La justicia en El Salvador se ha transformado en un espectáculo de pantallas y uniformes blancos. La reciente macroaudiencia contra más de 400 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS -13) desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) marca un hito en la gestión de Nayib Bukele, pero también enciende las alarmas sobre la muerte del debido proceso. Lo que el oficialismo promociona como una victoria contra la impunidad, desde una mirada técnica y jurídica, lo que el oficialismo vende como eficacia procesal, es una erosión peligrosa del debido proceso.
Para el abogado, y también docente n Barberena, estas audiencias masivas desafían cualquier lógica de justicia individualizada, ya que resulta materialmente imposible que un juez logre deslindar responsabilidades específicas entre cientos de acusados en un solo acto. Según el experto, este tipo de procesos contravienen directamente el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al anular la garantía del derecho a la defensa efectiva. Como ha señalado el analista en entrevista para Agenda Propia Nicaragua el miércoles pasado, «es imposible defenderse en una macrocausa en donde hay tantos imputados y en donde la individualización… de los hechos imputados es imposible», lo que convierte a estas sentencias en actos viciados de nulidad absoluta.
La infraestructura del castigo en El Salvador tiene su máxima representación en el CECOT, una mega cárcel que Barberena describe no solo como un centro penal, sino como el «monumento del Estado Criminal buquelista». En este espacio, la justicia se ha transformado en un espectáculo televisado donde los acusados observan su destino a través de una pantalla, quebrando el principio de inmediación judicial que exige el contacto directo entre el juez, el acusado y las pruebas. Esta dinámica impide cualquier intercambio real de información entre abogado y cliente, convirtiendo la defensa en un simple formalismo vacío de contenido real y material.
Un punto de análisis para el público nicaragüense es el paralelismo que existe entre estas prácticas salvadoreñas y el modelo de represión judicial instaurado por la dictadura de Ortega-Murillo. Barberena recuerda que la táctica de realizar audiencias virtuales desde los penales para aislar a los detenidos fue perfeccionada en Nicaragua para procesar a la disidencia política. En ambos contextos, se observa cómo el sistema judicial asume plenamente las condenas previas dictadas desde el Poder Ejecutivo, utilizando tipos penales como el terrorismo para criminalizar a grupos específicos, ya sean pandilleros en un país o opositores políticos en el otro.
A pesar de que una amplia mayoría de la sociedad salvadoreña celebra estas medidas por la reducción inmediata de la violencia callejera, el análisis advierte sobre el peligro de validar la pérdida de derechos fundamentales a cambio de seguridad. La democracia no debe entenderse como un sistema donde las mayorías puedan votar para eliminar la dignidad de las minorías o de los procesados. En palabras del entrevistado, «la democracia y el respeto de los derechos humanos… no es plebiscitaria. Es decir, no se avala, no se subsana y no se endosa con el respaldo popular», precisamente porque los derechos inalienables protegen al ciudadano frente al poder punitivo ilimitado del Estado.
El sistema de persecución penal en El Salvador también revela un sesgo de clase, enfocándose casi exclusivamente en un prototipo de delincuente proveniente de los márgenes sociales, con tatuajes y lenguaje rudimentario, explicó el abogado nicaragüense. Mientras se realizan capturas masivas basadas en la apariencia física, lo que el experto denomina totalitarismo punitivo, los delitos de cuello blanco y las grandes defraudaciones al Estado parecen quedar fuera del radar judicial. Para Barberena, esta selectividad es clara: «la persecución penal masiva en El Salvador ha servido para perseguir a aquellos delincuentes que utilizando un dicho tiene cuatro patas, es peludo, tiene cola y dice miau», mientras se evita escrutar las estructuras de corrupción estatal.
La transición de un estado policial hacia lo que se denomina un estado criminal implica que el terror se impone como método de control social, una realidad que tarde o temprano trasciende la lucha contra las pandillas. El riesgo es que las herramientas judiciales diseñadas para combatir a la MS-13 sean redirigidas en el futuro contra cualquier forma de disidencia política o gremial. Esta advertencia se sustenta en la experiencia de Nicaragua, donde patrones judiciales excepcionales aplicados inicialmente a casos específicos terminaron desconstitucionalizando los derechos de toda la ciudadanía en el marco de disputas políticas.
Este modelo de mano dura salvadoreño puede generar un fenómeno de contagio en el resto de Centroamérica, donde incluso naciones con tradiciones democráticas más sólidas, como Costa Rica, empiezan a discutir regímenes de excepción y construcción de megacárceles. La idea de que más punición es igual a más seguridad es una falacia que gana terreno en la opinión pública regional, alimentada por el lobby digital del propio Bukele, dice Barberena. Sin embargo, esta tendencia ignora que el endurecimiento de penas sin respeto a las garantías básicas solo prepara el terreno para gobiernos autoritarios que pueden usar ese mismo poder contra cualquier ciudadano.
Desde el punto de vista probatorio, el jurista apunta que los macrojuicios presentan fallas estructurales graves, pues se basan frecuentemente en testimonios genéricos de vecinos o policías que no logran individualizar la participación de cada uno de los cientos de acusados en delitos específicos como el asesinato. El principio jurídico de in dubio pro reo, que dicta que ante la duda el juez debe absolver, desaparece en estos procesos masivos donde se asume la culpabilidad por pertenencia al grupo. Es humanamente imposible que un solo juez analice con rigor la situación jurídica de 400 personas en una misma audiencia, lo que anula cualquier pretensión de justicia real, explica.
La reflexión que se plantea es que, aunque la inseguridad causada por las pandillas era un problema real que requería solución, el costo de sacrificar el Estado de Derecho puede ser catastrófico a largo plazo. La falta de políticas de reinserción y el quiebre de la justicia institucional dejan a las sociedades centroamericanas vulnerables ante un poder estatal que ya no conoce límites. Como concluye el análisis, entre la eficacia policial y el abuso criminal del Estado hay una distancia muy corta, y una vez que se cruza esa línea, nadie está a salvo de un sistema que ha renunciado a las reglas mínimas del derecho.
Puedes ver aquí la entrevista:
Daniel Rodríguez Moya 
agendapropianicaraguapress