Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
Familiares de las personas presas políticas denunciaron que éstas continúan siendo sometidas a “torturas y aislamiento”. Al mismo tiempo, informaron que las “celdas permanecen custodiadas permanentemente por policías, impidiéndoles a través de amenazas, la comunicación entre ellos y ellas”. Esta información fue recogida después de las visitas que pudieron tener entre el 15 y el 17 de noviembre.
El régimen orteguista mantiene completamente aisladas a Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, cuatro presas políticas del movimiento político UNAMOS. Están confinadas en celdas solitarias. En el caso particular de Tamara Dávila, sus familiares expresaron que “causa alarma y preocupación que su celda está completamente sellada desde que fue secuestrada”.
Desde las detenciones efectuadas en su mayoría en el mes de mayo, y pese a las solicitudes de los familiares como de los abogados defensores, las personas detenidas no han tenido valoraciones médicas ni con especialistas; tampoco aquellos casos con condiciones de salud preexistentes, las que podrían desarrollar otras afecciones y poner en riesgo sus vidas.
Sobre el proceso judicial: indefensión absoluta
“Sus causas no aparecen aún reflejadas en el sistema del poder judicial cuyo objetivo es invisibilizarles y mantener su indefensión”, según denuncian los familiares y agregan que “no se les ha permitido reunirse con sus defensas técnicas y se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados”.
Para retardar el proceso los jueces alegan que tienen carga laboral y de esa forma todas las peticiones presentadas por sus abogados son denegadas o no resueltas.
Durante las visitas, los familiares denunciaron una “presencia exagerada de agentes policiales, revisiones físicas que incluyeron retiro de vestimenta y ropa interior, despojo de objetos de uso personal”.
Hasta noviembre del 2021 en Nicaragua existen más de 150 personas presas políticas según el Monitoreo Azul y Blanco y el Mecanismo para identificar los casos de las personas detenidas ilegalmente.
