Redacción AP La situación de los presos políticos en Nicaragua se agrava cada día más, siendo el encarcelamiento el peor flagelo que han tenido que afrentar desde el primer día de su secuestro por la policía o el ejército. La denuncia fue expuesta durante la audiencia pública del 189 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La sesión para Nicaragua se realizó el 1 de marzo, Día Nacional del Periodista en este país, presidida por Roberta Clarke, presidenta de la CIDH y donde hubo participación de ex reos y familiares de reos políticos y miembros de organismos de Derechos Humanos. El motivo del encuentro es continuar denunciando los abusos de poder y exigir justicia para que el régimen de Ortega y Rosario Murillo cumpla con sus obligaciones internacionales.
Eveling Pinto Centeno, apresada, acusada y condenada por el régimen de Ortega y Murillo señaló ante la concurrencia que “la dictadura cambió nuestro encarcelamiento por el destierro y la apatridia. Si la cárcel para mí fue una terrible experiencia, esta nueva circunstancia es profundamente dolorosa. Me han arrancado de mi hogar, mi familia, mis amigos, mi tierra natal. La sensación de desarraigo es abrumadora. Hace 3 días cumplí 65 años. Además del destierro y la perdida de la nacionalidad, me quitaron mi jubilación. Por eso bajo mi condición debo sobrevivir con un trabajo en línea por 8 horas a la semana”, según Pinto. Cuenta que con esos pocos recursos le permiten cubrir los gastos de salud y otras necesidades básicas. Igual situación están pasando otros 36 son adultos mayores, sin que también se tome en cuenta gran cantidad de nicaragüenses con necesidades extremas, que han salido del país por causas políticas y a éstos no se les ha dado atención.
Pinto Centeno, activista de Derechos Humanos fue detenida el 6 de noviembre del 2021, poco antes que se realizaran las lecciones en Nicaragua, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo figuraban como únicos candidatos. Después de permanecer 460 días encarcelada, fue desterrada el 9 de febrero de 2023, hacia Estados Unidos de América, junto a otros 221 reos políticos. Durante su participación en la sesión de la CIHD agregó, “agradecemos la acogida en los Estados Unidos, pero no todos gozamos el disfrute de los derechos humanos básicos. El régimen no solo nos persigue a nosotros, sino también a nuestras familias, les niegan el derecho al trabajo, a estudiar, a la atención médica, a sus documentos legales y registros académicos que impiden la reunificación familiar”. Denunció la agresión y persecución política en contra de las personas defensoras de Derechos Humanos y el involucramiento de la Policía y el Ejercito, lo cual agrava la situación; entre ellas, hay 19 mujeres defensoras o activistas, acusadas por el Estado nicaragüense, en algunos casos no ha habido acceso a los expedientes por lo que no se conoce el delito por el que fueron acusadas. A finales del año 2023 e inicios del 2024, fueron detenidos 19 religiosos católicos de diferentes zonas del país, así como 11 personas de denominaciones cristianas protestantes fueron señaladas de lavado de dinero. 8 personas mayagnas están detenidas por defender sus territorios. Al menos 150 religiosos han sido desterrados, con impedimento de ingreso a Nicaragua o expulsión y deportación hacia cualquier puesto fronterizo nicaragüense. Estas expulsiones obedecen a un patrón de silenciamiento de sus homilías lo que vulnera la libertad religiosa y de expresión.
Tininiska Rivera, hija de Boorklin Rivera Brayan, diputado por el Partido Yapti Tasba Msraka Nanih Aslatakanka, Yatama, en la región caribeña denunció la desaparición forzada de su padre. Dijo que el 19 de abril Rivera Brayan había participado en una reunión de asuntos indígenas en Nueva York, Estados Unidos, sin embargo, al intentar su ingreso a Nicaragua, éste le fue negado, sin embargo, entró a su territorio por la mosquitia hondureña. Posteriormente el 23 de septiembre de 2023 fue detenido en su hogar por un pelotón de la policía, sin orden de allanamiento. Fue trasladado a Managua vía aérea y desde ese entonces se desconoce su paradero e igual que sus condiciones de salud. Asegura que la policía ni otra institución le proporcionan información, sino le informaron que está en poder de la presidencia. “Sigo preocupada por él, es hipertenso, diabético, y ha tenido una cirugía que no le permite consumir cualquier dieta”. Tininiska Rivera fue acosada y despedida de su trabajo, le negaron la salud y fue trasladada a Costa Rica, al igual que otros familiares cercanos que se han refugiado en otros países. Por tanto, demandó ante la Comisión la búsqueda y justicia para todas las personas que sufren detención arbitraria en Nicaragua.
