La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos formalizó su salida del cargo mediante una renuncia publicada en La Gaceta. El documento oficial argumenta razones de salud para justificar su separación definitiva tras tres años de inactividad obligada. Esta decisión se hizo pública a finales de agosto después de un largo periodo de aislamiento institucional. El acontecimiento marca el cierre definitivo de su prolongada gestión dentro del sistema de justicia nicaragüense.
Para la jurista constitucionalista Azahalea Solís Román Ramos no ejerció su voluntad libre en este proceso institucional. Señala que la exmagistrada «tuvo que renunciar que es distinto» en el contexto político actual. Un oficial de la Policía Nacional ingresó a su despacho para desalojarla de manera violenta. Este suceso de octubre del año dos mil veintitrés representó el verdadero quiebre de su autoridad.
El activista político Ariel Sotelo Zapata afirma que este movimiento obedece al plan de sucesión de Rosario Murillo y cataloga a la exmagistrada dentro de la corriente del sandinismo histórico. Describe que este grupo de funcionarios han utilizado al Estado para favores políticos y enriquecimiento ilícito. La trayectoria académica y profesional de Alba Luz se desarrolló dentro de las estructuras de control del Frente Sandinista
La carrera de Ramos dentro del Poder Judicial inició desde la década de los años ochenta. Ejerció cargos de directora de registros, procuradora penal, viceministra de justicia y magistrada de la república. En el año 2010 asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto político de fondo y el relevo en el Poder Judicial
La abogada y también feminista, explicó en la edición de este 2 de septiembre de Agenda Propia Nicaragua, que existían tensiones históricas acumuladas entre Ramos y la vicepresidenta Rosario Murillo. «En el año 2007 intentaron enviarla fuera del país hacia una representación en París, acción que la exmagistrada rechazó y decidió permanecer dentro de la Corte Suprema de Justicia». Este acto de desobediencia generó un resentimiento permanente por parte de la jerarquía gubernamental.
La lealtad política de la exmagistrada Ramos se dirigía de forma exclusiva hacia Daniel Ortega, explicó Solís. Su respeto de dirigente se basaba en la trayectoria revolucionaria compartida antes de 1979. Ella valoraba su propia trayectoria histórica dentro de las filas del movimiento revolucionario. Esa postura de omitir a Murillo de líder determinó su exclusión definitiva del círculo de poder.
La vacante de Ramos será ocupada por la exfiscal General de la República Ana Julia Guido. Solís califica a la nueva presidenta de la CSJ de operadora servil y sometida a la presidencia La entrevistada añade que «reponen con una persona que es completamente pero completamente sometida al poder». La nueva funcionaria judicial cuenta con sanciones internacionales por su rol activo en la persecución política de abril 2018.
La descomposición del sistema judicial tiene raíces que iniciaron antes del año 2006. El Frente Sandinista formó cuadros partidarios en las universidades para introducirlos progresivamente en los juzgados. Jueces y magistrados participaban activamente en marchas políticas contra la Asamblea Nacional desde el año 2010, detalló Solís. El control de los fallos judiciales dependía directamente de los secretarios de organización del partido.
Instrumentalización de la ley y graves violaciones de derechos humanos
La crisis social de 2018 profundizó la instrumentalización del poder judicial y la Fiscalía General instancias que se dedicaron a fabricar expedientes judiciales falsos. Las instituciones procesaron de forma selectiva a la ciudadanía que manifestaban su oposición política. La aplicación de las leyes se acomodó a las directrices emitidas por la presidencia.
El tribunal supremo emitió fallos que validaron la pérdida de nacionalidad de numerosas personas. En febrero de 2023 los copresidentes ordenaron el despojo de derechos civiles y la confiscación de bienes. Estas medidas afectaron directamente a más de 200 personas que fueron excarceladas. Ramos por lo tanto, comparte responsabilidad directa por la legalización de estos atropellos contra las libertades fundamentales, explicó la jurista.
El rol de Ramos en el desmantelamiento democrático provocó enérgicas respuestas por parte de la comunidad internacional. Países como Canadá, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones individuales. Las penalizaciones se justificaron por su participación en detenciones de opositores y persecución política selectiva. La exmagistrada ejecutó resoluciones judiciales diseñadas exclusivamente para sostener la estructura del régimen estatal. por lo que el poder judicial ahora es «un órgano de una especie de sicariato», señala Azahalea. La caída humillante de su presidenta ilustra la fragilidad de la lealtad bajo el autoritarismo.
La justicia internacional mantiene procesos abiertos donde se señala formalmente la responsabilidad penal de Ramos. Su nombre figura en una investigación radicada ante la Fiscalía de Buenos Aires en Argentina, comentó la abogada. Las pesquisas indagan sobre su participación en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Los tribunales externos acumulan evidencias sobre las sentencias arbitrarias firmadas durante su administración.
El activista Sotelo Zapata sostiene que la versión de Ramos es vital para conocer la verdad en una transición democrática. Afirma que la exmagistrada «es un cajón con los secretos macabros» de corrupción y crímenes estatales.
Consecuencias de la obediencia y el destino de los funcionarios
Muchos servidores públicos actuales creen equivocadamente que la subordinación ciega les garantiza impunidad absoluta. Solís advierte que el sometimiento incondicional «no es ningún cheque de garantía para quien está ahí». Diversos jefes policiales y altos cargos han terminado procesados e internos en las prisiones estatales. El círculo represivo devora incluso a operadores que muestran altos niveles de sumisión.
La entrevistada vaticina que Ramos enfrentará procesos judiciales impulsados por el propio aparato oficial. La Contraloría General de la República podría iniciar investigaciones por supuestas irregularidades financieras. Además, enfatiza que la intención de la vicepresidenta es buscar «una humillación total». Las medidas gubernamentales buscan destruir la imagen pública de la funcionaria caída en desgracia.
La trayectoria de Alba Luz Ramos evidencia el colapso definitivo del estado de derecho nicaragüense. Su firma respaldó sentencias inconstitucionales destinadas a pavimentar el camino de la dictadura actual. El Poder Judicial perdió su naturaleza estatal para transformarse en «un órgano de una especie de sicariato». La caída humillante de su presidenta ilustra la fragilidad de la lealtad bajo el autoritarismo.
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Foto de portada: R. Nueva Ya
