Redacción AP En los últimos años, Nicaragua ha sido testigo de un preocupante deterioro de la libertad de prensa y expresión, con el cierre sistemático de medios de comunicación independientes y la represión a periodistas. Este oscuro panorama ha dejado una profunda huella en el paisaje mediático del país centroamericano, panorama que empeora, al iniciar la semana del lunes once de marzo la dictadura envió al parlamento nicaragüense a aprobar la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales (Ley 200), con el objetivo de crear una supraestructura que controle a los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en Nicaragua.Con la nueva Ley, que deberá ser aprobada por los diputados orteguistas, la dictadura pretende controlar aún más las telecomunicaciones de Nicaragua y otorga facultades al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para que ejerza de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.
“discreción que será política y al servicio de la pareja de dictadores que están furibundos como locos tratando de someter mas al pueblo” dijo una activista política bajo condición de anonimato.
El documento de 94 páginas y 154 artículos señala, entre otras cosas, que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía y permitir severas inspecciones que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la policía orteguista.
De igual forma, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0.5% hasta 2.5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior a la infracción de la ley.
La iniciativa de ley enviada por Ortega-Murillo establece además la obligación de los operadores y proveedores para transmitir en cadena las comparecencias públicas del dictador, algo que ya sea hace desde algunos años. «Establece de manera explícita obligaciones específicas para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para garantizar los derechos de todos los usuarios, dentro de las que se destacan, unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita, sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional», dice el capítulo 100 de la iniciativa.
La dictadura señala que en los últimos 20 años el sector de las telecomunicaciones ha evolucionado «sustancialmente» por lo que se requieren de políticas, estrategias y regulaciones que respondan «a las infinitas oportunidades actuales».
Por lo tanto, según la dictadura, la nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua, pero un sinnúmero de disposiciones permitirá a Telcor otorgar licencias a discreción a nuevos competidores y el establecimiento de «garantías, fianza o certificado de depósito a favor de Telcor».
Las estaciones de radio y televisión a las que se asigna una banda de frecuencia o radio canal del espectro radioeléctrico deberán pagar un canon anual por el «arriendo del recurso» que pasará a ser patrimonio de Telcor.
Dicho monto será establecido en la normativa de la ley una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, Telcor regulará el uso de sistemas y redes satelitales y la importación de equipos tecnológicos. «La fabricación, importación, distribución y comercialización de equipos de telecomunicaciones en general requiere previa homologación de los mismos ante Telcor», reza parte del artículo 59 de la iniciativa. El articulado relacionado con equipos será sometido al visto bueno del ente regulador, estableciendo una burocracia en los procedimientos que no detalla la iniciativa de ley.
Otros los capítulos de la iniciativa se relacionan con el papel interventor del Telcor en el mercado de las telecomunicaciones de Nicaragua desde la elaboración de los contratos hasta la fiscalización de las tarifas por los servicios.
Con la nueva norma, la dictadura pretende que los operadores deben permitir el acceso a los funcionarios de Telcor para que realicen inspecciones técnicas, financieras o contables, esto último da paso a un nuevo rol que asumirá Telcor como investigadores de un cuerpo policial en caso de que los hechos «presumidos» sean ciertos.
Ante esa propuesta la iniciativa de ley dice que «los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada», señala el artículo 109. Seguidamente se menciona que Telcor «tiene todas las facultades» para realizar inspecciones, pruebas técnicas, auditorías a las empresas operadores de telecomunicaciones «nuevos».
Impacto en la Sociedad Nicaragüense
El cierre de medios de comunicación y la censura gubernamental han tenido un impacto devastador en la sociedad nicaragüense. La falta de acceso a información veraz y plural ha socavado la democracia y el ejercicio de los derechos civiles, limitando la capacidad de los ciudadanos para participar en debates públicos y tomar decisiones informadas.
La dictadura de Ortega y Murillo ha empleado otras tácticas para restringir la libertad de prensa, como el bloqueo de sitios web críticos y la intimidación y persecución de periodistas independientes. Muchos periodistas han sido objeto de amenazas, agresiones físicas y detenciones arbitrarias, lo que ha generado un clima de miedo y autocensura en el gremio periodístico.
Además, la represión contra periodistas y medios independientes ha contribuido a la erosión del estado de derecho y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua.
