Redacción AP El pueblo Rama y Kriol está integrado por nueve comunidades indígenas, seis del pueblo Rama y tres del pueblo Kriol, que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el Departamento del Río San Juan, al sureste de Nicaragua. Asimismo, la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB o Comunidad de Bluefields) es la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua, y su desarrollo histórico se vincula al sincretismo de las sociedades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, estas poblaciones han documentado, argumentado y denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este jueves 2 de febrero se desarrolló la audiencia pública, una lucha iniciada en el año 2014 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por la falta de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) de la Ley No. 800, que creó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) y la Ley No. 840, que otorgó la Concesión del GCIN sobre en tierras indígenas y de afrodescendientes.
Dolene Miller, defensora de Derechos Humanos, recuerda que “el Estado de Nicaragua ha perdido los casos en donde las comunidades indígenas han demandado a las autoridades” pese a que Nicaragua ha dicho que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido reconocidas, esperan que “Nicaragua cumpla con la resolución” agrega.
“El Estado de Nicaragua está comprometido internacionalmente a proteger y garantizar la integridad física, psíquica y moral, de estos pueblos, de sus miembros y de sus autoridades en la protección de sus territorios y medio ambiente sin discriminación alguna; así como a reparar los daños que les han sido causados y a garantizar la no repetición de los actos violatorios a esos derechos” reflexiona Miller.
La controversia del caso versa sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua, a la autodeterminación de estos pueblos, al imponer gobiernos o autoridades paralelas a las legítimamente electas por estas comunidades; así como por no actuar en buena fe con respecto de la consulta y elaboración del Convenio y por la omisión de sanear el Territorio Rama y Kriol, titulado desde el año 2009; comprometiendo también la protección y conservación de la reserva Biológica Indio-Maíz.
Las autoridades indígenas y afrodescendientes del GTR-K y de la CNCIB consideran esencial el sometimiento del caso a la Corte IDH, debido a la falta de remedios internos, efectivos en el sistema judicial nicaragüense.
Nora Netwall, una lideresa de la comunidad creole en Bluefields dijo en Agenda Propia que “entre 2013 y 2020 presentaron casi 20 Recursos de Amparo, sin haber sido escuchados o atendidos en ninguno de ellos por la Corte Suprema de Justicia”.
Asimismo, también denunció que el “Estado de Nicaragua impuso un gobierno paralelo al legalmente constituido por la CNCIB; abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional; ilegalmente destituyó a su representante en la CONADETI y entregó al gobierno paralelo solo 7% de la tierra reclamada, dejando fuera 93% de la tierra tradicional de la CNCIB.
Calpi y Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Washington, Estados Unidos, acompañan a las autoridades indígenas y afrodescendientes en sus reclamos desde el año 2013, y los representan actualmente ante la Corte IDH.
Cenidh: «Pueblos indígenas continúan expuestos al terror, la hambruna y la migración forzada»
Los pueblos indígenas de Nicaragua continuaron expuestos al terror, la hambruna, la migración forzada, el abandono estatal y el atropello a sus derechos políticos y autonomía en el año 2022, señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Los colonos han asesinado a 64 indios miskitos y mayangnas. Estas muertes han quedado en la impunidad” señaló el Cenidh en su informe anual.
Al mismo tiempo que denuncian que no hay justicia para las violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas. Sumado a esto los 1,163 indígenas asesinados en la década de años 80, todos ellos por defensa de la madre tierra”.
Otro de los aspectos que resalta el Cenidh es que los pueblos indígenas de Nicaragua continuaron expuestos al terror, la hambruna, la migración forzada, el abandono estatal y el atropello a sus derechos políticos y autonomía.
Al cierre de este informe, 14 líderes indígenas firmaron proclama de un encuentro en el que analizaron la situación de sus territorios y aseguraron que los programas que ha impulsado el régimen Ortega Murillo han sido diseñados para “llevarlos al sometimiento y el exterminio”.
