Redacción AP Los orígenes del movimiento ambientalista en El Salvador se remontan después de la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, hace 31 años. Un hecho histórico que puso fin a la guerra civil de 12 años, que dejó más de 75,000 muertes y personas desaparecidas.
Muchos excombatientes guerrilleros encontraron en la defensa de los derechos humanos ambientales una nueva manera de organización desde la paz.
Así ocurrió con las comunidades del departamento de Cabañas, donde surgieron diversas organizaciones ambientalistas, como la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta que nació, en marzo de 1993, para trabajar con la población expatriada que volvió de Honduras después de la guerra, explica la historiadora ambiental Cristina Hernández a través de una entrevista en Zoom que Agenda Propia le realizó a inicios de enero. Hernández ha investigado la situación de los defensores ambientales en esa región.
Los exguerrilleros se consolidaron como defensores ambientales al ganar la guerra contra la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold; que pretendía explotar oro y plata de una extensión de 17 kilómetros que abarcaba la mina El Dorado, ubicada al norte de Cabañas, en el municipio de San Isidro. Según estudios, en la zona hay cerca de 1.4 millones de onzas de oro.
El conflicto por el oro y plata culminó en 2017 con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, un logro del movimiento ambientalista liderado por ADES.
Seis años después de entrada en vigencia la prohibición de la minería metálica, El Salvador revive la criminalización de los defensores antimineros. En la madrugada del miércoles 11 de enero de 2023, un operativo desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con la captura de Antonio Pachecho, defensor ambiental; Saúl Agustín Rivas Ortega, asesor legal de ADES.
Ambos se encontraban en las oficinas de la asociación en el poblado de Guacotecti. Esa misma noche, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, tres líderes comunitarios que formaron parte de la lucha antiminera en Cabañas.
Durante el último año, el fantasma de la minería metálica ha rondado en las conferencias de prensa de los movimientos ambientalistas, que denuncian que el Estado está creando el escenario para revertir la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. El defensor ambiental, Antonio Pacheco, capturado el 11 de enero, alertó sobre algunos patrones que indican la presencia de la industria minera en Cabañas, denuncian.
Para Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, la detención de los líderes comunitarios es un proceso “amañado” que busca “callar esas voces que han venido manifestándose contra las injusticias, contra el desarrollo de proyectos extractivistas” dijo Morales a la radio YSAUCA de El Salvador.
A través de un comunicado de prensa, la comunidad de Santa Marta y ADES recordaron que este 11 de enero se cumple un año de la detención de los líderes comunitarios y el inicio de un proceso penal que califican de “ilegal e injusto”.
Según se lee en el escrito, la captura fue arbitraria, ya que se hizo bajo una acusación “sin pruebas de la Fiscalía General de la República”.
ADES y los miembros de la comunidad consideran que el trasfondo de esta persecución penal es la criminalización del activismo ambiental, debido a que el gobierno busca reactivar la minería metálica que podría acabar con el agua, el medio ambiente y afectar la vida de las comunidades.
Los integrantes de ADES y la comunidad Santa Marta exigen al Estado salvadoreño que escuche las voces de organizaciones nacionales e internacionales que exigen libertad y sobreseimiento para los líderes de Santa Marta.
*Con información de YSAUCA
