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| Fotografía EFE. Jorge Torres |
Redacción AP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó este martes 13 de julio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre «la caótica situación en Nicaragua» y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen de Daniel Ortega.
En la misión virtual desarrollada entre el 28 de junio y el 2 de julio, debido a las restricciones sanitarias y las limitaciones impuestas para ingresar al país centroamericano, participó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, del grupo OPSA, de Honduras; Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de La Voz del Interior, de Argentina, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.
La delegación de la SIP conversó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. “Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior.
La SIP concluyó que «el cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día». El presidente de la organización manifestó su confianza en que al elevar las conclusiones a la CIDH y su Relatoría Especial, se mantendrá «la esperanza de muchos nicaragüenses entrevistados que nos pidieron que alcemos su voz para que la comunidad internacional no los olvide y busque remedios para neutralizar a la dictadura». Canahuati manifestó su solidaridad con los periodistas y medios independientes de Nicaragua que «siguen esforzándose para informar pese al clima de zozobra generalizado».
El informe preliminar que entregará a su Comité Ejecutivo este 16 de julio, se indica que se exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa “a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática”.
Antonia Urrejola resaltó la importancia del informe de la SIP y condenó que en Nicaragua «no sea posible manifestarse sin ser acallado inmediatamente». Afirmó que en el país existe un estado de excepción de facto y que «en Nicaragua no se respira democracia ni libertades civiles».
A su vez, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, quien expuso parte de los resultados, destacó que el gobierno «busca acallar todo cuestionamiento al poder concentrado del matrimonio gobernante». Además, detalló los obstáculos para el ejercicio del periodismo en Nicaragua como «el éxodo de personal y directivos de medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione».
El Relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, destacó la importancia del informe y mostró preocupación por el ambiente de autocensura que existe en Nicaragua, plagado de declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades, hostigamiento, detenciones, acoso judicial y allanamientos, entre otros signos de represión. También resaltó el papel fundamental que cumple la prensa nicaragüense en este año electoral y les agradeció por su valentía.
Por su parte, Jornet añadió que «se necesita con urgencia «garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, claves para restablecer un debate ciudadano abierto y plural, el cual el gobierno se empeña en abortar y sin el que es imposible hablar de vigencia de la democracia. Sólo queda, en todo caso, una pátina de simulacros electorales para intentar dotar de legalidad a un régimen autocrático y hoy descontrolado, luego de casi tres lustros de progresiva concentración de poder».
Elecciones de noviembre
La realización de elecciones generales libres y transparentes del 7 de noviembre, como establece el cronograma actual, solo será posible si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y de garantías de debido proceso judicial, enuncia el documento. Por lo tanto, “es imprescindible, que el gobierno otorgue “amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior”.
A menos de un mes del plazo para presentar candidaturas (trámite que debe cumplirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto), los principales aspirantes opositores están privados de libertad, sin poder designar abogado defensor y vedados de ser visitados y de recibir alimentos y medicamentos. “Consideramos que están secuestrados, porque nada sabemos de ellos. Vivimos en una novela de George Orwell”, dijo uno de las personas consultadas.
Leyes al servicio del régimen orteguista
La profundización de la deriva autoritaria del régimen encendió las alarmas en septiembre del 2020, cuando la Asamblea Nacional dominada por el régimen aprobó un sinnúmero de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua delitos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones sin prueba alguna.
Del parlamento sandinista se aprobaron normas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que llevó al cierre de organizaciones no gubernamentales de defensa de libertades por recibir fondos legales del exterior; la Ley Especial de Ciberdelitos y de control de empleados estatales; la ley de cadena perpetua por “delitos de odio”; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que veda la postulación de candidatos por aplaudir “sanciones internacionales”; la reforma del Código Procesal Penal, para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada.
En ese marco normativo dictatorial se crearon condiciones para que en los dos últimos meses se desatara una embestida contra todo sector que cuestione al poder de Ortega o que ponga en riesgo la nueva reelección.
La SIP describe que el 20 de mayo fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. Periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos. A partir de entonces, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.
Sobre los efectos de excluir a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del CAFTA (acuerdo de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos) y el Acuerdo Marco de Cooperación Centroamérica Unión Europea, lo entrevistados mostraron discrepancias respecto a los efectos que puedan tener el país; sin embargo, “hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión”, indica el ejemplar.
