Redacción AP El 18 de abril 2018 salieron a protestar, a la calle, personas de la tercera por las reformas al sistema de pensiones que la dictadura Ortega-Murillo quería implementar. Reducían en un cinco por ciento las pensiones de miles de personas jubiladas y aumentaba el aporte de trabajadoras y empleadoras; una medida “sugerida” por las multilaterales como el FMI.
La dictadura de Ortega y Murillo respondió al reclamo de forma violenta, primero con sus turbas, quienes agredieron a manifestantes; y la policía a vista y paciencia, no hizo nada por reducir a quienes agredían y cometían delitos.
León, Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa y el resto de departamentos se levantaron por lo ocurrido. Las protestas pacíficas tomaron fuerza, y la escalada represiva, provocó asesinatos, secuestros, torturas, persecusiones, detenciones arbitrarias, confiscaciones de propiedades tanto de organizaciones civiles, como de medios de comunicación y de personas naturales.
Cinco años han pasado y en Nicaragua continuamos sin derechos políticos. Levantar la bandera de la patria, realizar un acto religioso en la calle sin la venia de la dictadura, es pasaporte para ir a la cárcel.
Periodistas, activistas de derechos humanos, activistas políticos, estudiantes y familiares de víctimas, sacerdotes, ex diplomáticos, campesinos, empresarios son las víctimas de la represión.
Miles han tenido que huir del país por pensar diferente a la dictadura. Más de 300 personas han sido desterradas de su país, entre ellas quienes estuvieron presas injustamente y otras porque así actúa la dictadura, por venganza.
La crisis política y social se ha profundizado a una escala inimaginable, y continúa acentuándose durante las últimas semanas. El régimen sigue deteniendo, persiguiendo, secuestrando y acosando a la ciudadanía, el discurso de odio se profundiza al igual que la militarización.