Claudia Paz y Paz, abogada, Directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en representación de los afectados manifestó las demandas ante la CIDH, las cuales figuran, “que reafirme su competencia para conocer asuntos relativos al Estado de Nicaragua, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y continúe su labor de monitoreo y promoción de Derechos Humanos en el país, prestando atención especial a la situación de las personas presas políticas, excarceladas, exiliadas y desnacionalizadas. Inste a Nicaragua mediante todos los mecanismos a su disposición, a cesar la criminalización y persecución política, así como a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad encarceladas por motivos políticos, sin limitar sus derechos ni los de sus familiares. Continuar con el tratamiento de los casos prioritarios y medidas de protección relativos a Nicaragua. Valorar una visita a Costa Rica, del Comisionado Relator para Nicaragua con el fin de mantener actualizada la información relacionada a las personas defensoras, periodistas, personas desnacionalizadas y exiliadas en este país. Hacer un llamado a los miembros de la OEA para que en uso de las garantías colectivas previstas en los instrumentos de interamericanos, continúe ejerciendo acciones para la rendición de cuentas y fiscalización al Estado de Nicaragua, priorizando la liberación de las personas presas políticas. A los organizamos financieros y mecanismos de cooperación internacional para que condicionen el otorgamiento de créditos, financiamiento y cualquier tipo de colaboración económica el Estado de Nicaragua, al efectivo cumplimiento en materia de derechos humanos”. Paz y Paz recalcó que no se debe olvidar la impunidad con que sigue operando el régimen de Ortega y Murillo, la intensificación de la represión y persecución, y el impacto de la situación de Nicaragua en el creciente deterioro democrático y de Derechos Humanos en la región centroamericana.
Pedro Vaca Villarreal, Relator para la Libertad de Expresión, rememoró la lucha de hombres y mujeres de la comunicación social. “Hoy coincide con que es el Día Nacional del Periodista en Nicaragua y hay que reconocer que esta tragedia sostenida que nos han relatado, también tiene un rostro de mujeres y hombres periodistas y es un día importante para honrar”. En Nicaragua además de periodistas exiliados, aún se encuentra encarcelado el periodista Víctor Ticay, el cual fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Chipote, afectando a sus familias, así como también se han afectado otros núcleos de personas privadas de libertad.
Christopher Alif Bulkan, Relator de la CIDH mostró su preocupación por las personas mayores de edad, las cuales se han quedado sin sus prestaciones sociales, ya que el régimen les confiscó sus pensiones. Así mismo llamó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a que presten suma atención a la grave situación en Nicaragua, la cual es evidente a través del informe presentado por los expertos de las Naciones Unidas. “Solo el que no tenga sentimiento no podría sentirse cómodo…una señora de 65 años que lleva toda una vida viviendo en Nicaragua y se queda sin beneficios y prestaciones, es sumamente grave. Yo hago ese llamado a los Estados miembros que cese la persecución, hay herramientas diplomáticas y herramientas vinculadas a con estándares económicos y empresariales, hago el llamado a los Estados miembros a que reconozcan la situación, no solo en Nicaragua, sino a los que están viviendo fuera de Nicaragua, para que termine este trauma tan profundo que están viviendo”.
La CIDH reconoció que la situación se agrava cada día en Nicaragua y más aún en la región del caribe. El segundo informe del grupo de expertos “La Sombría realidad que vive Nicaragua”, revela que al menos 900 mil nicaragüense se encuentra en desplazamiento forzado, lo cual agrava la crisis. Solamente 60 mil personas han gozado de asilo o refugio en dependencia de sus leyes de cada país donde han sido acogidos.
