Las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, tanto en el territorio como en el exilio forzado, han manifestado indignación ante las condiciones de salud y alto riesgo de vida que enfrenta el líder Ta Upla Brooklyn Rivera Bryan. El pronunciamiento señala directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como el responsable de la situación del dirigente, tras haber cumplido 971 días de lo que califican como un encarcelamiento injusto y desaparición forzada. Las organizaciones denuncian que este escenario es el resultado de sistemáticas violaciones de sus derechos humanos ejecutadas por las autoridades estatales.
El texto rechaza categóricamente el reporte gubernamental emitido el 27 de mayo de 2026, acusándolo de pretender «distorsionar la narrativa y el significado de los gravísimos hechos». Según los firmantes, la publicación oficial constituye una clara evidencia de la responsabilidad del Estado en el deterioro físico de Rivera, utilizándolo para realizar una «especie de show mediático, presentándolo como un trofeo de guerra». Esta acción es denunciada como una grave lesión a su «dignidad, honor e integridad personal», exponiendo públicamente su estado de salud desmejorado de forma arbitraria.
Tininiska Rivera, hija del líder, ha reforzado esta denuncia señalando que su padre desapareció en septiembre de 2023 y que el gobierno tardó un año en admitir que lo tenía bajo custodia. Ella desmiente las acusaciones de traición a la patria, afirmando que lo único que su padre ha hecho es defender los derechos de su pueblo. Con angustia, Tininiska subraya que «al día de hoy no podemos verlos ni hablar con él», y califica esta falta de acceso como un tormento psicológico que las leyes internacionales consideran una forma de tortura.
Antes de ser detenido ilegalmente en su casa durante la madrugada, Brooklyn Rivera gozaba de «plena salud y del pleno uso de sus facultades físicas y mentales». El comunicado de las organizaciones destaca que el actual deterioro de su condición es consecuencia directa de la falta de atención médica adecuada en prisión, lo cual definen como otra forma de tortura y maltrato. Por ello, responsabilizan a figuras como «Lumberto Campbell, de la Secretaría de la Costa Caribe» y a otros tomadores de decisiones por permitir este desenlace y el «arbitrario encarcelamiento de líderes».
El aparato judicial del país utiliza cargos de «traición a la patria y actos contra la soberanía nacional» como una etiqueta estándar para criminalizar a quienes disienten del oficialismo. Estas leyes han sido reformadas a conveniencia para ocultar que el verdadero motivo de la persecución contra Rivera es su «defensa histórica de las tierras» frente al extractivismo. A pesar de que el Estado reconoció tenerlo bajo su poder, persiste un secretismo absoluto que impide a la familia verificar su «estado de salud físico y mental», alimentando las peores sospechas sobre su integridad.
Esta situación se describe como parte de una sistemática persecución contra los liderazgos étnicos y la decapitación de sus estructuras políticas tradicionales, como es el caso de la organización YATAMA. El comunicado afirma que en el trato hacia los presos políticos indígenas, el régimen muestra «racismo y desprecio», lo cual contribuye a un proceso de «genocidio» que las comunidades han venido denunciando. El objetivo final de estas acciones sería anular la autonomía regional para facilitar el «control absoluto de los recursos naturales» en los territorios ancestrales.
Ante la indefensión legal dentro de Nicaragua, los pueblos indígenas instan a la comunidad internacional a demandar una «atención humanitaria fuera de Nicaragua» para Rivera debido a la gravedad de su estado. Solicitan que se activen mecanismos diplomáticos para presionar por una «liberación incondicional e inmediata de todos los presos y presas políticas». Las campañas de organismos internacionales se consideran ahora los «últimos bastiones de presión» para romper el aislamiento impuesto por el régimen a quienes defienden sus libertades.
Las organizaciones exigen la «liberación inmediata, efectiva y sin condiciones de la lideresa Nancy Elizabeth Enriquez» y de una prueba de vida verificable para Brooklyn Rivera. También se reclama la libertad para Steadman Fagot Müller y para los guardabosques mayangnas que permanecen detenidos, entre ellos Celso Lino, Donald Andrés Bruno y Olvier Bruno Palacio. Los firmantes reafirman que la lucha de Rivera por la justicia y el saneamiento territorial permanece vigente en la memoria colectiva de los pueblos de la Moskitia.
Foto: Facebook Canal 4
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