Salomón Manzanares
A ocho años del estallido social de abril de 2018, Nicaragua permanece sumergida en una de las crisis de derechos humanos más agudas de la región, bajo un contexto de consolidación de poder absoluto por parte de la familia Ortega-Murillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a alzar la voz para condenar la persistencia de graves violaciones y urge al Estado nicaragüense a restablecer el Estado de Derecho, poner fin a la represión y liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por motivos políticos. Desde que el pueblo protestó contra las políticas dictatoriales, el régimen ha afianzado un modelo de impunidad generalizada que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continúa documentando a través de denuncias de detenciones arbitrarias y persecución religiosa, incluso más allá de las fronteras nacionales.
La magnitud de la represión se refleja en las cifras de violencia estatal, las cuales siguen siendo una herida abierta para la sociedad. Mientras la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. recuerda el asesinato de más de 325 nicaragüenses en 2018, la CIDH sostiene que la agresión perpetrada entre el 18 de abril y el 31 de julio de ese año dejó un saldo de 355 víctimas mortales. Ante esta realidad, la administración estadounidense, a través de figuras como el Secretario de Estado Marco Rubio, continúa exigiendo rendición de cuentas a la dictadura y ha sancionado a funcionarios como el viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación directa en estas vulneraciones.
Actualmente, el sistema represivo mantiene a al menos 46 personas privadas arbitrariamente de su libertad en condiciones que atentan contra la dignidad humana. Según Christopher Landau, Secretario de Estado de EE. UU., la dictadura niega este año la expresión de fe de las personas, imponiendo vigilancias y restricciones severas en los espacios públicos. Esta persecución sistemática se extiende a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y cualquier persona que manifieste descontento en redes sociales, afectando también directamente a sus núcleos familiares.
El escenario de vulneraciones también golpea con fuerza a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, quienes han sufrido la invasión de colonos y la expansión de actividades extractivas violentas en sus territorios ancestrales por parte de empresas extranjeras, lo que ha provocado desplazamientos forzados hacia Costa Rica y Honduras. Esta persecución no se detiene en los límites geográficos de Nicaragua; un informe del Grupo de Expertos de la ONU de septiembre de 2025 señala que una «mano invisible» acecha a los exiliados, negándoles pasaportes y amenazando a sus familias dondequiera que vayan.+1
Para la politóloga en el exilio Edipcia Dubón, este mes de abril de 2026 representa ocho años de vivir con la ilusión de un retorno seguro, en un momento complejo donde los cambios políticos en el continente presionan al régimen y provocan un incremento en los niveles de represión. Dubón sostiene que la oposición nicaragüense enfrenta el desafío de articular un proyecto de cambio que integre a toda la población, incluyendo a aquellos partidarios del sandinismo que no tengan responsabilidad en actos de sangre. A pesar de que la dictadura calla ante las acusaciones internacionales y mantiene su hostilidad, los organismos internacionales insisten en la necesidad de mantener el monitoreo constante y restablecer la democracia en el país.
Foto portada: Alfredo Zúniga / AP
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco