Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
Estados Unidos sancionó este lunes 10 de enero, a seis operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que incluye a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona de Rivas y al jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruíz.
Las sanciones alcanzan a la directora general de Telcor, Nahima Janett Díaz Flores y a Celina Delgado Castellón, directora general adjunta de Telcor y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) en representación de Telcor.
El país norteamericano también sanciona a Ramón Humberto Calderón Vindell, General de División retirado, expresidente de la junta directiva de la empresa petrolera estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la Junta Directiva de Eniminas.
“El régimen de Ortega-Murillo continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, sobre las sanciones.
Los tres funcionarios forman parte del IPSM. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el Ejército de Nicaragua “no solo se negó a ordenar el desarme y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos, sino que también proporcionó armas a los parapoliciales que cometieron actos de violencia contra los nicaragüenses”.
Las sanciones, realizadas en conjunto con la Unión Europea (UE), se dan a conocer cuando “están programados para tomar posesión hoy después de elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre, consolidando aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”.
“Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamados a la liberación inmediata de estos presos políticos y el regreso a la democracia”, indica el Gobierno de Estados Unidos.
Como complemento a las acciones de la OFAC, el Departamento de Estado anunció que “tomó medidas para imponer restricciones de visa a las personas cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares”.
