Redacción AP “Qué mejor manera de celebrar este aniversario (del Ministerio de Gobernación) que con un acto de solidaridad y de fortalecimiento de valores”, de esta manera justificó la vocera gubernamental y vicepresidenta Rosario Murillo la salida de 500 reos que se encuentran en los Sistemas Penitenciarios de León, Managua, Chinandega, Juigalpa, Bluefields, Granada, Matagalpa y Estelí, mismos que pasarán al régimen de Convivencia Familiar.
En un acto público realizado este lunes 16 de octubre, las autoridades del Ministerio de Gobernación, Mingob, entregaron a sus familiares los reos que por distintos delitos habían sido sometidos a diversas condenas.
Como es común, ni dictadora Murillo ni la Ministra de Gobernación María Amelia Coronel, han dado a conocer argumentos y datos específicos, así como delitos y tiempo de condena de los reos.
Con estas excarcelaciones suman ya 5,430 reos en el 2023. En el año 2022 fueron 4,850. De 2014 al 2023 la dictadura Ortega-Murillo ha dejado libre a 44, 070 reos.
Las acciones estatales han sido criticadas por juristas independientes, quienes indican que se violenta la parte legal y se asumen posiciones político-partidarias. Yáder Morazán, abogado nicaragüense en el exilio, señala que no se han hecho procedimientos ni de indulto ni de conveniencia familiar, sino que se hace por intereses políticos o muy personales, los cuales son ilegales y arbitrarios.
“El Ministerio de Gobernación le otorga una carta de libertad, luego estas personas se presentan a los juzgados para solicitar una sentencia a su favor, para que extiendan una sentencia donde se le ha extinguido la pena por orden del presidente. Los jueces para cerrar un expediente tienen que dictar una sentencia y lo más contradictorio es que los argumentos de hecho y de derecho dicen que la convivencia familiar es potestad exclusiva del juez. Pero el juez se da cuenta de estas liberaciones hasta que el privado de libertad se presenta en las ventanillas de las Oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los complejos judiciales. El juez no es parte de este procedimiento, aunque la ley así lo dispone”, explica.
Un caso que se conoce es el de Dimas Antonio Calix Palma de 30 años, a quien la jueza Marycruz Díaz Valenzuela, del departamento de Madriz, legalizó el indulto que el Gobierno le otorgó el 14 de febrero de 2019. Calix una vez en su casa en San Lucas, Madriz, el 28 de septiembre golpeó a su mamá Cristina Calix López quien falleciera el 6 de octubre, como consecuencias de los golpes en la cabeza.
La jueza Díaz Valenzuela argumentó que Calix Palma “no presenta situaciones negativas que le perjudiquen para optar a este beneficio de convivencia familiar”.
Otra situación que se presenta son los intereses particulares. Morazán señala que “detrás de estas liberaciones hay mucha corrupción. Hemos documentado una red delincuencial, en donde para incluir a algunas personas, hasta pagan coimas a los altos funcionarios del Ministerio de Gobernación. No sé cuál será la política orientada desde El Carmen, pero sí existen estas redes de corrupción” precisó.
El populismo de la dictadura Ortega-Murillo deja entrever un acercamiento con la población para favorecerles en sus intereses, sin embargo, ha puesto en riesgo la seguridad de las familias puesto que muchos de los liberados incurren en delitos.
Morazán indica, asimismo, que en esas liberaciones no caben los reos políticos. “Como son decisiones políticas y no jurídicas, a los reos (comunes) se les ha liberado sin cumplir un tercio de su condena ni hacer una evaluación de su conducta y otros requisitos que establece la ley para que se le otorgue este beneficio, por lo tanto, muy difícilmente podría cubrir a los presos políticos porque están ahí pagando una privación de libertad sin procedimiento de ley y será una decisión política que le permita obtener su libertad”.
