En su delirante discurso en el 47 aniversario de la Revolución Sandinista este 19 de julio, Daniel Ortega no descubrió el agua tibia. Al afirmar, ya abiertamente, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición “atrapar el gobierno” o “atrapar el poder”, el dictador convirtió el acto partidario del 19 de julio en la verbalización -dentro de su dificultad más que manifiesta de poder hilar un discurso con una mínima coherencia- más nítida de un proyecto totalitario de poder sin alternancia.
Ortega, casi balbuceante en muchos momentos, quiso justificar las futuras leyes que vendrán contra quienes llamó «golpistas» y «vendepatrias». Lo de siempre. El planteamiento se inscribe en una secuencia de reformas constitucionales y represivas que, como han señalado organismos internacionales y el propio Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, ha desmantelado los controles institucionales y subordinado los poderes judicial, legislativo y electoral a la copresidencia de Ortega y Rosario Murillo.
Ortega, en su delirio, señaló que ciertos sectores “andan conspirando”, “buscando cómo organizar partidos” para ganar unas elecciones; inmediatamente anuncia: “Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno jamás”. Después radicalizó aún más el planteamiento: “Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones… para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. En cualquier caso, nada nuevo bajo el sol.
En la práctica no ha habido nada parecido a unas elecciones democráticas en Nicaragua desde antes de 2006. Tal vez, por decir algo, lo novedoso de este 19 de julio es que Ortega ha negado abiertamente por vez primera esa función democrática elemental. Aunque poca novedad es esa cuando ha sido la práctica constatable.
La intervención de Ortega en la tarima se apoyó, otra vez, en esa comparación interesada con el somocismo, afirmando que durante la dictadura de los Somoza había elecciones cuyo ganador estaba predeterminado por Estados Unidos y por la maquinaria oficialista. Algo así como el comal le dijo a la olla, porque la paradoja resulta más que evidente: para denunciar aquellas elecciones como una farsa, Ortega describió precisamente el horizonte político que su régimen ha venido consolidando.
Las elecciones de 2021 ya habían mostrado, en cualquier caso, ese modelo. Antes de los comicios, recordemos, fueron encarcelados siete aspirantes presidenciales y numerosos opositores, mientras se aprobaron normas que criminalizaron o restringieron la disidencia; el resultado fue ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales como carente de condiciones democráticas. El discurso de este 19 de julio simplemente ratifica aquella deriva en doctrina de Estado, sin intención alguna de corregirla.
La confesión resulta particularmente significativa porque la Constitución reformada, que entró en vigor en febrero de 2025, redujo las instituciones electorales, legislativas y judiciales a órganos coordinados por la Presidencia y formalizó la figura de los “copresidentes”. Para la ONU, esa reforma terminó de erosionar los ya débiles contrapesos institucionales. Cuando Ortega habla de impulsar nuevas leyes con la Asamblea Nacional para levantar un «muro» contra la oposición, lo hace desde un aparato estatal donde la separación de poderes ha sido prácticamente anulada.
La oposición como enemigo y 2018 como coartada
El recurso central del discurso de Ortega, como ha venido siendo habitual, no fue otro que el de la deshumanización política. Ortega no reconoce opositores, críticos, ciudadanos disidentes ni fuerzas con derecho a competir. Para él, se trata de «golpistas», «vendepatrias», «sinvergüenzas», «delincuentes» y «asesinos», una retórica que cumple la función concreta de convertir la diferencia política en delito y hacer que la exclusión electoral aparezca como una medida de defensa nacional.
Por eso el discurso volvió una y otra vez a abril de 2018. Ortega sigue insistiendo en que aquella rebelión social fue un «golpe» financiado por Estados Unidos, y sostuvo que los tranques obligaron a responder con “la contundencia de la ira del pueblo” y justificó que la Policía, acompañada de “policías voluntarios” y jóvenes, fuera a destruirlos.
El propósito de revisar 2018 en estos términos resulta claro, y ha sido en estos años la misma coartada con la que ha justificado esa “licencia preventiva” para la represión. Si el opositor es, por definición, un golpista en potencia, el arresto, la criminalización, la vigilancia y la eliminación de sus derechos políticos las presenta como medidas de paz invirtiéndose así la relación entre violencia y Estado. De este modo, la violencia estatal aparece como remedio frente a una violencia que atribuye de manera total a sus adversarios, en lugar de aparecer como problema.
Ortega repitió una vez más que su Gobierno defiende la paz y advirtió contra las “provocaciones”, estableciendo el mecanismo inequívoco de que ante cualquier provocación, la ciudadanía debe acudir a la Policía para que quienes busquen “violencia, destrucción, muerte” sean capturados y procesados. Trumpismo en estado puro. La “paz” invocada depende para el régimen de la ausencia de oposición visible bajo la vigilancia de los órganos que responden al Ejecutivo, y se aleja de la convivencia basada en derechos, garantías y justicia independiente.
La contradicción resulta estructural
Un régimen que prohíbe de hecho la alternancia, equipara la crítica con el crimen y usa el aparato penal para neutralizar a quienes considera una amenaza, no puede reclamar que garantiza la paz. La estabilidad que propone Ortega depende de que nadie pueda disputar el poder, no de que exista un pacto democrático capaz de tramitar pacíficamente el desacuerdo.
La criminalización se extiende más allá de la oposición organizada. En el discurso, Ortega incluyó entre los enemigos a quienes denuncian detenciones políticas desde Estados Unidos y trató como “inocentes” fingidos a los encarcelados. La afirmación presupone que las garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia carecen de valor cuando el acusado ha sido previamente señalado por el poder como enemigo de la revolución.
Por lo demás, como era previsible, además de las obligadas referencias a pasajes históricos desde la bendita piedra de Andrés Castro, que ya aburre, Ortega enlazó la política interna con la narrativa geopolítica. Usó obvias referencias a Cuba, Venezuela y Estados Unidos para afirmar que las potencias imperiales intentan destruir gobiernos soberanos y que los nicaragüenses opositores actúan como colaboradores de ese proyecto.
El discurso del anciano dictador debe leerse, en cualquier caso, como un aviso de lo más inmediato, en esa “propuesta” de trabajar con la Asamblea Nacional y “las organizaciones correspondientes” para elaborar leyes que levanten más barreras contra los opositores. Dado el control oficial sobre el Legislativo y la degradación de la autonomía institucional que ha señalado la propia ONU, lo previsible será la promulgación de nuevas restricciones legales, ya que este régimen dejó claro hace rato, e insiste en ello, que el poder no puede ser objeto de alternancia, porque la oposición ha sido redefinida como enemiga de la nación, más allá de impedir una candidatura concreta o bloquear una coalición determinada. Bajo esa premisa, las próximas convocatorias electorales -si las hay- podrán conservar papeletas, partidos zancudos y resultados oficiales, pero no cumplirán, como viene siendo en cualquier caso la dinámica de Nicaragua, las condiciones mínimas de una elección libre con competencia real, libertades de asociación y expresión, igualdad de condiciones, observación independiente y posibilidad efectiva de que el Gobierno pierda.
Este 19 de julio, Ortega simplemente ha verbalizado la consolidación de un sistema donde votar no significa elegir.
Tamara Morales Orozco