Redacción AP

Este fue el discurso de la directora de Agenda propia Nicaragua ante el público que asistió al acto de entrega del premio Internacional Julio Anguita Parrado.

Sr.  Miguel Ángel Torrijos, concejal delegado de presidencia de la Alcaldía Municipal de Córdoba,

Sr. Luis Medina Canalejo, vicerrector de cultura, Universidad de Córdoba,

Sr. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía,


Antonia Parrado, Juan Antonio, Ana y Carmen Anguita Parrado, familia de Julio Anquita Parrado,


Sres. y Sras. integrantes del jurado del XIV Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado.


Es para mí un honor recibir el Premio Internacional de Periodismo “Julio Anguita Parrado”, en esta ciudad andaluza de Córdoba, donde Julio nació hace 51 años.

Agradezco la oportunidad al Sindicato de Periodistas de Andalucía y al Jurado del Premio, que me lo han concedido en su XV edición. Me han antecedido colegas de Irak, Colombia, El Congo, tres de España, Egipto, Grecia, México, El Salvador, Sahara Occidental; y no solo periodistas, también una defensora de derecho humanos. 

También agradezco al periodista español Daniel Rodríguez Moya por su documental “Patria libre para vivir” que, por las condiciones existentes en mi país, no ha podido ser presentado.

Julio Anguita Parrado murió como corresponsal de guerra en 2003, en Bagdad, producto de un misil iraquí. Este es un homenaje a quienes son profesionales de la información.

Aunque en Nicaragua no hay una guerra como en la que pereció Anguita, el pueblo se enfrenta a una dictadura que usa las armas para asesinar, reprimir e instalar el terror. Lo ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la OEA.

El 19 de abril se cumplirán cuatro años del levantamiento cívico y popular contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por ello, es trascendente compartir con ustedes las amenazas a la seguridad del periodismo y sus familias. 

La persecución y los asedios al periodismo los hemos encarado cientos de periodistas de diversos territorios de Nicaragua, desde antes de 2018. 

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Director del diario La Prensa, el más antiguo del país. Fue asesinado en 1978 por ser crítico de la dictadura somocista. María José Bravo, de 26 años era corresponsal de La Prensa. Fue exterminada en 2004 por el alcalde municipal de Juigalpa mientras cubría el recuento de votos de las elecciones locales en Chontales, el centro del país. Carlos José Guadamuz. Director del programa “Dardos al centro” en el Canal 23 de Televisión. En 2004 fue liquidado a la entrada del canal. Adolfo Olivas Olivas. Corresponsal de La Prensa en Estelí. En 2005 fue ultimado por publicar informaciones de un cártel, luego de ser amenazado de muerte. 

Ángel Gahona López. Director del noticiero de televisión El Meridiano de Bluefields en la Costa Caribe, y Meridiano Radio. Fue asesinado en 2018 cuando cubría en directo las protestas contra la dictadura.

Actualmente, cuatro periodistas están detenidos y han sido inculpados por la justicia al servicio de la dictadura a entre 8 y 13 años de cárcel. Miguel Mora, Miguel Mendoza, Lesther Alemán y Cristiana Chamorro son sus nombres. 

A esto se agregan amenazas verbales y físicas, asedio, robo de equipos y amenazas sexuales a las periodistas. “Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua”, PCIN, nuestro organismo gremial, ha acompañado estas denuncias y las ha informado a organismos de derechos humanos.

Durante la dictadura de Anastasio Somoza, en los años 70, había represión contra el gremio, y su respuesta fue el periodismo de catacumbas, se leían noticias en atrios de iglesias, burlando así a la dictadura.

Desde 2018 Nicaragua vive alta polarización política provocada por una crisis multicausal. La represión de la dictadura Ortega-Murillo ha dejado más de 355 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 120 periodistas vivimos en el exilio ante la imposibilidad de ejercer la profesión dentro del país.

La polarización aumentó en 2021 no solo por las elecciones ilegítimas de noviembre pasado, sino porque la imparcialidad y la objetividad periodística estuvieron bajo presión. Pero no tiene sentido ser neutral cuando se refuerzan las restricciones a la libertad de expresión.

Ejercer un periodismo profesional y autónomo es para la dictadura un delito, lo cual lleva a hacer periodismo en la semi clandestinidad. Se han aprobado leyes que buscan frenar el periodismo, para que no se informe la realidad, no se ponga en primer plano a la gente, sus necesidades y sus propuestas. 

El derecho humano al agua; la organización y resistencia comunitaria; la salud comunitaria; la prevención del abuso sexual en comunidades rurales, particularmente, no son interés del Estado, son temas invisibilizados por el retroceso en el acceso a la justicia y los DDHH.

El cierre de medios independientes ha generado la emergencia de medios alternativos desde el espacio digital, que den visibilidad a las personas, y éstas dejen de ser representadas por intermediarios o no representadas.

Hoy recibo este premio y lo comparto con la prensa independiente de mi país, con las periodistas que resisten pese a la realidad descrita. También soy una exiliada que no deja de informar en Agenda Propia lo que ocurre en Nicaragua, las noticias de otros países y de instancias internacionales. No me rindo. 

En 2021, me citó la Fiscalía General de la República como testiga en el caso que le fabricaban por lavado de dinero a Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien por años trabaja por la libertad de expresión. Cristiana ha sido condenada a ocho años sin demostrarle el supuesto delito.

Las amenazas y la persecución en mi contra se mantuvieron, enfrenté una campaña de desprestigio junto con otros colegas. Supe que tenía restricción migratoria. Todo esto me obligó a salir del país. 

La dictadura emprendió otro plan, citándome a través de la Intendencia de la Propiedad con los documentos de mi casa. Fui citada en tres ocasiones. La vivienda dejó de ser prioridad, la demanda de mi presencia se mantuvo. Imaginen las razones de fondo. Luego que mi hija acudió a la tercera cita, le dijeron que desalojara la casa y la presionaron para que firmara diciendo que la entrega era voluntaria. 

El pasado lunes me enteré que estoy en un listado, de periodistas la mayoría, investigada por la Unidad de Análisis Financiero, que enfrenta lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. 

Por todo lo anterior, he decidido pedir protección internacional en España. En Nicaragua, de testiga pasé a imputada. Así anda la justicia en Nicaragua. Esa es la campaña de un gobierno dictatorial al que no le gusta la prensa crítica.



¡Seguimos luchando, no nos rendirán!

¡Viva Nicaragua Libre!

¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la prensa libre!

¡Vivan las periodistas nicaragüenses!

¡Viva la solidaridad internacional!