Los recientes sismos en Venezuela, acompañados de graves denuncias sobre la obstaculización y politización de la ayuda humanitaria por parte de las autoridades, han reabierto el debate sobre un interrogante que la historia latinoamericana ya respondió con sangre: cómo la gestión gubernamental de una catástrofe puede definir -y acelerar- el fin de un régimen. El precedente es insoslayable. El terremoto que devastó Managua en 1972, catástrofe natural de proporciones bíblicas, fue transformado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en un monumental negocio personal. La operación de saqueo institucionalizado selló su ruina política y moral.
La destrucción y el estado de excepción
A las 00:32 horas del 23 de diciembre de 1972, un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter destruyó el corazón de Managua (la capital del país) en apenas treinta segundos. El saldo fue devastador: cerca de diez mil muertos y cientos de miles de personas sin hogar. Pero más que la violencia del fenómeno natural, lo que mató a tantos ciudadanos fue la corrupción estructural acumulada durante décadas. Muchos de los edificios que colapsaron ya habían sufrido daños en el terremoto de 1931 y habían recibido únicamente reparaciones cosméticas, con materiales de ínfima calidad y hierro insuficiente, a fin de maximizar los márgenes de beneficio de los constructores vinculados al régimen somocista.
Lejos de orientar los recursos del Estado hacia el socorro de las víctimas, Anastasio Somoza instrumentalizó la tragedia para consolidar un poder sin contrapesos. Decretó la Ley Marcial y el Estado de Sitio, y se autoproclamó presidente del Comité Nacional de Emergencia, situándose por encima de cualquier otro poder o institución en el país. Para la clase trabajadora, el régimen impuso condiciones de explotación sin disimulo: una jornada laboral obligatoria de sesenta horas semanales y el descuento de un mes de salario anual a los empleados públicos, bajo la coartada de financiar la reconstrucción.
El saqueo de la ayuda internacional y la tragedia de Roberto Clemente
La indignación mundial estalló cuando quedó en evidencia la infamia mayor del somocismo: el robo y desvío sistemático de la ayuda humanitaria internacional. Mientras Managua ardía y sus habitantes escarbaban entre los escombros, los altos mandos de la Guardia Nacional saqueaban el centro de la ciudad con impunidad manifiesta.
Toneladas de alimentos, medicamentos y ropa enviados desde todo el mundo se pudrieron en los hangares de la Fuerza Aérea en el aeropuerto Las Mercedes, cuya supervisión recayó directamente en el hijo del dictador, Anastasio Somoza Portocarrero, apodado «El Chigüín». La población bautizó aquel lugar, con amarga ironía, como «el supermercado de Tacho». La codicia no tuvo límites: la sangre donada se vendió en el mercado negro, y los artículos de primera necesidad aparecieron comercializados en negocios vinculados a la élite militar.
Esa corrupción descarada costó la vida al legendario beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente. Enterado de que los militares nicaragüenses confiscaban y desviaban los suministros destinados a los damnificados, Clemente decidió viajar personalmente en la Nochevieja de 1972 para supervisar la entrega de un cargamento. Su avión, sobrecargado de ayuda humanitaria, se estrelló en el Atlántico. A Clemente lo mató un sistema que se lucró con su muerte y convirtió la emergencia en botín.
Especulación inmobiliaria y ruptura con la élite
Para Somoza, la destrucción de la capital no fue una tragedia sino, según sus propias palabras, «una revolución de las oportunidades». Amparado en su control absoluto, el dictador de ese entonces irrumpió en sectores económicos que antes respetaba como territorio ajeno, monopolizando la fabricación de materiales de construcción -cemento y bloques-, el mercado inmobiliario y la industria edificatoria.
El caso más escandaloso fue el desfalco perpetrado con fondos de la agencia estadounidense USAID. A través de testaferros, Somoza adquirió un terreno algodonero por treinta mil dólares y, pocas semanas después, lo vendió al propio Estado nicaragüense por tres millones, absorbiendo íntegramente un préstamo de emergencia destinado a construir viviendas para los afectados.
Al invadir esos negocios, Somoza rompió el pacto tácito que históricamente había mantenido con la burguesía tradicional. Los grandes empresarios, excluidos del lucrativo reparto de la reconstrucción, pasaron a engrosar las filas de la oposición política. La avaricia del dictador había creado sus propios enemigos de clase.
El sismo que sepultó al régimen
El manejo del desastre provocó una fractura urbana y social irreversible. El centro histórico de Managua no fue reconstruido: sus ruinas quedaron cercadas con alambre de púas, mientras miles de damnificados eran desplazados a la periferia, hacinados en asentamientos sin servicios básicos ni perspectiva de futuro.
Este segundo sismo -el colapso de la confianza pública ante la evidencia de una codicia obscena- resultó definitivo. El abandono estatal, el enriquecimiento ilícito de la cúpula y la represión subsiguiente radicalizaron a las clases medias, a los movimientos de base cristiana y a los estudiantes universitarios. El terremoto de 1972 y su fraudulenta gestión deslegitimaron por completo al somocismo, dotando al Frente Sandinista de Liberación Nacional de una base de apoyo popular que desembocaría en la Revolución de 1979 y el derrocamiento de la dictadura.
Ante situaciones de emergencia contemporáneas como la que atraviesa actualmente Venezuela, el caso de Managua opera como advertencia inagotable: las catástrofes naturales son inevitables, pero el desvío de recursos y la politización de la ayuda constituyen una violencia moral añadida. Cuando un gobierno prioriza el control político y el lucro privado sobre las vidas de la ciudadanía en su hora más vulnerable, no solo destruye el tejido social: firma su propia sentencia.
Tamara Morales Orozco