositoras o percibidas como tales, y la negación de entrega de cédulas de identidad.
Por otro lado, en diferentes instituciones del Estado en Bluefields se ha iniciado la recaudación obligatoria para que trabajadores públicos realicen aportaciones económicas para la campaña electoral de 2024. La cuota puede variar, desde 50 hasta 300 córdobas, según el Observatorio UA.
Incluso no se ha dado el caso que instituciones del Estado como ha ocurrido en otros comicios electorales en el pacífico, sean utilizadas para movilizar a la población afín al FSLN, para la gestión de sus documentos de identidad como es el caso del Ministerio de Educación. «Es obligación del Estado facilitar que todo nicaragüense cuente con dicho documento, incluyendo acciones pertinentes para superar barreras como la distancia o los costos de transporte que se reportan en la Costa Caribe; sin embargo, esto no puede hacerse en dependencia de la postura política de la persona», agrega UA.
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 