Salomón Manzanares C.
Por crímenes de lesa humanidad, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) interpuso una acusación ante el Ministerio Público, al considerar que existen acciones contra comunidades indígenas, originadas por motivos étnicos y culturales y ejecutadas por funcionarios del Estado de Honduras bajo la administración del presidente Nasry Asfura.
El escrito, firmado y presentado por 28 representantes indígenas, se ampara en el artículo 139 del Código Penal y sostiene «particularmente la persecución contra un grupo o colectividad con identidad propia por motivos étnicos, culturales y otros motivos universalmente reconocidos como admisibles, sin perjuicio de las demás modalidades del artículo 139 que puedan resultar acreditadas durante la investigación».
Los acusados por las comunidades ancestrales son el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza el presidente Nasry Juan Asfura Zablah; fiscales del Ministerio Público; jueces; miembros de la Policía Nacional, y ««»demás personas que resulten responsables por su participación en actos de criminalización y desalojos ejecutados en el marco de la implementación del Decreto Legislativo n.º 107-2026», que se refiere a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, publicada en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2026.
Respecto al derecho internacional y los delitos de lesa humanidad en la legislación hondureña
El 25 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo Código Penal (CPH), mediante el Decreto n.º 130-2017, en sustitución del antiguo código de 1983. En el capítulo I, artículo 139, establece que «debe ser castigado con la pena de prisión de treinta (30) años a prisión a perpetuidad, pérdida de la nacionalidad e inhabilitación absoluta con la misma duración que la pena de prisión, quien comete un crimen de lesa humanidad como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque».
Los actos que establece el CPH son asesinatos, exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, entre otros.
Respecto a la acusación
Miriam Merced Miranda Chamorro, coordinadora de Ofraneh, dijo que, si la justicia no la encuentran en Honduras, será en las instancias internacionales donde la van a encontrar, alegando que el Estado hondureño no es capaz de resolver estos casos. «La lucha y resistencia comienza en nuestros territorios. Vamos a seguir luchando por los intereses de nuestro pueblo, porque si nosotros no luchamos por nuestras tierras y el cumplimiento de la justicia, por el futuro de los pueblos de nuestras comunidades, no hay nadie que pueda garantizar que podamos seguir existiendo».
Exon Amaya es un artista garífuna y resiente el incumplimiento de las sentencias emitidas por la justicia internacional.
«No vamos a seguir permitiendo que el Estado hondureño siga atropellando nuestros derechos. Existen varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado que favorecen las tierras ancestrales del pueblo garífuna… pero no solo está cometiendo un abuso de los Derechos Humanos, sino que es un crimen contra la humanidad. Hemos ido al Congreso Nacional y a la Corte Interamericana, exigiendo que se respete el derecho del pueblo garífuna».
Amaya también resalta la importancia de su cultura, «el pueblo garífuna, su lengua y su cultura es Patrimonio de la Humanidad. Las comunidades garífunas son tierras ancestrales, existentes desde antes de que existiera el Estado de Honduras».
Igualmente, llama a la unidad de los pueblos sin importar su etnia o ubicación geográfica.
Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reconoce la existencia y los derechos ancestrales de los pueblos garífunas y, por ende, de los pueblos originarios, refiriendo que «la memoria histórica, los estudios antropológicos y los convenios internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, reconocen al pueblo garífuna como pueblo originario de Honduras, con derechos ancestrales sobre su territorio en el litoral atlántico».
No asistirán a ningún juicio por acusados en San Juan
Organizaciones campesinas se han unido a las comunidades garífunas que protestan en un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, capital hondureña, exigiendo el respeto a las sentencias judiciales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tras un consenso durante una asamblea, 35 representantes de comunidades han decidido no someterse a la justicia por parte del Estado catracho.
Miranda Chamorro se refirió también a las amenazas por parte del Estado hondureño para someter a juicio a miembros de la Comunidad San Juan y a otras personas que afectan sus intereses: «A partir de la fecha le decimos al mundo que no nos vamos a someter a ningún sistema judicial parcializado, corrupto, asesino, en el cual se priorizan los intereses de la empresa privada, de delincuentes y mafiosos; por lo tanto, para nosotros y nosotras este caso está cerrado. Nos dimos cuenta de que no existe el Estado de Derecho en este país, por lo tanto, no vamos a asistir a ningún juicio, a ninguna audiencia inicial convocada por este sistema de justicia racista, corrupto, en el cual lo que se hace es privilegiar los intereses de los poderosos de la clase política en este país», expuso.
