El Ministerio del Interior (MINT) y el Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua emitieron un informe médico oficial con fecha de día 27 de mayo de 2026, rompiendo un hermetismo institucional de un año y ocho meses, periodo durante el cual el líder indígena de 73 años permaneció bajo condición de desaparición forzada e incomunicación absoluta.
El documento confirma que Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el 29 de septiembre de 2023 y revela que su estado actual de salud es extremadamente delicado, presentando un cuadro de falla multiorgánica.
Según el reporte oficial, tras sufrir un grave deterioro en sus condiciones respiratorias dentro del penal de Tipitapa, Rivera fue trasladado el 7 de marzo de 2026 al hospital Fernando Vélez Paiz.
Los estudios médicos revelaron un complejo cuadro clínico que incluye una infección pulmonar grave con diagnóstico de neumonía por la bacteria Klebsiella pneumoniae y aspergilosis pulmonar (hongo), acompañada de derrame pleural bilateral. Ante la persistencia de secreciones, los cultivos detectaron además la presencia de la bacteria resistente Stenotrophomonas maltophilia.
Debido a la insuficiencia respiratoria, según el comunicado, el paciente fue sometido a una traqueotomía y permanece bajo ventilación mecánica invasiva. Asimismo, al detectarse líquido libre intraabdominal mediante una tomografía a mediados de mayo, los médicos señalan que se le practicó una laparoscopía, diagnosticándosele además cirrosis hepática con lesiones macro nodulares.
El informe concluye señalando que Rivera recibe nutrición parenteral total (NPT) y atención de especialistas, asociando el origen de sus padecimientos a condiciones previas de salud y a sus antiguos desplazamientos laborales.
El documento oficial asegura que el detenido ha recibido visitas quincenales de su hijo, Wailandin Rivera Solórzano, y de la expresa política y exdiputada, Nancy Elizabeth Henríquez y el funcionario Lumberto Campbell. Esta información oficial, sin embargo, contrasta drásticamente con la falta de comunicación denunciada por su familia y la incertidumbre colectiva sobre su paradero.
Una confesión de crímenes de lesa humanidad
Para la abogada feminista y constitucionalista Azahalea Solís, «la nota oficial es una declaración evidente y clara de que la dictadura ha cometido un delito de lesa humanidad en contra de Brooklyn Rivera».
Voces de la sociedad civil y en el exilio han reaccionado con indignación ante la publicación de este informe médico y las fotografías adjuntas. La detención de Rivera se ejecutó de forma completamente arbitraria, manteniéndolo recluido en el sistema penitenciario sin un debido proceso, sin una acusación formal y sin hechos delictivos que lo sustenten, más allá de su rol histórico como líder político e indígena.
Solís señala que el documento emitido por el régimen no constituye una auténtica «prueba de vida», sino una confesión explícita del enorme daño físico, psicológico, familiar y político infligido al líder miskito durante su cautiverio. Critican además que la dictadura admita haberlo internado en centros hospitalarios durante este año, mientras a su familia —actualmente forzada al destierro— se le negaba sistemáticamente cualquier tipo de información. Desde esta perspectiva, el estado actual de Rivera es considerado la prueba material de un crimen de Estado.
La Unión Europea debate la exclusión de Nicaragua tras denuncia de Tininiska Rivera
Esta grave situación médica se da a conocer en el marco de una serie de acciones diplomáticas internacionales. A iniciativa de la organización NicaDem, Tininiska Rivera, hija del líder indígena miskito desaparecido, sostuvo un encuentro digital estratégico con altos funcionarios de la Comisión Europea.
Durante la sesión, Rivera conmovió a los asistentes con un desgarrador testimonio sobre su padre, de quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no había dado fe de vida desde su secuestro en septiembre de 2023, tipificando un claro patrón de desaparición forzada ejecutado por el Estado. Los detalles y comunicados de la organización promotora pueden consultarse a través de su publicación oficial en Facebook.
La reunión de alto nivel estuvo liderada por Kajsa Ollongren, representante especial de la UE para los Derechos Humanos, y su asesora política, Clara Olinder Molin.
En el encuentro también participaron tomadores de decisiones clave en las áreas de cooperación al desarrollo, asuntos exteriores y relaciones comerciales. La presencia de estos últimos fue crucial, ya que se puso sobre la mesa de debate el futuro de Nicaragua dentro del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea. El punto central de la agenda fue la demanda histórica de la sociedad civil nicaragüense: la exclusión formal de Nicaragua del AdA, una medida que asfixiaría comercialmente las vías de financiamiento de la dictadura.
La ruta del oro: Sangre y despojo en el Caribe nicaragüense
Tininiska Rivera enfatizó en Bruselas que la represión no es un hecho aislado contra su progenitor. El patrón de criminalización abraza a múltiples autoridades comunitarias y a once guardabosques mayagnas, recluidos bajo condiciones inhumanas. Este azote judicial y policial responde a una lógica de despojo territorial: el avance de la frontera agrícola, la invasión de colonos y la expansión descontrolada de la minería de oro. Estas industrias extractivas contaminan los ríos, destruyen el medioambiente y provocan el desplazamiento forzado de comunidades enteras hacia la miseria urbana.
El oro se ha consolidado como el principal producto de exportación de Nicaragua. Esta actividad extractiva financia de forma directa los aparatos represivos de la dictadura Ortega-Murillo, convirtiéndose en el motor económico de la persecución contra los pueblos originarios y sus líderes.
Pese a la empatía institucional mostrada durante la reunión, dentro del bloque europeo persisten dudas técnicas sobre la eficacia de las sanciones comerciales de amplio espectro. Algunos funcionarios mostraron escepticismo debido a que el oro nicaragüense no se exporta prioritariamente a Europa, y una suspensión del comercio agrícola podría golpear a pequeños productores locales. No obstante, la delegación de la Unión Europea coincidió de forma unánime en que la presión diplomática y económica debe escalar, y que la discusión para aumentar la presión sobre la dictadura en Nicaragua se mantendrá activa.
Tamara Morales Orozco