Agenda Propia Nicaragua 
Redacción AP
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell a través de un comunicado, respalda al Gobierno de España ante las acusaciones vertidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua acusaron al país europeo de carecer de «autoridad moral» y lo señala como culpable de «tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena».
Para los países de la Unión Europea estás declaraciones son «inaceptables e injustificadas vertidas por las autoridades nicaragüenses y que han llevado a la llamada a consultas de su Embajadora en Nicaragua», dice el comunicado.
En la nota de prensa diplomática de Nicaragua, publicada el 11 de agosto se acusa que a España de una contínua “cínica intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”, algo que consideran impropio de gobiernos democráticos, aunque se refieren a España como un régimen “que incumple” continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia».
Sin embargo, para el grupo de los 27, de manera uniforme está unida en la condena de la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses y en la defensa de la democracia, el estado de derecho, el diálogo crítico pero respetuoso y los derechos humanos en Nicaragua.
A su vez señalan que «el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo deben detener esta espiral, cambiar de rumbo, liberar a todos los presos políticos y abrirse al diálogo», dice la comunicación.
Actualmente el régimen Ortegua-Murillo tiene detenido de manera arbitraria a las de 130 presos y presas políticas entre los que se encuentran pre candidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que se manifestaron en contra de la represión desatada desde abril 2018.
A tres meses de la realización de comicios electorales, en noviembre próximo, el régimen no da muestras de apertura para la liberación de los presos políticos y volver a la senda democrática, en la cual se establezcan mínimamente reformas a la ley electoral para que existan garantías de unas elecciones en condiciones.
