Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
Reflexionar en torno al interés por callar a las voces disidentes y medios de comunicación por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue parte del debate que tuvieron juristas y académicos internacionales en el foro “Nicaragua: Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión”.
El foro organizado por la Red Voces del Sur fue moderado por Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en Estados Unidos, quien señaló que “la justicia nicaragüense está utilizando los juicios como arma de represión de su sociedad civil”.
Thomas Burt, coordinador de Voces del Sur, dijo que “el pronunciamiento de la red Voces del Sur a favor de los periodistas de Nicaragua y en contra de las acciones del régimen Ortega-Murillo es contundente y claro. Consideramos que la política de Estado del actual gobierno es una permanente ofensiva contra los derechos y libertades básicas de las personas en Nicaragua y que ha resultado en un deterioro absoluto en este país”.
“Denunciamos la judicialización en contra de la prensa independiente y la cancelación de las personerías jurídicas de sociedad civil enfocadas en la promoción de la libertad de expresión, así como los juicios politizados que violentan los estándares internacionales”, añadió.
Defensora de Cristiana Chamorro denuncia arbitrariedades
La abogada Orieta Benavides, defensora de Cristiana Chamorro, denunció que en el juicio contra los exdirectivos y extrabajadores de la FVBCH “se violentaron absolutamente todos los procesos y garantías procesales y constitucionales” de cada uno de estos.
“Fue notoria la violación al debido proceso desde la citación, les negaron el derecho a ser asistidos por un abogado de su elección, tampoco se nos propinaron actas de entrevistas, jamás se les dijeron los cargos por los que fueron acusados”, declaró Benavides.
Por su parte Jocelyn Nieva, asesora Legal Principal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (International Center for Not-for-Profit Law, o ICNL), señaló que la aplicación de las leyes es Nicaragua se usa para “restringir el espacio cívico, aplicar restricciones legales enfocadas en las organizaciones, limitaciones a derechos humanos, aversión al riesgo financiero y la exclusión financiera”.
“En Nicaragua no existen instituciones públicas ni separación de Poderes, se caracteriza por ser un país donde impera el tráfico de influencias, la impunidad y la protección a los responsables de actos de corrupción y nepotismo” dijo José Ugaz, abogado penalista y experto en derechos humanos, quien además calificó de “cleptocrático” al régimen de Ortega y Rosario Murillo.
Un caso concreto de Terrorismo de Estado
En el evento participó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão quien señaló durante su intervención que “estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado. Nicaragua es un Estado que a través de un grupo de individuos busca perseguir y atemorizar a toda la población para favorecer a sus fines”, comentó.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, dijo por su parte que “estamos en el caso de Nicaragua ante un régimen dictatorial, dinástico y cruel que, ha venido no solamente lastimando de manera consistente y por varios años los derechos humanos; sino que esto ha generado implicaciones en materia económica, en materia humanitaria, la salida de nicaragüenses hacia el exterior se ha acrecentado a partir del 2018, la mayoría de ellos hacia Costa Rica”
El abogado Chileno Ciro Colombara, reconoció que la situación en Nicaragua es “un desafío que no hemos sido capaces de resolver”, el jurista dijo además que “Ortega-Murillo y su camarilla llevan más de 15 años en el poder y en definitiva, pese a todo lo que se ha hecho lo que ha ocurrido en el último tiempo nos da cuenta de que la situación es más grave de lo imaginable y es más difícil de modificar, por lo que necesariamente tenemos que pasar a otra etapa, pasar de la reflexión a la acción, no sólo de organismos internacionales, no solo de los Estados; sino también de la sociedad civil”.
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