La dictadura nicaragüense acaba de dar otro paso hacia el absurdo. Según avanzaba Agenda Propia Nicaragua, el régimen fue tras las últimas ocho familias que quedaban sin desalojar en los alrededores del búnker de El Carmen. Representantes de la Procuraduría General de Justicia se presentaron en sus puertas con un ultimátum: 48 horas para irse, sin más explicación. Solo la zozobra como recibo.
Este nuevo expolio no ha llegado ahora de manera aislada, ya que entre 30 y 50 familias ya habían sido expulsadas antes bajo la figura de «utilidad pública», una etiqueta que el régimen usa para confiscar con firma y sello. El total suma de manera más o menos reciente, según investigaciones periodísticas, al menos 35 propiedades en la zona, un despojo que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU catalogó como método sistemático de «aniquilación económica». El destino de todo ese suelo robado es un muro perimetral del tamaño de una casa de dos pisos, que correría desde Montoya hasta el portón principal de El Carmen. El pretexto es simplemente blindarse ante una posible «operación quirúrgica de extracción».
Para entender la escala de este miedo conviene recurrir al número 198 con el que se identificaba a Daniel Ortega como preso cuando entró a La Modelo durante el somocismo, y la cifra lo define mejor que cualquier cargo. El periodista Fabián Medina lo documenta de manera excelente en su libro biográfico. Ortega pasó siete años y un mes preso; cuando salió en libertad, sufrió ataques de claustrofobia y tensión al no sentirse vigilado. Él mismo confesó que al volver a la clandestinidad, escondido en cuartos diminutos y bajo acoso de fuerzas de seguridad, sus mecanismos de defensa se activaron y se sintió «formidable».
Esos mecanismos psicológicos están detrás de sus decisiones respecto a la vivienda al llegar al poder en 1979. Ortega rechazó residir en espacios abiertos y eligió la mansión confiscada al exbanquero Jaime Morales Carazo, cuyo diseño le permitía aislar los cuartos de las zonas sociales con una sola puerta, cerrada con llave desde su lado. El libro de Medina añade un detalle que lo dice todo: construyó en su casa y en sus oficinas recreaciones de celdas para aislarse, e incorporó a su primera escolta personal a al menos tres de sus antiguos carceleros.
El infarto que Ortega sufrió en 1994 agravó el cuadro. Desde entonces, el pánico a la muerte y a la pérdida de control lo convirtió en un ermitaño gobernado por las rutinas de Rosario Murillo. Las protestas masivas de abril de 2018 hicieron el resto: destruyeron su convicción de tener respaldo popular, y el perímetro de El Carmen empezó a tragarse el vecindario. Hasta hoy, el búnker ha absorbido al menos 31 negocios y cerca de 350 viviendas para extender su anillo de seguridad a más de 500 metros, con barricadas, “miguelitos” gigantes y al menos 35 retenes policiales fuertemente armados. El miedo llegó al punto de ordenar sellar con concreto el alcantarillado e instalar faroles dentro de los cauces, por pánico a un atentado subterráneo.
Según expertos en psicología social, esta paranoia ya se nutre del “síndrome del enemigo interno”, es decir, el mayor terror de Ortega y Murillo ya no viene de la oposición civil, sino de la traición dentro de sus propias filas. Su círculo de confianza se achica cada año.
El asedio a esas ocho familias recientes y la destrucción del vecindario son el reflejo físico del alma de la dictadura. Ortega, el Preso 198, nunca escapó emocionalmente de su celda. Al confiscar hogares y levantar muros contra enemigos reales e imaginarios, los dictadores construyeron su propia prisión definitiva. Un búnker que los aísla del país al que le temen y los condena a vivir encerrados en su propia paranoia.
Tamara Morales Orozco