El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado la revocación masiva de credenciales a personas profesionales del derecho y notarios públicos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo alertó sobre el desmantelamiento acelerado de las garantías legales en el país tras esta medida punitiva generalizada.
La entidad internacional advirtió que esta medida borró de la noche a la mañana una parte fundamental del ejercicio del derecho a nivel nacional. La pérdida de las licencias atenta directamente contra la capacidad de la ciudadanía de acceder a una defensa jurídica legítima y oportuna ante los tribunales.
El presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, señaló la gravedad de la situación mediante un pronunciamiento oficial que detalla el patrón represivo estatal. «Durante la última semana, se ha acumulado evidencia corroborativa que proporciona motivos razonables para creer que el Gobierno nicaragüense está despojando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias legales», manifestó Simon.
El especialista hizo hincapié en que esta arremetida representa un cambio drástico en la estrategia de control sobre el sistema de administración de justicia. «Hemos condenado repetidamente la interferencia del Gobierno de Nicaragua en el poder judicial, pero eliminar una gran parte de la profesión legal es una nueva escalada», apuntó el presidente del grupo.
El desmantelamiento de la independencia judicial
Esta acción institucional desarticula la estructura de representación independiente dentro del sistema de justicia ordinaria. Al inhabilitar las facultades de los juristas, las estructuras oficiales consolidan un monopolio absoluto sobre la interpretación y aplicación de las leyes dentro del territorio nacional, se detalla en el comunicado.
Por su parte, Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, describió el impacto directo de estas inhabilitaciones en la institucionalidad pública. «Esta purga silenciosa de la profesión legal es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero se llevaron a los jueces, ahora se están llevando a los abogados», aseveró Brody.
Las declaraciones del experto ponen de relieve la secuencia del control que se ejecuta sobre los diferentes actores del engranaje jurídico. La eliminación de los defensores independientes reduce a niveles mínimos las posibilidades de encontrar un equilibrio técnico y procesal en las audiencias y litigios.
Diversidad de perfiles entre las personas afectadas
La anulación de licencias profesionales abarca un espectro amplio de la sociedad civil y del mismo entorno político nicaragüense. Entre las víctimas directas de la medida se encuentran antiguos magistrados, profesionales que laboran desde el exilio, e incluso antiguos miembros del partido oficialista.
Ariela Peralta, integrante del equipo investigador DEL GHREN, contextualizó la vulnerabilidad histórica en la que se encuentran estos profesionales desde el inicio de la crisis sociopolítica. «Los abogados han estado entre las víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018», recordó la experta en derechos humanos.
El análisis de los investigadores subraya que la medida no discrimina por razones puramente ideológicas en la actualidad, alcanzando a juristas sin afiliación política clara. La acción penalizadora se orienta a suprimir cualquier capacidad técnica que escape al control vertical establecido por las directrices del Ejecutivo.
Consecuencias directas en los procesos ciudadanos
El retiro arbitrario de las credenciales del registro oficial genera consecuencias inmediatas y severas para los trámites ordinarios de la población. La imposibilidad de certificar documentos notariales, registrar propiedades o continuar con litigios familiares paraliza la actividad civil de las personas afectadas.
El comunicado oficial emitido desde Ginebra enfatiza que la inhabilitación masiva compromete de forma irreversible el derecho a un juicio justo. Al dejar a las personas sin representación legal idónea, se anulan las vías formales para reclamar derechos fundamentales ante las instituciones encargadas de impartir justicia.
Foto: Recreada con IA
