La crisis de derechos humanos en los territorios misquitos de la Costa Caribe de Nicaragua se manifiesta a través de un patrón de invasión de tierras y violencia armada. Anexa Alfred Cunningham, abogada y defensora indígena, señaló en Agenda Propia Nicaragua a que esta situación responde a una política de despojo que busca el control de los recursos naturales en la región,.
La disputa por los derechos colectivos a la tierra, el territorio y la autonomía es una cuestión de larga data. El conflicto persiste desde la incorporación del pueblo miskito al Estado de Nicaragua y se intensifica ante la falta de reconocimiento legal de su propiedad comunal,.
Alfred indicó que existe una política de Estado orientada hacia la ocupación de tierras desde el año 2014. «Nunca hubo esa intención de reconocer ese derecho a la propiedad sobre todo el derecho a poder vivir de su manera», afirmó la abogada.
Los actores de la invasión territorial, según la defensora, incluyen a militares y exmilitares que operan en la zona. Estos grupos toman extensiones de tierra con el objetivo de cambiar el uso del suelo hacia actividades de ganadería y minería a gran escala.
Las concesiones mineras dentro de los territorios indígenas ejercen presión sobre los recursos naturales y la vida comunitaria,. Alfred señala que «lo que se vive es un genocidio en la costa Caribe de Nicaragua» debido a las masacres registradas en las comunidades.
Los ataques armados, los secuestros y la violencia provocan el desplazamiento forzado de familias hacia Costa Rica. Comunidades completas abandonan sus tierras ante la falta de protección estatal y la presencia de grupos interesados en la extracción de oro.
Exilio en Costa Rica y barreras de idioma
Las familias en el exilio enfrentan barreras lingüísticas y culturales que dificultan su integración en el país de acogida. Las personas misquitas encuentran dificultades para acceder al mercado laboral debido a la diferencia de idiomas y la falta de redes de apoyo.
El proceso de desplazamiento expone a las mujeres a nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales fuera de su territorio. «Se encuentran con otros procesos de violaciones en Costa Rica», explica Alfred sobre la situación de las personas desplazadas.
La abogada describe agresiones específicas en comunidades como La Esperanza, en el municipio de Waspán. Tras estos ataques, los territorios quedan bajo el control de los invasores, quienes restringen las actividades cotidianas y domésticas de los habitantes locales,.
El Estado busca el control regional a través del desconocimiento de las autoridades tradicionales elegidas por las comunidades. Se imponen estructuras con personas no indígenas para eliminar las formas de organización propia y la resistencia cultural. El clientelismo político funciona como una herramienta para asegurar el control desde el Pacífico hacia el Caribe. Operadores locales colaboran con el gobierno a cambio de mantener espacios dentro de las estructuras de poder y beneficios económicos,.
La represión contra activistas incluye la ilegalización del partido Yatama y muertes de líderes bajo custodia estatal, afirmó. El caso de Brooklyn Rivera se inscribe en un contexto de desaparición forzada, falta de proceso judicial y denuncias de tortura,.
Existe la propuesta de retomar las formas tradicionales de organización indígena por encima de la figura de los partidos políticos. «El mismo proceso por mantenerse en espacio político obliga a Yatama a convertirse en un partido político», sostiene Alfred sobre la pérdida de la naturaleza organizativa.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 sobre el caso Yatama es un referente jurídico vigente, dijo. El cumplimiento de este fallo sobre derechos políticos y participación propia es un compromiso pendiente para el Estado en Nicaragua.
Podés ver la entrevista completa:
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