Redacción AP La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este miércoles 23 de agosto la personería jurídica de la Asociación de la Compañía de Jesús, la acusa de “incumplir” las leyes del país e invoca la confiscación de sus bienes.
Este acuerdo “se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas, sin que haya una instancia jurídica imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios, ya con anterioridad a la publicación del acuerdo ministerial antes referido el gobierno había quitado a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros en Managua” denuncian los clérigos ignacianos.
La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, egresada del Colegio Centroamérica regentado por los jesuitas, acusa a la Compañía de Jesús de no presentar los estados financieros del 2020, 2021 y 2022 y tener su junta directiva vencida desde el 27 de marzo del 2020. Es el mismo argumento que utilizó la institución para ilegalizar a la confiscada UCA, pero no se trata de un método nuevo, pues lo ha empleado para exterminar más de tres mil organizaciones no gubernamentales desde 2018.
En la resolución, la ministra Coronel ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) traspase a nombre del Estado de Nicaragua todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús, que desde 1995 contaba con el aval gubernamental para operar en el país.
Los jesuitas aseguran en su comunicado que estas acciones están encaminadas al pleno establecimiento de un régimen totalitario y responsabilizan “al presidente y a la vicepresidenta de Nicaragua por estar, por lo menos, conhonestados estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia, neutralidad del Poder Judicial, medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.
Ante este escenario, los jesuitas piden a la pareja presidencial “cese la represión, acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia y el diálogo”.
También solicitan se respeten los Derechos Humanos, “el estado de derecho, la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.
La persecución religiosa en Nicaragua va en aumento, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano.
