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Un nutrido grupo de mujeres y hombres indígenas provenientes de diferentes comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte, brindaron este 9 de septiembre en rueda de prensa sus testimonios y demandas a la comunidad nacional e internacional, así como al gobierno de Daniel Ortega, por la situación que viven. La grita generalizada es de justicia.
Hablando en lengua miskita, madres y padres de familia de las víctimas de la masacre de agosto pasado, así como viudas desde hace algunos años por la intervención de colonos en sus tierras, estas personas comparecieron acompañadas en su mayoría por niños y niñas huérfanas por la acción de los colonos.
Juan Gutiérrez Flores, padre de una de las víctimas de la masacre del pasado 23 de agosto en la Reserva de Bosawas en horas de la noche, manifestó que su hijo “andaba trabajando, pues tiene hijos en la escuela” y fue asesinado.
Raily Jarquín William y Ermita Gutiérrez Empra compartieron que su hijo Kelly Gutiérrez Jarquín andaba buscando la vida para mantener a sus hijos de dos años y de seis meses. Dijeron que no hay justicia y por lo tanto solicitan ayuda y esperan “que el gobierno pueda resolver la situación. La violación de derechos humanos nos está afectando a todos”.
Ermita agregó que dos hermanos de ella fueron asesinados, Jacinto y Sixto Gutiérrez Empra, quienes dejan tres y seis hijos respectivamente, y demandó apoyo “para poder llegar al lugar de la masacre y trasladar sus restos a sus comunidades y darles cristiana sepultura”.
Como se recordará, un ataque contra indígenas mayangnas y miskitos dejó al menos cinco muertos. Los mayangna han denunciado que colonos armados intentaban desplazarlos de sus tierras.
Por su parte, Alicia Salgado y Wilmor Waldan, padres de James Waldan Salgado, también asesinado, narraron que James tenía dos hijos, de dos años el menor, y “andaba buscando algún ingreso para la alimentación de sus hijos”. Denunciaron que fue ultimado por colonos y mayangnas. Agregaron que “desde el 23 de agosto hasta hoy, el gobierno no ha hecho nada”.
Compartieron también que a un familiar adolescente “que estaba en el lugar cuando llegaron los colonos, éstos le dijeron que iban a volver al día siguiente.”
De la comunidad de Santa Fe se presentaron Francis Isabel y Nixon Salomon, madre y padre de otro de los asesinados, Bonifacio Salomon. Al poner la denuncia en la policía, les dijeron que a Bonifacio lo había asesinado un primo, lo cual no es cierto, según Francis y Nixon. “Buscamos justicia por nuestro hijo hasta el final” manifestaron.
Tres miskitas viudas, de la comunidad de La Esperanza, Río Coco, explicaron que no quieren que los colonos invadan sus tierras. “Cada pueblo tiene su tierra, su espacio para vivir” dijo de forma enérgica una de ellas y agregó “nos estamos organizando porque queremos vivir como antes”.
Con relación al ataque del 23 de agosto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas ha dicho que «es una muestra más de la continua indolencia estatal sufrida por las comunidades de pueblos indígenas nicaragüenses frente a los intentos de ocupación ilegal de sus territorios», y se ha sumado a otras organizaciones en demanda que se esclarezca la matanza.
Hay temor por la acción de los colonos
La mayoría de participantes en la conferencia de prensa expresaron su miedo e intranquilidad de que los jóvenes vayan al monte por las amenazas y el robo de ganado. “De 2020 para acá no trabajamos en el campo por las amenazas de los colonos, esas tierras se las han tomado” dijo una conferencista.
Otra persona refirió “tenemos miedo porque el gobierno solo dice sí. Hemos conversado con el propio gobernador, nos ha dicho vengan a la policía pero cuando llegamos, la policía nos dice que por tierras no se puede hacer nada por orden del gobernador”.
Agregó a modo de reflexión: “No hay derecho de los pueblos indígenas. No hay acompañamiento del gobierno”.
Un comunitario de Sangnilaya se hizo presente para mostrar su solidaridad con las familias afectadas.
El ambientalista Amaru Ruiz Alemán, a quien la Fiscalía General de la República acusó de «propagación de noticias falsas” y solicitó su detención por “crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, no pudo intervenir en la conferencia de prensa por aparentes problemas técnicos, pese a que ha sido quien ha brindado información de los asesinatos en las comunidades indígenas del Caribe Norte, y denunciado que el Estado y sus instituciones han omitido la investigación de estos delitos.
El primer intento de realizar la conferencia fue obstaculizado por personas que expresaban palabras soeces, por lo cual los organizadores tuvieron que clausurarla y hacer un segundo intento.
