Redacción AP En abril de 2018 Nicaragua fue sacudida por los ataques generalizados y sistemáticos cometidos por el gobierno.
Pese a que la protesta cívica era una forma de reclamar años de postergación, anulación y de cierre de espacios de participación frente a la concentración absoluta de atribuciones en el Poder Ejecutivo, Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizaron la fuerza letal y la represión generalizada a diversos sectores de población.
Para ejecutarlo, la dictadura requirió de la participación de funcionarios, servidores públicos y civiles que se sumaron al aplastamiento de las protestas cívicas que dearon personas asesinadas, encarceladas, desaparecidas, entre otros.
Cinco años después, se reflexiona que la represión ha continuado y ha contado con la participación de nicaragüenses sin quienes el gobierno no podría sostener los alcances y la profundidad de las espirales represivas.
Nunca el Estado había sido utilizado de forma tan intensiva para cometer crímenes de lesa humanidad. El uso de la autoridad territorial y de las oficinas estatales, así como la participación impune de funcionarios, servidores públicos y civiles fue un objetivo para aplastar la protesta cívica.
El gobierno ha establecido un discurso que niega cualquier participación del Estado y sus funcionarios, en las graves violaciones de derechos humanos, y que en el país se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Sobre esta realidad, vamos a hablar. Del informe que ha elaborado el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALIDH, para proponer treinta medidas de justicia transicional en el marco de las responsabilidades penales individuales de funcionarios, servidores públicos y civiles en Nicaragua que han participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018.
