La violencia en el territorio Bajo Aguán, en el departamento de Colón, ha dejado una masacre que cobró la vida de 20 personas, un hecho que vuelve a poner el foco internacional sobre un conflicto de tierras histórico. Esta región del norte hondureño se ha caracterizado por una alta conflictividad agraria, pero el escenario actual se agrava por una narrativa oficial que busca deslegitimar las demandas populares.
El ministro de seguridad, Gerson Velázquez, ha sido señalado por los líderes comunitarios por intentar transformar el conflicto en un asunto de «campesinos convertidos en estructuras criminales». Esta acusación es vista por las organizaciones como una estrategia deliberada para desviar la atención de las denuncias de las víctimas, quienes señalaron directamente a la policía como responsable de la violencia previa al múltiple crimen.
Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, describe un panorama de persecución que precede a la masacre. En entrevista con Agenda Propia Nicaragua, ha señalado que las víctimas denunciaron hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad el 18 de mayo, apenas tres días antes de ser asesinadas. Sostiene que este evento parece un «falso positivo creado por las mismas autoridades para generar el terror y la violencia».
Para entender la raíz del problema, es necesario retroceder a la década de los 70, cuando la zona fue asignada para procesos de reforma agraria con la constitución de 84 cooperativas. Sin embargo, en los años 90 se inició un «proceso de reconcentración de la tierra de forma fraudulenta e respetando el marco jurídico nacional», lo que ha derivado en décadas de derramamiento de sangre.
Desde entonces, el Bajo Aguán ha contabilizado centenares de personas campesinas asesinadas. Rivas denuncia que el propio Estado ha facilitado la creación de estructuras represivas, mencionando que en 2015 operó el «escuadrón 2 de la muerte», conformado por efectivos militares que actuaban contra los movimientos organizados.
El estigma como arma de represión estatal
La retórica del Ministerio de Seguridad no es un hecho aislado, sino que forma parte de una «narrativa creando condiciones para criminalizar de forma masiva el sector organizado que lucha por la tierra». Al afirmar que en cada asentamiento existe una estructura criminal, el Estado justifica el despliegue de fuerzas especiales y la persecución judicial de los defensores.
Rivas enfatiza que las intenciones detrás de este discurso es «proteger agroindustriales y de alguna manera criminalizar la lucha por la tierra». Según el líder, esta política de miedo busca beneficiar a un pequeño grupo económico mientras se desprotege a la población general a través de medidas empobrecedoras.
La colusión entre las fuerzas estatales y los intereses corporativos ha sido documentada ante organismos internacionales. Se han presentado informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que muestran cómo el ejército, tras operativos militares, dejó instaladas estructuras criminales para «proteger intereses de corporación DINANT».
Esta situación de impunidad lleva a las organizaciones a rechazar que la policía local o la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lleven el caso de la masacre. El argumento es que «al haber sido señalados por las víctimas antes de su muerte, si estos cuerpos investigan, estarían investigándose ellos mismos».
El clamor por una justicia independiente y transparente
La demanda de los movimientos campesinos es la intervención de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el monitoreo de expertos internacionales. Solo así consideran que se podría garantizar una «investigación transparente y creíble» que permita a las víctimas conocer la verdad sobre quién impulsó la violencia contra los 20 trabajadores del campo.
Elsy Banegas, líder comunitaria, relata que vivir en el Bajo Aguán implica convivir con un ambiente de muchísimo estrés y una zozobra permanente provocada por grupos criminales denunciados sistemáticamente. A pesar de los nombres de bandas identificadas, señala que las autoridades hacen oídos sordos ante estas realidades, permitiendo que el despojo continúe.
La lucha en el valle no es solo por la propiedad, sino por la supervivencia misma y la seguridad alimentaria. Las comunidades defienden su «derecho al agua, al ambiente y a la tierra para sobrevivir», indica, enfrentándose a empresas agroindustriales que buscan desplazarlos de las tierras que legalmente les pertenecen por la reforma agraria.
El balance de esta guerra no declarada deja ya a más de 200 campesinos y campesinas asesinadas desde el año 2009 hasta la fecha. Figuras emblemáticas de la lucha, como Carlos Escalera, asesinado hace 28 años, permanecen en la impunidad, lo que refuerza el ciclo de violencia que golpea a las familias de la Plataforma Agraria y COPA.
Consideran que hacer eco de estas denuncias ayuda a romper el cerco mediático y llegar a las instancias internacionales para que el Estado hondureño ejerza verdadera soberanía. La persistencia de los líderes del Aguán, aun bajo riesgo de muerte, es el último bastión de resistencia en un territorio donde la justicia parece ser un recurso tan escaso como la tierra misma para quien la trabaja.
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Foto de portada: Infobae
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